Ferrando quiere cambiar el modelo turístico y pide revisar la incidencia del sector en el IPC

Rafael Ferrando, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), apostó ayer por impulsar el turismo de calidad en detrimento de la oferta de sol y playa que arrastra masas de visitantes sin fondos para gastar. Ferrando replicaba así al presidente del Gobierno, José María Aznar, quien achacó el lunes a los precios que fijan los hosteleros el descenso de ingresos por turismo a pesar del aumento del número de visitantes registrado en 2002. Ferrando recordó que el precio de una habitación no tiene nada que ver con lo que pacta un touroperador.

Ferrando y Pedro Coca, secretario general de CEV, presentaron ayer en un extenso desayuno con un grupo de periodistas un panorama general de la situación económica con el acento en la capacidad de los empresarios para competir. Pero el severo rapapolvo de Aznar al sector turístico, de gran peso en la Comunidad Valenciana, recibió cumplida respuesta.

Ferrando asumió que la "moderación" en los precios exigida por el presidente del Gobierno es "ineludible" para garantizar la "competitividad" del sector turístico de masas. Pero recordó que los grandes contingentes de viajeros que sostienen tal modelo llegan a España con "ofertas cerradas" en sus países de origen y poco dinero en el bolsillo para gastar. Una realidad que altera las estimaciones de corte "excesivamente economicista" que ofrece el Gobierno sobre el sector y que exige una revisión de la incidencia de los datos relativos al turismo en la estimación del IPC.

Ferrando apostó por "ir replanteándose la forma con la que hasta ahora se ha vendido un turismo de sol y playa" para "buscar turismo de más calidad". "Aunque vengan menos, que gasten más", sintetizó. Como ejemplo de una fórmula con futuro, el dirigente empresarial apuntó el turismo de cruceros que impulsa la Autoridad Portuaria de Valencia.

Al margen del futuro del turismo, los responsables de la patronal provincial apuntaron varias claves para garantizar la competitividad de las empresas valencianas: la "optimización" de los procedimientos de generación y transporte de la energía eléctrica y el gas; el decidido apoyo a la extensión de redes de telecomunicaciones; el impulso a la sociedad de la información; o la adecuada correspondencia entre la investigación teórica y las necesidades de innovación reales de las empresas, entre otras.

También apuntaron la necesidad de equilibrar las cuentas públicas para garantizar "un marco fiscal estable y neutral para las actividades empresariales". No ocultaron una relativa preocupación por el "excesivo endeudamiento" que acumula la Generalitat, se mostraron confiados hacia los responsables de Hacienda y sugirieron que la "gestión privada" de ciertos servicios públicos resulta rentable. Ferrando citó expresamente la cesión a gestores privados de "hospitales, la television o CACSA [la empresa pública que explota la Ciudad de las Artes y las Ciencias]", como vías para aliviar las tensiones financieras de la Generalitat.

De acuerdo con las directrices de la CEOE, los responsables de la CEV citaron la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos para la creación de empresas; exigieron garantías jurídicas para las concesiones administrativas; y apostaron por una mayor presencia empresarial en el exterior.

Recién llegado de una misión empresarial organizada por la CEOE a Marruecos, Ferrando invitó a los empresarios valencianos, grandes y pequeños, a analizar las ventajas que ofrece el país magrebí para albergar ciertos "procesos productivos". El dirigente empresarial subrayó que los trabajadores marroquíes son disciplinados, recordó que los aranceles que impone la Unión Europea a los productos marroquíes se levantarán en 2010 y sentenció: "Si no vamos nosotros, irán los franceses e italianos".

Ferrando aderezó la sugerencia con una serie de reflexiones sobre la situación demográfica de Marruecos. Un asunto que puede complicarse si no se revisan los sistemas actuales para aprobar cupos de inmigrantes en el futuro. Coca comentó cómo el Gobierno había rechazado aprobar la entrada de hasta dos centenares de chóferes entre el cupo de inmigrantes solicitados por los empresarios valencianos porque una gran mayoría de los españoles registrados en las listas del Inem dispone de carné de conducir.