La Fiscalía investiga si hay ilegalidad en el contrato de Arregi

La Fiscalía General del Estado ha comenzado a estudiar la documentación enviada por el Inem sobre la sentencia de una juez de San Sebastián que obliga al Instituto Nacional de Empleo a pagar el subsidio de desempleo al ex miembro de la Mesa Nacional de HB Mikel Arregi, que cumple condena en prisión por colaboración con ETA. Arregi no ha cobrado todavía cantidad alguna, precisamente al estar encarcelado y por entender el Inem que carece de este derecho ya que su relación con HB no era laboral, sino de dirigente de la coalición.El Inem decidió enviar a la fiscalía todas las actuaciones que ha realizado respecto a la petición de Arregi al apreciar indicios de fraude. Arregi, como miembro de la Mesa Nacional de HB, se encargaba de "cuestiones de decisión". En un polémico auto, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la juez Garbiñe Biurrun entiende que Arregi, considerado el ideólogo de HB, a su condición de dirigente sumaba la de estar contratado por HB para la aplicación de la ponencia Oldartzen en el ámbito organizativo.

El derecho a cobrar el desempleo es una vieja historia en las organizaciones políticas. Con ese mismo problema se enfrentaron los dirigentes sindicales defenestrados de sus cargos en los consiguientes congresos. Los tribunales no vieron relación laboral entre los secretarios federales y sus respectivas organizaciones. A Antón Saracíbar, uno de los máximos responsables de UGT y un sindicalista histórico, se le denegó el paro cuando se acabó su trabajo en la ejecutiva federal. Tampoco se conoce que otros dirigentes políticos -como los que ya no ocupan cargos en IU o en el PSOE- cobren seguro de paro. Algunos han vuelto a sus antiguos empleos y otros, con la ayuda de sus organizaciones, han tratado de integrarse en el mercado laboral.

Darse de alta como administrativo sujeto a una dirección, y, a la vez, ser directivo de una empresa o dirigente de una organización política, puede entrar en éste ámbito. Hay numerosas sentencias que han denegado el cobro del paro a quienes han desarrollado cargos de responsabilidad en sociedades mercantiles.