El Gobierno suspende la cumbre de ministros sobre la vivienda por miedo a los 'okupas'
Interior afirma que la supresión se hizo por acuerdo de los cuerpos policiales, y la Generalitat lo niega
La reunión de ministros de Vivienda convocada para los días 16 y 17 en Barcelona ha sido cancelada. El motivo es el miedo de las fuerzas del orden a los desórdenes que pudieran ocasionar colectivos okupas en plena campaña electoral. El Ministerio del Interior asegura que la decisión se tomó por acuerdo de la Policía Nacional, los Mossos y la Policía Municipal de Barcelona, al analizar que la coincidencia de la cumbre europea con la campaña electoral iba a complicar el control del orden público. La consejera de Interior, Montserrat Tura, y el teniente de alcalde de Barcelona José Cuervo rechazaron ayer la supresión.
De "bochornoso" calificaron ayer altos responsables de instituciones catalanas que se suspenda una cumbre como la prevista para los días 16 y 17 de octubre con la asistencia de representantes de 30 países de la Unión Europea por la "amenaza" de un grupo de unos 200 jóvenes de movimientos antisistema. Sobre todo porque Barcelona ha organizado, entre otras cosas, los Juegos Olímpicos con la amenaza de atentados terroristas -ETA especialmente- y en 2002 la cumbre de la Unión Europea. Un año antes sí se suspendió la cumbre del Banco Mundial por motivos de seguridad. Ante eso, el argumento de que 200 okupas y antisistema habían puesto en jaque a todas las fuerzas de seguridad de Barcelona causó asombro tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que la decisión de aplazar sin fecha la celebración del encuentro de los ministros de Vivienda se tomó tras una reunión de la Junta de Seguridad en Cataluña. Ni la Generalitat ni el Ayuntamiento reconocen esa reunión como Junta de Seguridad, una institución que tiene un determinado protocolo y que debe ser presidida por el presidente de la Generalitat. Los Mossos y la Policía Local admiten que se celebró un encuentro de las fuerzas policiales a instancias del delegado del Gobierno, Joan Rangel, pero afirman que en ningún caso fue una Junta de Seguridad quien tomara decisiones vinculantes. El ministerio mantiene que los Mossos y la Policía Local coincidieron con la Policía Nacional en que la mejor solución era aplazar la cumbre.
A la reunión asistieron cargos policiales y políticos de todas las instituciones y cuerpos. Por la Delegación de Gobierno estaban el delegado, el jefe superior de Policía, José López; un alto cargo de la Guardia Civil y otros agentes. Por el Ayuntamiento asistieron el concejal de Seguridad, Ferran Julián, y el intendente de la Guardia Urbana, Xavier Vilaró; por parte del Gobierno autónomo, el director general de Seguridad Ciudadana, Jordi Samsó, y el subjefe de Barcelona, Antonio Blanco.
En la convocatoria de la reunión tuvo papel preeminente el delegado del Gobierno, según diversos asistentes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. En la primera parte se analizaron los aspectos policiales. El Cuerpo Nacional de Policía consideró que el peligro era evidente. Los representantes de los Mossos, según el Departamento de Interior, sostuvieron que no había motivo que justificara el cambio: "La policía autonómica estaba y está en disposición de garantizar la seguridad de los ministros y el orden público en la ciudad". La Generalitat y el Ayuntamiento coinciden en que no hay motivos "de seguridad" para cancelar el encuentro. El Ministerio del Interior asegura que todos estaban de acuerdo en que la coincidencia de la campaña electoral catalana y la cumbre europea complicaba el control del orden público. Se habló de modificar el lugar de la reunión y trasladarlo del Palacio de Congresos -en la entrada sur de la Diagonal- a la zona del Fórum porque es más controlable y no facilita el bloqueo de la ciudad si hay incidentes.
Tras la discusión policial, la reunión tuvo una "segunda parte" dedicada a una "reflexión general sobre la oportunidad de la fecha", que coincide con el inicio de la campaña electoral catalana. En eso sí hubo unanimidad. "Pero era una reflexión política, no policial. Es evidente que un altercado tiene mayor repercusión en los medios en campaña electoral que fuera de ella", afirmó el portavoz del Departamento de Interior de la Generalitat. La unanimidad no es sobre problemas de seguridad, sino acerca de la repercusión política, precisó la misma fuente, versión que también da el Ayuntamiento. El acta elaborada por la Delegación del Gobierno tiene el número de registro A2969 e insiste en los problemas de seguridad.
La consejera Montserrat Tura insistió en la falta de argumentos policiales para anular la reunión. La ministra de Vivienda sostuvo todo lo contrario: "Habría sido una tremenda irresponsabilidad por mi parte no hacer caso de la recomendación policial". El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, aseguró que la ciudad está preparada y reclamó que se fije fecha.
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