Aguirre pide a Zapatero que duplique la inversión en infraestructuras en 2008

Una propuesta de máximos en busca de una negociación lo más ventajosa posible. Con esta premisa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, volvió a echar ayer un pulso al Ejecutivo central al exigir al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que invierta el próximo año 2.050 millones de euros en infraestructuras en la región. Y reclamó que esta cifra se incluya en los Presupuestos Generales del Estado de 2008, que el Congreso prevé aprobar a finales de octubre, por lo que las partidas destinadas a las comunidades están ahora en el candelero.

La Comunidad quiere dos nuevos aeródromos, uno deportivo y otro comercial

La presidenta "no renuncia" a cantidades adicionales cuando reciba las transferencias

La cantidad que exige Aguirre forma parte de la propuesta de convenio que ayer envió a Zapatero. Su oferta es el paso previo para comenzar a negociar el acuerdo en materia de carreteras que ambos líderes se comprometieron, el pasado 10 de septiembre, a cerrar en un mes. La iniciativa fue el resultado más palpable de la reunión que mantuvieron ese día, la primera que mantenía el jefe de Gobierno con un dirigente regional tras las elecciones del pasado mayo.

Si Zapatero accede, la inversión estatal en infraestructuras en 2008 casi duplicará a la del presente año, cifrada en 1.165 millones de euros, según los datos aportados por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. Esta responsable ha cuantificado en

2.614 millones de euros las inversiones de todo tipo del Gobierno central en Madrid en 2007. Esta cantidad es aproximadamente la mitad de lo que el Estado dedicará en el presente año a Cataluña (4.271 millones) o a Andalucía, donde invertirá más de 4.000 millones, según anunció ayer el presidente de esa comunidad, Manuel Chaves.

Pero la propuesta de convenio también habla de ferrocarriles y de aeropuertos, pese a que Zapatero y Aguirre sólo acordaron negociar en materia de carreteras. Entre ellas, la transferencia de la M-40, que Aguirre quiere tener antes del 1 de enero de 2008. También reclama para esa fecha la "plena participación" en la gestión y la decisión de la extensión de la red de los trenes de Cercanías de titularidad estatal que discurran por la región y del aeropuerto de Barajas.

En cuanto a las Cercanías, el Gobierno regional considera que éste es "el primer paso" para la futura transferencia de competencias, "porque así lo recoge el Estatuto de Autonomía y la Constitución, y en idénticos términos a cualquier otra comunidad autónoma", precisó el consejero de Infraestructuras, Manuel Lamela. Éste explicó que la propuesta de convenio reclama 580 millones para ampliar la red de Cercanías. El programa electoral del PP contemplaba 23 nuevas estaciones ferroviarias (entre ellas la de Alonso Martínez, Torrejón, Chamartín, Griñón o Navalcarnero) y la ampliación de cinco líneas regionales. Además, la propuesta de convenio fija un contrato-programa dedicado al futuro de los Cercanías, con plazos para recibir la gestión y ajustar las tarifas.

Aguirre pide participación en la gestión de Barajas y en las decisiones estratégicas de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Asimismo, recoge la propuesta, en la que ya Zapatero le mostró su acuerdo, de poner en marcha dos nuevos aeródromos. Uno, para uso deportivo y enseñanza, que se construirá en el noroeste de la región, y el otro, para mercancías, al este. En esa zona, el Gobierno regional tiene reservados desde hace años terrenos en Campo Real. En principio se pensaba dedicarlos a construir un nuevo aeropuerto que sustituyera al de Barajas, opción que quedó descartada con la construcción de la T-4. La presidenta aclaró que, aunque su plan de convenio plasme las inversiones que creen necesarias para 2008, "no renuncia" a cantidades adicionales que puedan acordarse cuando reciba las transferencias de Cercanías o de la M-40. Fomento declinó comentar la propuesta de Aguirre, ya que carece del documento con la propuesta regional.

Quedan tres semanas de plazo para cerrar la negociación entre Comunidad y Gobierno central.