Carmena paga 6.000 euros por los fallidos jurados vecinales

El plan fue aprobado en el pleno de la Junta Municipal de Centro y se adjudicó a la empresa Instituto de Innovación y en Organización y Desarrollo Social (InNODS) al ser rechazadas las otras dos ofertas presentadas. El Ayuntamiento justificó su externalización en que no había personal adecuado para desarrollar este trabajo, pese a que la plantilla municipal es de 25.000 trabajadores, de los que 6.200 son policías.

El proyecto, que era una experiencia piloto para Lavapiés, incluía un gestor de barrio (nombrado por el Ayuntamiento), del que dependerían los policías municipales y una mesa de convivencia y seguridad. El Consistorio pretendía crear también “jurados vecinales”, donde se encontrarían víctimas y delincuentes. La oposición, formada por PP, PSOE y Ciudadanos, aprobaron una proposición de los populares para el cese inmediato del contrato con InNODS. Esta iba a cobrar 16.450 euros, a los que se añadían otros 3.454,5 en concepto de IVA. En total, el Consistorio pagaría 19.904,5 euros.

La Concejalía de Seguridad, a cuyo frente está Javier Barbero, hizo una liquidación a la consultora, pese a que no terminó el proyecto y se dedicó a algunos trabajos preliminares. En concreto, la liquidación firmada por el subdirector general económico-administrativo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, supone un ingreso total de 5.983,45 euros a esta empresa. Se le pagan diversos conceptos: 45 horas por identificar colectivos y por el apoyo y el seguimiento de la convocatoria de grupos de trabajo (1.035 euros); 40 horas por el diseño del programa formativo de la Policía Municipal, así como “la delimitación del marco procedimental para la selección de recursos humanos del proyecto piloto de policía comunitaria” (920 euros) y 15 horas por las sesiones de trabajo con los responsables del Ayuntamiento de Madrid para planificar y organizar el lanzamiento del proyecto (354 euros).

La creación del panel de expertos internacionales, con la comunicación, divulgación y desarrollo de redes internacionales de apoyo al proyecto, y la posterior cancelación de este panel se llevan otras 45 horas laborales (1.035 euros). El último concepto es la participación en las convocatorias institucionales orientadas a la difusión e información del proyecto suponen otras 20 horas y 460 euros.

A la suma de todos los conceptos (4.945 euros) se añade los 1.038,45 del 21% de IVA, lo que supone casi 6.000 euros para las arcas municipales. El Ayuntamiento lo justifica en que, en ese mes en que estuvo vigente el contrato, “la empresa ya había realizado una serie de actuaciones que deben ser objeto de abono”.