Urbanismo solidario

'Es seguramente uno de los espectáculos más grandiosos y sorprendentes, a la par que uno de los más halagüeños, el que presenta la Humanidad en su obra perseverante de urbanización'. Así escribía hace un siglo y medio, en su prosa decimonónica henchida de mayúsculas, Ildefons Cerdà i Suñer. Y en efecto, gracias a la urbanización y a la difusión de las formas de vida urbanas, sociedades como la nuestra han alcanzado unos niveles de bienestar, riqueza, libertad personal y -digámoslo también- equidad social y territorial que no tienen parangón en la historia.

Ahora bien, el proceso de urbanización, que tantas ventajas comporta, nos ha planteado también problemas importantes. Así, por un largo periodo nuestras ciudades crecieron drenando recursos y población de todo cuanto las rodeaba. Y esto dio lugar a toda una línea de pensamiento caracterizada por la desconfianza ante el fenómeno urbano: desde Gaziel con su 'alerta, catalans, Barcelona és per a tot Catalunya un veritable perill' hasta las condenas genéricas a la macrocefalia urbana. Una línea de pensamiento de la que, por cierto, a menudo nos ha parecido encontrar rastros en la acción de los gobiernos de CiU: en su desconfianza hacia una presunta 'Barcelona hanseática' o en los planteamientos del Plan Territorial de Cataluña de 1995, por poner sólo dos ejemplos.

El trámite parlamentario ha mejorado la Ley de Urbanismo propuesta por CiU

Los problemas que el desarrollo urbano plantea hoy en Cataluña son, sin embargo, muy distintos. La tendencia hacia la concentración finalizó hace ya más de un cuarto de siglo y hoy nuestras ciudades, lejos de crecer más deprisa que el resto del país, tienden a ceder población y actividades hacia su entorno. Así, el crecimiento urbano no se centra hoy tanto en Barcelona, L'Hospitalet, Sabadell o Vic como en municipios más pequeños y menos densos. Las áreas urbanas se expanden así más y más, y cada espacio va especializándose, funcional y socialmente, con relación al conjunto.

Estos fenómenos presentan algunas ventajas importantes (como el mejor acceso a los servicios en el conjunto del territorio), pero entrañan no pocos inconvenientes. Desde el punto de vista urbanístico, el más importante es, sin duda, el aumento exponencial de la ocupación de suelo, que, con una población prácticamente estable, se ha doblado en los últimos 25 años. Asimismo, la expansión de las áreas urbanas comporta la especialización de los lugares (de manera que cada vez más a menudo tenemos aquí la residencia, allá los centros comerciales, más allá los polígonos industriales), la cual a su vez deriva en un incremento extraordinario de las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Finalmente, la dispersión y la especialización se acompañan también, lamentablemente, de un creciente riesgo de segregación de las personas en distintos barrios o municipios en función de su nivel de renta.

Nuestro territorio, nuestras ciudades, conocen hoy, pues, un triple proceso de cambio. Un cambio que amenaza con afectar radicalmente a su forma (con el paso de la compacidad a la dispersión), su función (con el paso de la complejidad a la especialización) y su cohesión (con el paso de una razonable integración a una mayor segregación).

Para reorientar estos procesos, el planeamiento urbanístico y territorial es una herramienta imprescindible. Imprescindible para ordenar las pulsiones del mercado que, dejadas a ellas mismas, nos llevarían a unos espacios urbanos ambientalmente insostenibles, funcionalmente ineficientes y socialmente insolidarios.

En este contexto, el proyecto de ley de urbanismo que el Gobierno de CiU presentó antes del pasado verano al Parlament no respondía en absoluto a las necesidades que las dinámicas urbanas plantean. Si los retos actuales son la dispersión, las redes y la cohesión, los temas centrales del proyecto deberían haber sido la rehabilitación de los espacios construidos, la protección del suelo no urbanizable, la vinculación de la accesibilidad y los usos, y la promoción de suelo para vivienda protegida. Pues bien, el proyectono permitía resolver de forma innovadora y correcta ninguna de estas cuestiones. Era más bien un texto defensivo ante las continuadas agresiones del Partido Popular, que a golpe de real decreto amenaza con arrebatar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos las competencias en materia urbanística y la capacidad de dirigir el desarrollo urbano. Medidas que, pese a su flagrante inconstitucionalidad, los nacionalistas que nos gobiernan han rehusado recurrir ante el Tribunal Constitucional.

A lo largo del trámite parlamentario el esfuerzo de todos los grupos -incluido, justo es reconocerlo, el del Gobierno- ha permitido mejorar el texto inicial de manera notable: se ha establecido con claridad el modelo urbanístico que fomentar, se han dado mayores garantías para la preservación del suelo no urbanizable y se ha introducido la obligatoriedad de destinar porcentajes fijos de suelo para vivienda protegida en cada plan urbanístico.

Subsisten, sin embargo, algunos problemas importantes. Veamos tres ejemplos. Si la Ley del Suelo española (promovida por el PP) permite que los ayuntamientos se beneficien con el 10% del aprovechamiento de cada operación urbanística, ¿por qué en Cataluña deberíamos conformarnos con menos? Si el planeamiento supramunicipal es uno de los retos principales, ¿no deberíamos tratar de resolverlo fomentando la cooperación entre municipios, más que imponiendo decisiones desde arriba? Y finalmente, si en muchas comunidades autónomas los ayuntamientos, a partir de un determinado número de habitantes, pueden aprobar sus planes generales, ¿por qué los nuestros deben estar sometidos a tutela?

El urbanismo puede parecer una materia técnica y abstrusa. Pero de su regulación dependen, en buena medida, nuestra vivienda, nuestros desplazamientos, nuestros paisajes y nuestra convivencia. Por ello es necesario que sus reglas básicas disfruten de una aceptación y un consenso muy amplios.

Oriol Nel.lo es urbanista.