Imputado otro cargo del PP de Arganda por el mayor pelotazo de Correa

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha citado a declarar como imputado al consejero delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, por su presunta participación en las adjudicaciones del Consistorio madrileño a las empresas relacionadas con esta trama de corrupción, la más importante ligada a un partido político: el PP. Con Fernández ya son cuatro los imputados del PP en este municipio tras el exalcalde Ginés López, el diputado regional Benjamín Martín Vasco y el cargo Tomás Martín Morales. Entre las adjudicaciones investigadas en Arganda destaca el mayor pelotazo del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien habría percibido 12 millones de euros, según la investigación judicial, tras lograr la adjudicación de la sociedad de fomento de Arganda del Rey de una parcela pública a la constructora Martinsa.

El juez ha tomado esta decisión después de que la acusación particular del PSM lo solicitara, al igual que ya lo hiciera la Fiscalía Anticorrupción al inicio del procedimiento. Así, Juan Fernández Caballero tendrá que declarar el 10 de mayo como presunto autor de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, sin perjuicio de que tras su testificación y la práctica de nuevas diligencias el magistrado Pedreira le impute nuevos delitos.

La petición de la acusación popular de los socialistas se fundamenta en un informe de la unidad de auxilio judicial de la Intervención General del Estado (IGAE), del 29 de mayo de 2009, en el que se pone de manifiesto que la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, con Fernández Caballero como consejero delegado, incurrió en numerosas irregularidades en sus adjudicaciones a la red. Como por ejemplo el fraccionamiento intencionado del gasto en varios contratos y el uso de procedimientos de contratación sin publicidad.

Las conexiones de Juan Fernández Caballero con la trama resultan evidentes, según la acusación popular. David Luis Cerezo, uno de los trabajadores de Correa, aseguró al juez Pedreira que su contacto en el Ayuntamiento de Arganda era el responsable de la empresa de Fomento: "Yo me reunía con Juan Fernández. Le presentaba los proyectos y no sé lo que hacían. Me dijeron que tenía que ir a Arganda a ver a ese señor y ver si tenía alguna necesidad y presentar los proyectos...". Preguntado por el juez sobre quién le había indicado que tenía que entrevistarse con Juan Fernández, este trabajador de Correa explicó que fue Pau Collado, vinculado al PP de las islas Baleares.

El escrito de los socialistas apunta también que Juan Fernández Caballero intervino activamente en dos polémicas adjudicaciones a la trama: el cubrimiento de la piscina de La Poveda y la circunvalación de la AR30, que fueron realizadas por dos empresas acusadas de pagar comisiones ilegales: Teconsa y Constructora Hispánica.

Pero la tercera de las adjudicaciones de suelo municipal en la que presuntamente habría participado Juan Fernández Caballero fue la adjudicación de una parcela a Martinsa en noviembre de 2004. El Ayuntamiento aprobó la venta en 77 millones, pese a que previamente la parcela había sido tasada en 100 millones. La decisión la tomó a cargo de Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa de fomento de Arganda.

Pese a que la adjudicación fue en 77 millones, Martinsa solo ha abonado 66 millones. El Ayuntamiento permitió a la empresa levantar más de 1.000 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más. Martinsa no ha llegado a edificar en el solar.

En una de las grabaciones realizadas a Correa, el cerebro de la trama: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación realizada a Isabel Jordán, una de las empleadas de la red corrupta, esta alude a la operación: " le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no se lo daban". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama. Sobre este diputado pesa una fianza de 950.000 euros.

Al polémico concurso a Martinsa que Pedreira está investigando se presentaron tres empresas. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo en 2003 (dimitió en 2006). Según fuentes del caso, el magistrado Pedreira, que el 5 de enero solicitó un informe de esta operación, tiene en su poder un documento que prueba que Juan Fernández Caballero fue el encargado de firmar el pago de los honorarios de Aguirre Newman, de 22.000 euros.

Los técnicos del Ayuntamiento de Arganda, la sociedad Aguirre Newman y Plarquin valoraron aspectos diferentes del polémico concurso. Y además entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.