Boyer denuncia cuantiosos fraudes, a la Seguridad Social del grupo Rumasa y pérdidas en 17 de sus 18 bancos

Las cuotas tributarias no ingresadas por las empresas del grupo Rumasa ascienden a cerca dé 30.000 millones de pesetas anuales en los ejercicios de 1981 y 1982, según declaró el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, en el Pleno del Congreso celebrado ayer. Hasta septiembre de 1982, sólo una parte de lo retenido por Seguridad Social era ingresado en la Tesorería General de este organismo por las empresas del holding de la abeja.

Miguel Boyer afirmó también, a lo largo de su intervención, que diecisiete de los dieciocho bancos de Rumasa se encuentran en pérdidas, según se desprende de las últimas informaciones a que ha tenido acceso la Administración tras la aplicación del decreto de expropiación de los bancos y otras empresa de Rumasa.El ministro de Economía y Hacienda, después de una larga explicación sobre los controles que se habían mantenido en torno al grupo de empresas de Rumasa, afirmó que en los dos últimos ejercicios la parte de impuestos retenidos y repercutidos sobre precios que no habían sido ingresados en Hacienda representaba aproximadamente el 95% de todo lo retenido. Estas cantidades equivalen, en palabras del ministro, al menos a 30.000 millones de pesetas. Asimismo declaró que hasta septiembre de 1982 sólo una parte de las retenciones que se hacían a los trabajadores por Seguridad Social había sido ingresada y que a partir de esa fecha, prácticamente en el momento electoral, se ingresa íntegramente la parte correspondiente a los trabajadores, mientras que se deja de satisfacer la cuota patronal.

Como ejemplo de esta situación anormal, que será puesta en conocimiento de los tribunales, Miguel Boyer declaró que en 1981, en la empresa. Central Informática, SA, no fueron ingresados ocho millones de pesetas de los retenidos; esta cifra creció hasta situarse en veintiséis millones un año después. Para el ministro de Economía, las empresas no financieras del grupo Rumasa pasaban las retenciones no ingresadas a reservas, como si se tratara de beneficios obtenidos por dichas empresas. Esta información ha sido conocida por los nuevos administradores una vez que fue ocupada la central del proceso de datos, que contiene en sus archivos toda la información referente a las empresas del grupo.

El ministro de Economía inició su intervención ante el Pleno del Congreso afirmando que la medida de expropiación decretada había sido tomada con rapidez, pero que no por ello era precipitada. Desde hace dos meses y medio, afirmó el ministro, se veía como solución a la crisis del grupo Rumasa la expropiación total de las acciones de estas empresas.

Rumasa, afirmó, es un caso singular en el sistema financiero español, ya que en poco más de veinte años ha pasado de ser una simple empresa dedicada a la exportación de vinos a convertirse en uno de los mayores grupos económicos del país. La fórmula empleada para ello por los expertos de Rumasa, en palabras del ministro, ha sido la adquisición de numerosas empresas mediante pagos a muy largo plazo y un sucesivo control de un número creciente de bancos que le permitían seguir manteniendo su expansión en una época de altas tasas de inflación.

Este método de crecimiento ha llevado, desde el principio, a que la mayor parte de la inversión de los bancos del grupo Rumasa se concentrara en la financiación de las empresas del holding. El ministro de Economía afirmó a lo largo de su intervención que en los últimos años se había producido la creación de una "Rumasa B o paralela" recurriendo, a la captación de fondos al margen de la actividad de los propios bancos.

La cronología explicada por Boyer se inicia en 1967, cuando el Banco de España decide iniciar una vigilancia especial tras la adquisición por Ruiz-Mateos de tres bancos pequeños, a los que luego se uniría el Banco de Siero. Dos años más tarde, en 1969; las autoridades monetarias inician la definición legal de la "unidad económica de riesgo", que trata de fijar las relaciones entre los bancos subfiliales y las empresas que les pueden controlar. A partir e e o continúa la vigilancia sobre los bancos de Rumasa y los presidentes de dichas instituciones son apercibidos por el Banco de España.

Preocupaciones de 1976

En 1976, el entonces gobernador del Banco de España manifiesta al ministro de Hacienda su preocupación, que existe desde hace varios años, acerca de la excesiva acumulación de poder financiero en algunas empresas. En 1978, el Banco de España exige de Rumasa que explique las necesidades financieras de las empresas del grupo y que se comprometa a que los bancos no aumenten los riesgos con dichas empresas. En marzo del año siguiente, Ruiz-Mateos contesta al Banco de España afirmando que no va a continuar su política de expansión. En ese año, el 32% de los recursos ajenos de los bancos estaba comprometido ya en operaciones con las empresas del grupo.

Ese mismo año, el Banco de España avisa a los presidentes de los bancos General, Norte, Jerez, Noroeste, Latino e Industrial del Sur que o se varían las prácticas llevadas a cabo o se podría hacer uso de la suspensión de los órganos de administración de dichos bancos. En abril de 1980, y contando con una nueva normativa legal de actuación del Fondo de Garantía de Depósitos, el Banco de España se dirige a los presidentes pidiéndoles que hagan auditorías voluntariamente en sus bancos. En noviembre de ese año, Rumasa contesta que la empresa Arthur Andersen hará un dictamen profesional sobre la situación de los bancos, con fecha final de 1981.

En abril de 1981, tras diversas reuniones, Rumasa informa de que quiere asegurar el riesgo de las empresas con los bancos del grupo en tanto en cuanto no esté terminada la auditoría. El Banco de España

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