Los inspectores estiman en 6.000 millones la deuda por delito fiscal

Las estrecheces presupuestarias obligan a mirar con lupa cada euro que se adeuda a las arcas públicas. Los casos de delito fiscal atascados en los tribunales suman una deuda tributaria que ronda los 6.000 millones de euros, aseguran los inspectores de Hacienda. El colectivo observa con especial preocupación la existencia de esa bolsa en plena senda de austeridad, que impone recortes en partidas cruciales de gasto. Las cuotas pendientes de cobro por delito fiscal equivalen al tijeretazo aplicado por el Gobierno a la política de infraestructuras -algo suavizado posteriormente- y no han dejado de crecer en los últimos años.

"En esos 6.000 millones habrá pérdidas definitivas, pero si se toman medidas desde el primer minuto, es más fácil cobrar", subrayó ayer Francisco de la Torre, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, en la inauguración del congreso anual, dedicado al delito fiscal. De la Torre critica especialmente que en la mayoría de los casos esas cantidades, recurridas hasta el final por los presuntos deudores, no vengan respaldadas por medidas cautelares que garanticen el cobro. Esa labor resultará más sencilla cuando entre en vigor, a final de año, la reforma del Código Penal que modifica algu-nos elementos del delito fiscal (cuota defraudada superior a 120.000 euros) y que debería ayudar a desembolsar la deuda.

El importe defraudado equivale al recorte del gasto en infraestructuras

La organización de inspectores, que aglutina al 90% del colectivo, reclama también un periodo de prescripción superior a los cinco años actuales, pues la demostración de un delito fiscal es laboriosa y en muchos casos la deuda prescribe, como ocurrió con las cuentas secretas de españoles en Liechtenstein destapadas hace dos años. De la Torre hace especial hincapié en estas prácticas y pide que se agraven las penas por utilización de paraísos fiscales.

Sobre el reciente caso de las cuentas de españoles en la filial suiza del HSBC, el colectivo considera crucial el papel de la inspección en la regularización voluntaria de los implicados. "El 99% de los defraudadores solo regularizaron cuando de verdad vieron a la inspección encima", reflexiona De la Torre, que cree que el pago de cuotas habría resultado superior a los 260 millones ingresados hasta septiembre si se hubieran abierto actas de inspección desde el primer momento. En todo caso, respalda las actuaciones de la Agencia Tributaria una vez empezó a inspeccionar a los titulares de cuentas suizas con dinero opaco.

Para mejorar la lucha contra el fraude, los inspectores reclaman "mayores medios humanos y materiales" para la Agencia Tributaria y los órganos judiciales, una medida que "incidiría de forma más importante en este ámbito que las reformas de las leyes penales".