Barcelona estrena en sus accesos los límites de velocidad variable

Los conductores que hoy viajan por las autovías que entran y salen de Barcelona por el litoral sur, la C-31 y la C-32, tienen que estar atentos a los paneles luminosos para saber cuánto pueden apretar el acelerador. En esos 33,7 kilómetros de tramo viario ha entrado en vigor esta madrugada el límite de velocidad variable. La velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora, pero si llueve, hay tráfico denso o episodios de contaminación, el Gobierno catalán la reducirá hasta los 40.

La medida, inédita en España, la ha impulsado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), en manos de Inciativa per Catalunya (ICV-EUiA). Los conductores, especialmente los transportistas, la han acogido con disgusto y las discrepancias han alcanzado al Gobierno tripartito: los socialistas la critican abiertamente. El presidente de la Generalitat, José Montilla, trató ayer de cortar la polémica afirmando que la medida es irreversible.

El objetivo es paliar las congestiones que se repiten cada mañana en estas dos carreteras, las más usadas para acceder en coche a la ciudad. Congestión y contaminación, además de condiciones meteorológicas, es lo que mide el sistema variable, que se usa desde hace tiempo en ciudades como Londres, Birmingham, Utrecht o Amsterdam, para establecer el límite mediante un algoritmo que determina la velocidad óptima en cada momento. El sistema usado en Barcelona es similar.

Máximo 80. Nunca más rápido, porque el Gobierno catalán estableció ese tope en todas las carreteras del área metropolitana barcelonesa (unos 35 kilómetros en torno a Barcelona) desde hace un año. Una decisión que ya abrió un agrio debate. Pero la medida se ha convertido en un símbolo intocable para los miembros ecosocialistas del tripartito, encabezados por el consejero de Interior, Joan Saura, de quien depende el tráfico.

La oposición siempre ha estado en contra de la medida y esta misma semana ha presentado dos propuestas en el Parlamento catalán para abolirla. CiU y PP sostienen que la reducción de velocidad no disminuye la contaminación. El pasado verano, estudios avalados por la Generalitat, indicaron que la presencia de partículas tóxicas en el aire derivada de los tubos de escape había caído un 4%. No obstante, el objetivo inicial era reducir la contaminación en un porcentaje más amplio.

El Departamento de Medio Ambiente, cuyo titular es Francesc Baltasar, también ecosocialista, sostiene que se necesita tiempo para lograr que el área metropolitana de Barcelona tenga índices de contaminación por debajo de lo exigido por la Unión Europea. El mismo argumento fue utilizado ayer por Montilla para aniquilar el debate entre PSC e Iniciativa. Montilla aseguró que no se alteraría el límite hasta alcanzar los objetivos marcados por la UE.

Anteanoche, en un debate televisivo, dos conductores sostuvieron ante el director general catalán de Tráfico, Josep Pérez Moya, que tras la limitación de velocidad no hay una voluntad ambiental sino, pura y simplemente, afán recaudatorio. El Ejecutivo lo niega y aduce que, si pretendiera recaudar, las multas se impondrían desde hoy mismo y, en cambio, las denuncias no empezarán hasta dentro de dos meses. Pérez Moya explicó que si se reduce la velocidad, la distancia de seguridad entre coches también decrece, y caben más vehículos en un tramo de vía en casos de congestión. Es decir, a menor velocidad, mayor fluidez. La medida afecta ahora a dos vías, pero se extenderá a la A-2 (que enlaza Barcelona y Madrid) tras el verano y al resto el año próximo.