Los colores de los tijeretazos

Los planes de ajuste autonómicos tienen una cosa en común: ni fomentan el empleo ni ayudan en la lucha contra el paro. Los Gobiernos autónomos han echado mano a sus mayores partidas de gasto, las de personal, y no les ha temblado el pulso a la hora de reducir salarios, pero tampoco para incrementar horarios laborales, aumentar el número de alumnos por aula o cerrar programas sanitarios y limitar visitas a los centros de salud lo que, indefectiblemente, conlleva una reducción de funcionarios interinos, que dejarán de ser necesarios.

Andalucía, la única con un Gobierno de izquierdas, es la excepción. Su presidente, José Antonio Griñán (PSOE), ya dijo que la premisa con la que había trazado su plan era evitar despidos. Probablemente ese sea también el objetivo que marcará el reajuste que hará Asturias, una vez decidido que la presidirá el socialista Javier Fernández.

La reducción de empresas y fundaciones públicas ha sido abordada también por la mayoría de las autonomías, en una clara muestra de lo hinchadas que han estado, hasta ahora, las Administraciones. Y es que el planteamiento de las medidas a adoptar para llegar a cumplir el insistentemente exigido objetivo del déficit (1,5% de su PIB), apenas ha tenido límites. Las privatizaciones son una de las opciones a la que han acudido autonomías del Partido Popular. La Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha van en la avanzadilla de hacerlo en la gestión sanitaria. Pero también se prevé el cierre de hospitales, como ha ocurrido en Baleares. Porque ni la sanidad ni la educación han sido ámbitos que hayan quedado excluidos de los tijeretazos.

Aunque hay similitudes ideológicas en cuestión de recortes, no las hay en lo que se refiere a aumentar ingresos a través de impuestos, aunque con matizaciones. La particularidad fiscal del País Vasco imposibilita a su Gobierno autónomo recurrir a una mayor presión fiscal, ya que está en manos de las diputaciones forales.

En Cataluña, la Generalitat de CiU no solo ha subido impuestos y tasas sino que promueve la creación de otros gravámenes cercanos al copago sanitario. La Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Extremadura también han previsto el incremento del céntimo sanitario o tasas de diversa índole y una mayor presión fiscal con la subida del tramo autonómico del IRPF. En el caso del Gobierno de Griñán, esta se aplicará en las rentas más altas. Castilla-La Mancha y Madrid, sin embargo, abogan por no incrementar los impuestos.

Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Cantabria, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana son las que, porcentualmente, más tienen que recortar. A ellas se une Andalucía, donde los ajustes también superan los 2.000 millones de euros.

Aragón, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Canarias están entre 1,5 y 0,48 puntos de cumplir el objetivo del déficit, con lo que sus planes de ajuste no han supuesto, en principio, unas medidas drásticas. Aragón y Castilla y León son las que, cuantitativamente, más han de ajustar, mientras que el recorte en La Rioja, Navarra y Canarias apenas supera el 1% de sus Presupuestos.