Más Cataluña pero dentro de España

Sandra Avellaneda, de 42 años, profesora de Historia en un instituto de Gavà (Barcelona), no ha participado nunca en la manifestación del 11 de septiembre en favor de la independencia de Cataluña. Este 2014 tampoco irá. Empezará el curso abordando con sus estudiantes la Diada y poniendo el acento en que en 1931 el presidente de la Generalitat, Francesc Macià, no proclamó la independencia, sino la república catalana en el seno de una federación ibérica. Con un círculo lleno de amigos soberanistas —su hijo llegó el primer día de clase del año pasado con esta frase escrita en su carpeta: “Cataluña es libre y somos independientes”—, Sandra admite que su entorno la ve como un “bicho raro”, aunque no se lo recrimine. Opina que la secesión no es ninguna solución mágica, pero tampoco le gusta la situación actual. Exvotante de Iniciativa per Catalunya, reclama nuevas fórmulas, aunque es escéptica con la posibilidad real de una reforma federal. No cree que el PP la acepte y el PSOE, a sus ojos, ha perdido credibilidad.

Los sondeos en Cataluña muestran una realidad compleja. Cuando se pregunta solo por el sentimiento independentista, aparece una división en dos mitades: un 45,2% defiende la secesión, mientras el bloque federalista y autonomista se eleva al 45,9%, según el último barómetro de la Generalitat. Pero, si se amplía el foco, la imagen es muy distinta. Cuando en la encuesta de Metroscopia publicada el domingo en este diario se introduce la opción de que Cataluña siga formando parte de España con nuevas y blindadas competencias, resulta ser la primera opción: la elige un 38% de los ciudadanos. Por detrás quedan tanto los que desean un Estado independiente (el 31%) como los que quieren que Cataluña siga formando parte de España con las mismas competencias que ahora (19%).

El porcentaje mayor de catalanes, por tanto, apoya un camino intermedio, una vía de concordia entre los otros polos. A partir de este punto, sin embargo, las certezas son pocas. La llamada “tercera vía” no está detallada políticamente. Podría ser una vía federal o la continuación del Estado autonómico, pero con mayores atribuciones para el Gobierno catalán. Podría incluir o no una consulta a los ciudadanos, algo que defienden algunos partidarios de esta vía y critican otros. Y podrían votar solo los catalanes o todos los españoles. Las cuestiones abiertas son muchas, y de calado. EL PAÍS ha hablado con una decena de catalanes o residentes en Cataluña (juristas, empresarios, profesores, artistas, sindicalistas, un político…) partidarios de que, sea de la forma que sea, Cataluña siga formando parte de España, pero con un estatus distinto del actual.

“A mí la reforma federal me parece un planteamiento correcto”, sostiene el informático de 36 años Alex Luna, de Mollet (Barcelona), que pasa sus vacaciones en Cáceres, la tierra de sus suegros. Inflexible con los soberanistas, Luna dice que no le interesa en absoluto una Cataluña independiente. “No he participado en ninguna Diada”, explica. “Pero tampoco en el Día de la Hispanidad. Este último no responde a mi idea de España en absoluto”, dice este licenciado en Historia, que lamenta los dardos que los políticos extremeños lanzan contra Cataluña. “Me molesta que se critiquen realidades a 500 kilómetros de distancia. Cuando me dicen algo, les respondo que vayan a Cataluña”.

Los empresarios catalanes, principales impulsores de esta tercera vía junto al democristiano Josep Antoni Duran, que acuñó el término, han hecho llegar al presidente, Mariano Rajoy, una alternativa a la secesión, basada en cuatro pilares: el reconocimiento de Cataluña como nación, plenas competencias en lengua y cultura, un pacto fiscal para que Cataluña recaude y gestione los tributos mediante una Agencia Tributaria propia, y plena capacidad para la organización local.

