El ex policía Francisco Álvarez vende su principal negocio para obtener dinero en efectivo
Francisco Álvarez Sánchez, ex jefe del Mando único Antiterrorista e imputado como supuesto organizador de los GAL, está liquidando su patrimonio personal. La venta de los negocios del exi policía, afincado en Barcelona, comenzó a finales de julio con la enajenación de su principal inversión, la compañía Mitsa, a un grupo de industriales catalanes. Tras salir de prisión, en marzo, Álvarez negoció en un corto espacio de tiempo la transferencia de su negocio más importante por una cifra declarada de 45 millones de pesetas, según figura en la escritura de compraventa.
Francisco Álvarez, conocido también como Gálvarez, y su esposa, María del Carmen Enrich, vendieron todas las acciones de su propiedad en Mitsa -una empresa radicada en la localidad barcelonesa de Cornellà de Llobregat- a un grupo de inversores encabezado por Vicente Codes, un antiguo ejecutivo de la empresa automovilística Nissan Motor Ibérica. Los nuevos propietarios han cambiado la denominación de la compañía por el de Telefonía Catalana, "en la que Francisco-Álvarez no tiene participación alguna, ya que ha vendido todo su paquete", según han confirmado los compradores.El último gran trabajo de Mitsa, poco antes de que Alvarez ingresara en la prisión madrileña de Valdemoro (diciembre de 1984) por, decisión del juez Baltasar Garzón, fue la instalación de líneas telefónicas blindadas, y secráfonos en el despacho de Javier de la Rosa, en la avenida Diagonal de Barcelona. En esos días, el financiero esperaba abandonar la prisión de Can Brians en libertad bajo fianza, tras ser acusado de la descapitalización de Grand Tibidabo.
Los compradores de la empresa Mitsa explican la operación en los siguientes términos: "Absorbimos su tecnología y su red comercial y nos orientamos hacia un proyecto dedicado a las nuevas tecnologías, como las tarjetas inteligentes, aplicadas al sector hospitalario".
"La continuidad de los 35 puestos de trabajo de la empresa -amenazados por la consiguiente retracción de pedidos tras el percance de Álvarez- está garantizada", explica el nuevo propietario, Vicente Codes. Aunque la operación ha proporcionado, un mínimo de 45 millones a Álvarez y su esposa, cabe considerar que suele. ser normal en estos casos que el precio de venta sea superior alescriturado.
Informes y barridos
Además de Mitsa, Álvarez también posee en Barcelona la compañía de seguridad Check- In (de la que es administrador y principal accionista), que obtuvo un contrato de 70 millones de pesetas anuales de la petrolera Repsol para perseguir cubas pirata de reparto de combatibles. Check-In se distintiguió por los trabajos de inteligencia realizados para Javier de la Rosa. Algunas fuentes relacionan directamente a esa sociedad con los informes elaborados para el financiero. Check-In también realizó barridos e investigaciones para al menos tres departamentos de la Generalitat. Uno de ellos fue el Departamento de Trabajo, tal como confirman fuentes oficiales del mismo. Por otra parte, cuando el. ex consejero Josep Maria Cullell -dimisionario, por un caso descubierto gracias. a pinchazos en su teléfono recurrió a la Generalitat porque creía que estaba siendo espiado, recibió la visita de Álvarez, al que alguien había contratado para descubrir los supuestos pinchazos. El resultado fue negativo.Check-In es ahora el único negocio que mantiene el antiguo jefe superior de Bilbao, presuntamente implicado en el secuestro de Segundo Marey. El principal cliente de Check-In era Javier de la Rosa, confirman fuentes de la empresa. Gracias al financiero, Álvarez consiguió acumular un importante patrimonio. Casi coincidiendo con su salida de la prisión de Quatre Camins, el pasado de marzo, bajo fianza de 10 millones de pesetas por el caso. GAL, su esposa, María del Carmen Enrich, también tuvo que declarar, en el sumario de los fondos reservados al imputársele el ingreso de -15 millones de esos fondos en cuentas bancarias del matrimonio.
El patrimonio de Álvarez le, permitió iniciar la construcción de un gran chalet con muros de piedra tallada en una urbanización a unos 50 kilómetros de Barcelona, cerca de la localidad vallesana de Sant Miquel del Fai. La casa tiene un presupuesto de unos 300 millones de pesetas y su construcción que dó interrumpida por el estallido del caso GAL. El inmueble se encuentra sin techar, con una enorme grúa en el centro y signos aparentes de que las obras han sido interrumpidas. La licencia de obras fue concedida a finales de 1993.
Los trabajos incluyen una especie de búnker en los sótanos de la residencia solariega, de varios pisos.
