La juez de Lara acusa de corrupción a tres alcaldes y cinco exalcaldes

La juez de Lugo Pilar de Lara, que investiga el llamado caso Pokémon, por presunta corrupción en la concesión de contratos municipales, ha ratificado las acusaciones contra tres alcaldes, los de Santiago, Lugo y O Carballiño (Ourense) y cinco exalcaldes, así como contra tres concejales de la capital de Galicia, un exedil de ese Ayuntamiento y otro antiguo miembro de la Corporación de Lugo. La mayoría de los delitos que investiga la juez, centrados en Galicia, aunque con ramificaciones en Asturias y Cataluña, salpica a cargos públicos de PP y PSOE, pero también están imputados un exalcalde de CiU y un antiguo concejal del BNG. La juez además sospecha que los dos principales partidos de Santiago -el Ayuntamiento con más imputados- pudieron haberse financiado ilegalmente.

La confirmación de los cargos en un caso que lleva 14 meses bajo secreto de sumario y acumula 88 imputados está recogida en un auto dictado por la juez para dividir la laberíntica instrucción de las diligencias entre nueve piezas. De Lara basa sus acusaciones en los datos obtenidos de intervenciones telefónicas, registros en oficinas públicas y domicilios privados, análisis de expedientes oficiales y las declaraciones prestadas a lo largo de la instrucción.

La magistrada advierte que su escrito no equivale a la “imputación formal” previa a la celebración del juicio, ya que su propósito es reorganizar el sumario para facilitar la investigación, pero reitera las sospechas contra todos los cargos públicos citados y contra los máximos responsables de la empresa Vendex, concesionaria de diversos servicios en ayuntamientos gallegos, y de Aquagest, que gestiona el abastecimiento de aguas en Santiago y Ourense. Entre los imputados también hay diversos funcionarios municipales, como el antiguo jefe de la policía local ourensana Abelardo Ulloa.

En la mayor parte de los casos la juez no individualiza sus acusaciones, pero los posibles delitos descubiertos en su investigación abarcan la mitad del Código Penal: cohecho, falsedad documental, malversación de fondos públicos, blanqueo de dinero, negociaciones prohibidas a funcionarios, delitos electorales… Los tres alcaldes imputados son dos del PP, los de Santiago, Ángel Currás, y O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes, y otro socialista, el de Lugo, Xosé López Orozco.

Además la juez mantiene las acusaciones contra tres exregidores que dimitieron de sus cargos por este caso, el socialista Francisco Rodríguez (Ourense), el popular Adolfo Gacio (de la localidad coruñesa de Boqueixón) y el convergente Robert Fauria (del pueblo gerundense de Sant Hilari). Al mismo tiempo, están encausados los que fueron alcaldes por el PP de Santiago, Gerardo Conde Roa -dimitió antes de conocerse estos hechos tras descubrirse que defraudó 290.000 euros a Hacienda- y de Pravia (Asturias), Juan Carlos Guerrero, aunque este último en relación con hechos cometidos en el municipio de Cangas de Narcea. Por las ramificaciones asturianas del caso figura entre los imputados el que fuera vicesecretario del PP en el Principado Joaquín Fernández Díaz.

De entre los antiguos concejales el que acumula más cargos es el socialista Francisco Fernández Liñares, el que fuera mano derecha del alcalde de Lugo. A Liñares se le acusa de manejos corruptos en la adjudicación del servicio de grúa del Ayuntamiento de Lugo, cuando era edil, y en los contratos que repartió desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, de la que fue presidente con posterioridad. Es precisamente la concesión del servicio de grúa y otros contratos al grupo Vendex lo que mantiene las imputaciones contra el alcalde de Lugo, que está incluido en dos de las piezas separadas por la juez.

Pero sin duda el Ayuntamiento más sacudido por el sumario es el de Santiago. Los supuestos amaños de contratos a cambio de favores a las empresas del grupo Vendex y a Aquagest colocan bajo sospecha de la juez al actual alcalde, su antecesor, dos concejales del grupo de gobierno del PP, otro exedil popular que dimitió por este caso y además al concejal socialista Bernardino Rama. Este último fue secretario local del PSdeG y hombre fuerte del gobierno que dirigió hasta 2011 el alcalde socialista Xosé Sánchez Bugallo.

Pero además la juez sospecha que los dos principales partidos de Santiago se financiaron de forma ilegal. En el caso de los socialistas, la juez apunta a que la imprenta La Ibérica de la capital de Galicia, “en connivencia con otras empresas, entre ellas, Aquagest”, “habría elaborado” para el PSOE local “facturas falsas por un elevado importe de dinero, lo que podría constituir un delito de falsedad documental, y delito electoral”. En el caso del PP, la juez investiga “posible irregularidades” en su financiación “mediante la aportación de dinero por empresas adjudicatarias de obras y servicios en el Ayuntamiento”.

En la capital de Galicia, De Lara sospecha de actuaciones corruptas relacionadas con la adjudicación de los contratos de gestión de las multas de tráfico y de suministro de autobuses urbanos. La magistrada indaga posibles tratos de favor a empresas a cambio de regalos, viajes, el pago de actos del Ayuntamiento o la contratación de trabajadores enchufados.