“La reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”

La crisis financiera ha levantado escándalos de corrupción en algunas cajas de ahorros que han terminado en los tribunales. Los jueces investigan apropiaciones indebidas de varios ejecutivos, lo que ha provocado una gran indignación social, acentuada porque parte de las entidades han requerido ayudas públicas de muchos miles de millones, mientras el Estado recorta servicios básicos a los ciudadanos. No parece este el mejor ambiente para dar carpetazo a la actuación del Banco de España y a la revisión de sus sistemas de supervisión, que ha tenido fallos evidentes. La Asociación de Inspectores del Banco de España denuncia en un informe la actitud del supervisor ante las malas prácticas. “La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”, proclama una frase del último punto del documento.

Europa reclamó en el Memorándum de Entendimiento “una revisión interna formal” de los métodos de supervisión “a fin de detectar deficiencias e introducir las mejoras precisas”.

El nuevo gobernador, Luis Linde, anunció en julio pasado que abriría una comisión para analizar los errores de supervisión y proponer mejoras. Ángel Luis López Roa, consejero de la institución, elabora el informe que se cerrará en breve. El subgobernador, Fernando Restoy, consultó la situación con los inspectores, en un gesto de acercamiento para romper más de diez años de fuertes enfrentamientos. La Asociación de Inspectores, que agrupa al más del 80% de estos profesionales, valoró positivamente la buena disposición de la jerarquía y entregó un informe con 30 puntos. En ellos recogen mejoras en la supervisión y fuertes críticas a la actuación de años anteriores.

En el último punto, titulado “Comunicación al poder judicial de los indicios de delitos detectados”, se afirma: “La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”. Los inspectores agregan que “en el trabajo de la inspección aparece con relativa frecuencia indicios de conductas que pudiera ser delictivas”.

Piden formación penal para que los funcionarios frenen los delitos

Sin embargo, los inspectores admiten que como su labor principal es la detección de problemas de solvencia y de gestión de las entidades financieras, y por “la dificultad de probar conductas complejas”, “no se trabaja activamente en la persecución del delito. Basta con preguntar el número de comunicaciones de delitos realizados desde el Banco de España hacia el poder judicial”. Entre 2010 y 2011 solo hubo propuestas de sanción administrativa en CCM y Cajasur. El año pasado sí hubo comunicaciones a jueces sobre la CAM y Banco de Valencia.

Fuentes oficiales del Banco de España no han querido comentar el informe. También lo ha rechazado el entorno del anterior equipo gestor, dirigido por Miguel Fernández Ordóñez.

La propuesta de los inspectores para acabar con esta situación es “establecer un procedimiento para la comunicación jerárquica de los indicios de delito. Dar formación en materia penal a los inspectores y crear un grupo de inspección especializado en investigación de delitos”.

Denuncian la injerencia de la banca y los políticos en el supervisor

Fuentes financieras, conocedoras del funcionamiento interno del supervisor, dudaron de que existiera una ocultación sistemática de indicios de delitos en el Banco de España. En su opinión, los procesos de investigación de entidades pasan por muchas manos (los inspectores, el jefe de grupo, la dirección general), que exigiría grandes complicidades para tapar los indicios.

Los autores del informe apuntan que no se refieren solo a delitos multimillonarios: “Nuestra propia labor, velar por la solvencia, deja zonas grises de actuación. Por ejemplo, al examinar unas cuentas se puede encontrar préstamos a una empresa ruinosa que levantan sospechas de que alguien pueda beneficiarse en última instancia. O sueldos disparatados que rozan la apropiación indebida o el desfalco. Pero, ¿es nuestra labor investigar eso? No tenemos formación para ello. Además, la cantidad de un crédito sospechoso puede que no afecte a la solvencia de la entidad por lo que queda fuera de nuestro trabajo. Lo que queremos es que existan sistemas automatizados para denunciar estos asuntos”.

Entre los inspectores destacan el hecho de que solo en las entidades intervenidas se han encontrado indicios de delito. “¿Ninguna otra tenía trapos sucios?”, se preguntan. Sin embargo, en el Banco de España se considera que hasta que no se logra el control total de una entidad no se conocen sus verdaderas irregularidades.

Ejecutivos financieros consultados que han exigido el anonimato, consideran que si los inspectores investigaran todos estos asuntos se solaparían con las labores de la fiscalía. También señalan que la acusación realizada en el informe es de enorme gravedad “porque no denunciar indicios de delito es un delito. Si conocen casos reales, deberían haberlos enviado a la fiscalía. De lo contrario, pueden ser hasta colaboradores”.

Además, se recuerda que las decisiones de enviar o no los indicios encontrados en una entidad “es una decisión colegiada de la comisión ejecutiva del Banco de España. Los actuales miembros son los mismos que en la época Ordóñez, salvo el director general de supervisión, Jerónimo Martínez Tello, el subgobernador y el gobernador”.

En otro apartado del informe, los inspectores piden “reducir la influencia” de los bancos “y de los políticos” para evitar “la captura del supervisor, el sentimiento de arbitrar para casa” y la fuga de ejecutivos del Banco de España a las entidades.

Su acusación es un golpe duro sobre una de las claves de esta crisis: “La influencia de la industria ha modulado la actual supervisión, de modo que con un supuesto buen clima de diálogo entre supervisor y supervisado, se ha relajado la aplicación de medidas correctivas sobre las deficiencias observadas por los inspectores”. Para evitar dudas, concluyen: “En la resolución de la crisis se ha actuado de un modo excesivamente suave con relación a infracciones que podrían considerarse como tipificadas de muy graves y que afectan a la solvencia y a la gestión; se ha sido laxo en la política de remuneraciones estratosféricas de gestores de entidades (particularmente en cajas, muchas de las cuales han acabado parcial o totalmente nacionalizadas) o en situaciones como las de Alfredo Sáez y otros directivos condenados penalmente”.

En su opinión, la falta de ejecutivos expertos en riesgos financieros en la cúpula del Banco de España ha facilitado que se comentan errores graves y la injerencia. “Se ha actuado de un modo condescendiente con la mala gestión”, apuntan. En uno de los textos a pie de página afirman que en 2010, el supervisor rebajó las provisiones exigidas “básicamente para salvar la cuenta de resultados de alguna entidad”. Ningún inspector cita casos concretos, pero 2010 fue un año especialmente complejo para Bankia, clave en la crisis financiera española.