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Camps y Matas refuerzan la cooperación bilateral frente a los intereses catalano-aragoneses

Los dos gobiernos crean una fundación conjunta que se denominará Consolat del Mar

El Consell y el Govern de les Illes Balears acordaron ayer reforzar su nivel de cooperación en distintas áreas políticas como muestra de que el modelo de Estado autonómico que defiende el PP cuenta con instrumentos suficientes de colaboración entre las distintas autonomías. El reforzamiento del eje entre Palma y Valencia, que da la espalda a Cataluña y Aragón, se concretó básicamente en la creación conjunta de la Fundació Consolat del Mar para institucionalizar la relación y en el próximo reconocimiento de Jaume Matas como "Ambaixador del Regne de València".

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su homólogo en el Govern balear, Jaume Matas, escenificaron ayer la existencia de "niveles de cooperación al máximo nivel entre las dos autonomías" frente al proyecto socialista de una España federal. Matas fue explícito al señalar que la eurorregión que defiende el socialista Pasqual Maragall "es una propuesta irresponsable en el fondo y en la forma porque pone en peligro fórmulas de colaboración entre comunidades autonómicas sólo por motivación electoral y política".

Fruto de la cumbre entre ambos gobiernos fue la decisión, anunciada por Francisco Camps, de crear una fundación conjunta y copresidida con sede en Baleares y la Comunidad Valenciana que se denominará Consolat del Mar para la realización de "eventos culturales"; así como la creación de una nueva distinción de la Generalitat que se denominará "Ambaixador del Regne de València" que no estará vinculada a las distinciones que se entregan en la festividad del 9 d'Octubre. Camps explicó: "Propondré que Jaume Matas sea el primero que reciba esta distinción porque como ministro de Medio Ambiente ha puesto en marcha el Plan Hidrológico Nacional", que calificó de elemento fundamental para la Comunidad Valenciana y un impulso a la solidaridad de la España de las autonomías. Matas no ocultó su sorpresa por la "condecoración" anunciada por Camps y aseguró que será un orgullo recibirla aunque él sólo cumplió con las órdenes de Aznar y la promesa electoral de su partido.

Ambos dirigentes manifestaron que hasta la llegada de José María Aznar al Gobierno nunca se habían traspasado tantas competencias a las comunidades autónomas.

Además de la creación de la fundación, ambos gobiernos autonómicos acordaron colaborar en distintos programas turísticos; facilitar la red del Instituto Valenciano de la Exportación y el acceso de los institutos tecnológicos a los empresarios de las islas; coordinar la estrategia para compensar el gasto sanitario realizado por residentes europeos y las políticas de gestión sanitaria; y actuar conjuntamente en los intereses comunes en la Unión Europea. Además se decidió solucionar los problemas de los pesqueros alicantinos en Ibiza y apoyar la conexión gasística y eléctrica a las islas desde territorio valenciano.

"No conozco el caso"

"No conozco el caso", aseguró ayer el presidente del Consell, Francisco Camps, tras ser interpelado por la queja que el Ayuntamiento de L'Alcúdia ha presentado al consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón a raíz de un llamativo caso de discriminación lingüística. El pasado viernes, en el salón de sesiones del citado ayuntamiento, una representante de la comisión enviada por la Consejería de Infraestructuras, encargada de realizar distintas actuaciones administrativas, se dirigió en inglés a un valencianoparlante e insistió en que utilizaría este idioma en tanto en cuanto no se le "hablase en cristiano" [en clara referencia al castellano]. Así se explica en la queja municipal dirigida al consejero de Infraestructuras.

Francisco Camps, se limitó a señalar que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana tienen derecho a utilizar las dos lenguas y repitió que nunca tantos escolares habían estudiado el valenciano.

Fuentes de Presidencia recalcaron que la mujer que representó a la Consejería de Infraestructuras en L'Alcúdia no es funcionaria y que está contratada por una empresa privada. Un argumento que implica que, al menos de momento, no está previsto adoptar ninguna medida para que no se repitan casos similares de discriminación lingüística.

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