Un millar de cooperativistas de PSV reclama 5.000 millones de pesetas a IGS por presunta estafa

Un total de 947 cooperativistas de PSV, todos pertenecientes a la promoción de Valdebernardo (Madrid), presentaron ayer en Madrid una querella por apropiación indebida y estafa contra los 10 componentes del consejo rector de IGS-PSV, la promotora de la cooperativa vinculada a UGT. La querella, que pide una indemnización mínima de 5.000 millones de pesetas pordaños y perjuicios, también se extiende a los representantes legales de UGT (Nicolás Redondo) y la Comunidad de Madrid (Joaquín Leguina) como responsables civiles subsidiarios.

La querella va dirigida a Carlos Sotos (ex presidente de IGS), Paulino Barrabés (presidente (le PSV), Manuel Garnacho (secretario general de la federación de construcción de UGT), Francisco Hernández (vocal del consejo rector), José Luis Daza (secretario general de UGT-Madrid), Rafael Recuenco (secretario general de UGT-Valencia), Sebastián Reyna (sevretario de Finanzas de UGT), Fermín Bretón y Jesús Aína (vocales del consejo rector) y Prudencio García (presidente de IGS).El texto, elaborado por el bufete de Joaquín Ruiz-Giménez también incluye en la lista de querellados "a los representantes legales de de los siguientes responsables civiles subsidiarios: UGT, Comunidad de Madrid, Unial, IGS Gestión e IGS de Mercado Hipotecario". Es decir, que la querella también atañe a Nicolás Redondo y a Joaquín Leguina.

Los abogados de los cooperativistas aseguran que los hechos sobre los que se basa la querella "se encuadran provisionalmente dentro de los tipos delictivos siguientes: apropiación indebida y estafa... y, presuntivamente, falsedades en documentos mercantiles".

El bufete justifica la apropiación indebida, "ya- que resulta indubitado que todas las cantidades entregadas a los querellados por los querellantes cooperativistas, necesariamente depositadas en las cuentas bancarias ya referidas, con el destino único de la construcción de viviendas de interés social y para familias modestas, han sido dolosamente desviadas a otras finalidades desconocidas".

Consideran que hay estafa "ya que, con ánimo de lucro y prevaliéndose de la confianza de los cooperativistas, los querellados produjeron muy grave error en éstos, consiguiendo que les entregaran muy importantes cantidades de dinero... y que han sido desviadas a finalidades ignoradas".

En virtud de estas acusaciones, los querellantes solicitan una indemnización de 5.000 millones de pesetas "para responder de los daños y perjuicios ocasionados". Además, piden al juez que recabe una amplia documentación a la Caja de Madrid, la Caja Postal y el Banco Central Hispano, así como un informe de las cuentas de PSV a la firma auditora Ernst & Young. Tras el reparto, la querella cayó en el juzgado de instrucción 34, cuya titular es Beatriz González.

Al conocer la presentación de la querella, el secretario de acción sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, aseguró estar "muy tranquilo". Por su parte, el consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado, señaló que no ve fundamento jurídico a la petición de responsabilidad civil subsidiaria para la Comunidad de Madrid, informa Ana Roldán.