La justicia anula las 35 horas de los funcionarios vascos y Urkullu recurre

El Gobierno vasco ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que anula la jornada laboral de los funcionarios vascos, establecida en 35 horas semanales desde el pasado febrero. El Gobierno central aducía en su recurso que la reducción horaria disparaba el gasto público en 8 millones de euros y restaba competencias al Ejecutivo autonómico para hacer tal movimiento.

La sentencia, que está generando un aluvión de críticas de los sindicatos vascos -la consideran una agresión a los derechos laborales pactados- no incorpora medidas cautelares como la rebaja horaria inmediata, lo que permite al Ejecutivo vasco seguir con las 35 horas, y no con las 37,5 fijadas por Madrid, hasta que el alto Tribunal no resuelva el recurso. Euskadi empezó a aplicar las 35 horas en su sector público en 2000, pero tuvo que revertir el acuerdo en 2012 tras los ajustes aprobados por el Gobierno de Mario Rajoy.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha lamentado esta mañana tras el Consejo de Gobierno, que la resolución se haya producido en pleno deshielo entre las dos administraciones, con reuniones para rebajar la judicialización de la política, y para restablecer los lazos que permitan afrontar una inminente negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Pero a renglón seguido ha respondido que va a iniciar una batalla política en el Congreso para lograr suprimir la Disposición Adicional aprobada por el Gobierno central en Ley 2/2012 de los Presupuestos Generales del Estado, en la que se fijaba la jornada laboral para todos los funcionarios del Estado.

Erkoreka ha afirmado que, durante más de 30 años, la facultad de fijar la jornada laboral de los funcionarios correspondía a cada administración pública, hasta que "llegó la mayoría absoluta de Mariano Rajoy" y aprobó esa Disposición. A su juicio, es una "intromisión" en la capacidad de las comunidades y administraciones autonómicas para fijar la jornada laboral de sus empleados.