Aunque políticamente el acuerdo podría canalizarse a través de una reforma constitucional, Fomento del Trabajo, la gran patronal catalana, cree que podría llevarse a cabo incluso sin ese requisito. Sostiene que podría seguirse la propuesta del político conservador Miguel Herrero de Miñón —uno de los padres de la Constitución— de agregar una disposición adicional a la Ley Fundamental. El pacto, defiende, debería ser ratificado en una consulta por los catalanes. “Es la gran oportunidad de alcanzar un gran acuerdo que evite el choque de trenes”, opina Joaquim Gay de Montellà, presidente de la patronal.

El 39% quiere que Artur Mas mantenga la consulta, pero negociándola

Los socialistas de esta comunidad, por su parte, creen que la solución está en la Declaración de Granada, aprobada por el PSOE hace un año. Esta implicaría reconocer derechos históricos a Cataluña; blindar competencias en lengua y cultura, y un pacto fiscal solidario. La fórmula jurídica, dicen, debería ser una reforma constitucional votada por todos los españoles. Ellos rechazan la consulta soberanista en los términos actuales.

Esta última cuestión no es menor en Cataluña. Un sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat publicado en marzo (con una muestra de 1.600 encuestados) mostraba que un 74% de los ciudadanos apoya su celebración. Sin embargo, una vez más, cuando se introduce una nueva pregunta, este apoyo se matiza. El 35% sí desea, según una encuesta de Metroscopia publicada por este periódico, que el presidente Mas mantenga la consulta del 9 de noviembre pase lo que pase. Pero la opción mayoritaria es de nuevo el gris: el 39% prefiere que Mas mantenga la idea de la votación, pero negociando la forma y el momento de su celebración con el Gobierno español para que pueda ser plenamente legal. Otro 21%, finalmente, desea que por ahora el referéndum se aplace.

La consulta es la opción que defienden los sindicatos CC OO y UGT en Cataluña. Ambos aprobaron sendas resoluciones a favor del “derecho a decidir” sin dar consignas sobre el voto. “Este problema debe solucionarlo la gente”, esgrime Juan Carlos Gallego, secretario general de CC OO en Cataluña, lanzando un dardo al PSOE. “No es creíble una propuesta federal que no incorpore una consulta. Hay que negociar”. Más incisivo, José Maria Álvarez, líder de UGT, da su apoyo absoluto a Mas en la negociación y opina que la situación actual es insostenible: “El Estado mete el dedo en el ojo incluso donde no hay problemas, como en el caso de la lengua en las escuelas”. No oculta que envidia el proceso escocés porque se discute sin tapujos. “Votar no es igual a pedir la independencia”, defiende. “No se pueden poner puertas al campo ni evitar la consulta”.

"El federalismo sí tiene recorrido político", opina  el filósofo Manuel Cruz

Marta Rodiño, viguesa de 36 años y residente en Barcelona, licenciada en Ciencias del Mar, coincide con los sindicatos. Cree que votar es imprescindible: “Hay un clamor popular. No sé qué miedo hay a una votación. Ni siquiera tengo claro que ganara la independencia. Yo no soy nacionalista ni independentista, pero siento cierto rechazo hacia Cataluña en el resto de España. Y convivir con faltas de respeto no me parece sano”.

De sentimientos habla también, pero para oponerse a la fractura, el actor Abel Folk. “Yo tengo un problema. Soy hijo de padre andaluz. ¿Seré feliz si algún día me dicen que me independice del país de mi padre?”, dice en un vídeo del PSC titulado La solución es federal. En la cinta interviene también el actor Ramon Madaula, que interpreta a Gonzalo Chacón en la serie Isabel: “Si un día me dijeran que Miguel Hernández se ha convertido en un poeta extranjero, me quedaría jodido. Me sentiría menos rico”. Con todo, Madaula está a favor de la consulta, aunque con matices: “Quiero lo mejor para los ciudadanos de Cataluña. Necesito información imparcial. Nos están manipulando los unos y los otros. Estoy esperando a que alguien neutral me explique qué ganamos o perdemos con la independencia”. Y remacha: “Tengo la intuición que con el federalismo ganamos todos”.

