Un exceso de 2.500 millones

La Abogacía del Estado ha dictaminado que existen razones para reclamar la liquidación de los conocidos Costes de Transición a la Competencia (CTC), concedidos graciosamente por el ministro Josep Piqué en 1998 a las empresas eléctricas como una compensación al supuesto deterioro competitivo de sus activos. Considera la abogacía, a instancias del Ministerio de Industria y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que las eléctricas han percibido de la tarifa, es decir, de los consumidores, más dinero del que les correspondía. Según los cálculos del equipo ministerial de Clos, las eléctricas deben unos 2.500 millones de euros. El informe de la Abogacía del Estado no entra en el cálculo de esa deuda -parece que sólo Iberdrola tendría que devolver unos mil millones de euros-, pero avala cualquier reclamación del Gobierno sobre ese dinero. La expresión más correcta sería "obliga", porque si el exceso de dinero percibido por las compañías no se reclama, bien podría pensarse en un caso de negligencia administrativa.

El dictamen permitirá reducir los 12.500 millones de déficit de tarifa

El Gobierno debe pronunciarse ya sobre el almacén de residuos nucleares

El enredo tarifario medirá el temple de Sebastián y sus colaboradores

Es oficial, por tanto, que la desaparición de los CTC, decidida en tiempos de Antonio Fernández Segura como secretario general de Energía, requería una liquidación previa para no perjudicar a los consumidores. Esa liquidación ofrece al menos dos puntos de interés. Permitirá reducir la pesada carga del llamado déficit de tarifa, unos 12.500 millones de euros acumulados al finalizar 2008, un efecto perverso del fraudulento sistema inventado por el PP para calcular el precio de la electricidad. La ocurrencia popular, consistente en presumir de tarifas reducidas por el método de trasladar al futuro, es decir, a otros gobiernos y consumidores, el coste real de producción, contó con la frívola colaboración del primer gobierno de Rodríguez Zapatero, que se negó a subir el precio de la electricidad y a sustituir el ridículo mercado minorista cuyos precios se apañan las eléctricas con sus propias filiales. En buena lógica, los 12.500 millones que adeudarán los consumidores a finales de este año deberían reducirse en los 2.500 millones mencionados y en los 1.074 millones de euros correspondientes a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que también tienen que restituir las compañías.

La pringosa connivencia del PP con los grupos eléctricos y la incapacidad de los ministerios de Montilla y Clos para articular una política tarifaria coherente han convertido la tarifa eléctrica en un enredo laberíntico. Las salidas, como en los aviones y en las casas del terror, están marcadas: o se sube la tarifa -para pagar el déficit a fecha de hoy, la luz tendría que encarecerse en un 30%- o se aplican otros instrumentos de extracción de ingresos que compensen la carrera imparable del endeudamiento. Durante cuatro años, la primera salida ha estado tapiada por la política presidencial de no subir las tarifas por encima del IPC. Sería una sorpresa que Miguel Sebastián imponga el criterio más racional de repercutir los costes en el consumidor.

La segunda salida consistiría en aplicar tasas o impuestos que corrijan los cuantiosos beneficios que obtienen las compañías como consecuencia de las normas regulatorias. Véase al respecto el caso de la energía nuclear, cuyas instalaciones están amortizadas y vueltas a amortizar varias veces a costa del recibo de la luz y que, sin embargo, siguen beneficiándose de una distancia sideral entre el coste de producción de la electricidad nuclear -unos 20 euros por megavatio- y el precio de mercado, que ronda los 60 euros por megavatio. La tentación de repartir ese margen, excesivo a todas luces, para que una parte revierta en los usuarios podría satisfacerse mediante la aplicación de un impuesto extraordinario. Advertencia: los teóricos de la regulación saben que este tipo de impuestos extraordinarios tienen dificultades, a veces insoslayables, de aplicación.

Los activos de generación hidroeléctrica presentan las mismas disfunciones regulatorias. Están tan amortizados o más que los nucleares y se benefician de la misma distorsión de precios generada por un precio mayorista que se fabrican las empresas y una tarifa que fija el Gobierno antes de conocer ese coste. La generación hidroeléctrica en España presenta, además, un fenómeno casi paranormal: las empresas -Iberdrola es la más beneficiada- no pagan o lo hacen con cantidades irrisorias, próximas al expolio, el agua que utilizan para generar kilovatios. Esa agua está sometida a un régimen de concesión pública cuyas condiciones se desconocen. Cualquier sistema racional concedería el agua mediante un sistema de subastas que ponga en valor la propiedad pública que aproxime los costes de producción a los del mercado, como le gusta al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez.

El enredo tarifario medirá, y éste es el segundo punto de interés, el temple político y técnico de Sebastián y sus colaboradores. O, más de lo mismo, con tarifas políticas de mírame y no me toques mientras sigue creciendo la exorbitante deuda artificial con las compañías y sumisión perruna a la inexpugnable cuenta de resultados de las empresas -no sea que se vayan a desplomar en Bolsa- o una política de precios más coherente que defienda los dineros de los consumidores y su derecho, sin ir más lejos, a cambiar de empresa distribuidora. El mismo carácter, por cierto, que será necesario para decir de una vez el almacén nuclear centralizado, que ya es urgente. Las piscinas de las centrales se llenan de residuos, el contrato con Francia está a punto de expirar y el famoso ATC sigue en el limbo de los justos, o, mejor, de los torpes.

Por cierto, ¿qué se hizo del Libro Blanco de Electricidad redactado por Ignacio Pérez Arriaga? ¿Alguien puede dar cuenta política de su desaparición? -