El filósofo Manuel Cruz preside Federalistes d’Esquerres, con unos 500 asociados, una organización nacida tras la primera Diada multitudinaria, en septiembre de 2012. Cruz rebate la opinión, muy extendida en Cataluña, de que no quedan federalistas en la comunidad porque no hay nadie al otro lado del río. Pero el escepticismo existe. Según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el 64,7% de la población no cree que el Estado vaya a ofrecer un pacto aceptable para el Parlamento catalán. “Es una táctica del soberanismo, que adopta diversos rostros”, defiende Cruz. “Ahora que resulta que sí hay partidarios del federalismo en España, dicen que no se puede lograr nada porque está el PP en el poder. No se puede ser independentista solo porque gobierne ese partido”.

Cruz asegura que su apuesta tiene recorrido político: “Además del PSC, hay muchos federalistas en Iniciativa per Catalunya o en Podemos. Que tres fuerzas de izquierdas sean federalistas es para valorarlo”. Miquel Iceta, flamante primer secretario del PSC, replica al escepticismo sobre la tercera vía con esta reflexión: “A la gente que me dice que la reforma constitucional es imposible, le digo: ‘¿Y la independencia no lo es?”.

Eugeni Gay, ex magistrado del Constitucional, que no es independentista, acepta el clamor de los ciudadanos que quieren votar

Pero, políticamente, se trata de una vía a la que le cuesta hallar su espacio. Encorsetados por la ola independentista, que los acusa de ser un caballo de Troya, y por los centralistas, que los ningunean, los federalistas o confederalistas pugnan por un hueco en un conflicto cada vez más en blanco y negro. Aunque la tercera vía sea la opción preferida en las encuestas, los sondeos no se traducen en votos. El pulso se ha cobrado víctimas: Pere Navarro, ya exlíder del PSC, dimitió tras perder 350.000 votos el pasado 25 de mayo en las elecciones europeas. Y, harto de clamar en el desierto en favor de su tercera vía, Duran ha tirado la toalla como número dos de CiU.

El escritor Javier Cercas, extremeño de nacimiento y afincado en Cataluña, tilda de “desesperante y tristísimo” que no se pueda tratar el tema de forma racional. El autor de Anatomía de un instante apela a la Ley de Claridad de Canadá, que “fijó cómo debe romperse de forma civilizada un Estado”, señala en alusión a la norma emanada de la sentencia de la Corte Suprema de Canadá sobre Quebec. “En eso tiene razón Rajoy”, sostiene. “La soberanía no se trocea. En un proceso de este tipo deben seguirse cuatro pasos. Primero, los electores tendrían que votar de forma clara, inequívoca y continuada que quieren la independencia. Después, como la democracia no puede ignorar una demanda así, debería hacer una cesión temporal de soberanía para que se celebre una consulta. Si es afirmativa, los dos Gobiernos tendrían que llegar a un acuerdo sobre la separación. Y, finalmente, todos los españoles deberían votarlo”.

El abogado Eugeni Gay, exmagistrado del Tribunal Constitucional, que no es independentista, acepta el clamor de los ciudadanos que quieren votar. Ve muy difícil que la consulta del 9-N quepa en la Constitución. Pero, más allá de la cuestión jurídica, pide diálogo: “Es el arte de la política y del derecho. Cuando una sociedad entra en conflicto, es terrible la inhibición de los políticos. ¿Si lo han hecho Rajoy o Mas? No puedo atribuir la culpa a ninguno, pero el resultado es de una gran irresponsabilidad”.

A mes y medio de la Diada, Rajoy y Mas se reunirán el miércoles por primera vez en 11 meses. “Si no llega pronto la oferta, no servirá de nada”, alerta Unió. Abonándose a cierto discurso del miedo, vaticina que, sin pacto, la protesta social crecerá, habrá más inestabilidad política, desconfianza en la economía y quizá se dispare la prima de riesgo. Manteniendo la fe en el federalismo, los partidarios de esta vía esperan que Mas dé el mismo volantazo que dio en su día hacia el soberanismo y abrace el pacto.