De la integración social al paro

Mujer, discapacitada, con más de 40 años y cargas familiares. “Ahora parada con un futuro complicado, las puertas están cerradas para la gente como nosotras”. Es el perfil de la gran mayoría de las 27 despedidas en los últimos meses por la Rede Galega de Kioscos, perteneciente al grupo Galega de Economía Social, que dirige la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro según sus estatutos. Supone un 10% de su plantilla encargada de atender 41 quioscos en Galicia.

Unos despidos de contratados fijos y con años de experiencia —salvo en dos casos, que eran eventuales— que conllevó al cierre de tres de los cinco quioscos que tiene en Santiago. En otros, como en los cinco situados en lugares emblemáticos del paseo marítimo de A Coruña, se redujeron en algunos casos los horarios de apertura. Pero se cubrieron de inmediato con contrataciones temporales las bajas forzosas de trabajadoras fijas que, sin previo aviso, recibieron en julio cartas de despido por motivos supuestamente disciplinarios. En la mayoría de los casos, nunca se llegaron a probar. La empresa, ante el Servicio Público de Arbitraje y para evitar un juicio, acabó por reconocer como improcedentes muchos de esos despidos y aceptó indemnizarlos. Los ocho quiosqueros despedidos fulminantemente también en verano en A Estrada (Pontevedra) fueron igualmente remplazados al día siguiente.

Cunde la sospecha de que se trata de “una estratagema de la empresa”, como denuncia Esquerda Unida en A Coruña, “para disponer de trabajadores gratuitos” gracias a las diversas subvenciones públicas que cobra durante el primer año de contratación por tratarse de mujeres, mayores de 45 años y personas discapacitadas. Unas ayudas de la Administración que, insiste EU, cubren prácticamente el salario mínimo interprofesional que cobran los empleados de la Rede Galega de Kioscos. Comisiones Obreras de A Estrada también habla de “engaño” para despedir y contratar a discapacitados sin desembolsar un céntimo.

“Así no se integra, se deshacen de las que llevamos tiempo para coger nuevas por las que cobran más”, corroboran las despedidas coruñesas. Se declaran “ofendidas y maltratadas por Cogami, que se vanagloria de defender el derecho de los discapacitados”, añade Gracia. “Esto de los quioscos era un proyecto bonito”, cuando comenzó hace 15 años, asiente Sonia Puente Pérez, delegada sindical de la empresa en Santiago, “pero Cogami ya no cumple, así de claro lo digo, con todo eso de integrarnos a los discapacitados en el mundo laboral”. Esta quiosquera, que lleva 13 años en la empresa, dice haber perdido “toda la ilusión”.

Estos 27 despidos en cadena pusieron al descubierto la precariedad y severas condiciones laborales de estos quiosqueros, además de varias situaciones de abusos. Con un salario neto de 620 euros al mes, trabajan sábados, domingos y festivos. Una mayoría de los quioscos no están adaptados para discapacitados. Y deben realizar trabajos que no siempre les resultan fáciles como mantener limpios los aseos públicos de los quioscos de A Coruña o recoger mesas y sillas de la cafetería que incluye el de la Alameda de A Estrada. Sus sueldos llevan tres o cuatro años congelados. “Tenemos un plus de asistencia de 40 euros tres veces al año, pero si coges una gripe, ya no se cobra”, apunta Sonia Puente.

Todo eso sin mencionar las cámaras instaladas dentro de los quioscos para vigilar a los empleados. Tres mujeres en A Coruña están a la espera del juicio tras ser despedidas acusadas de robar mercancía. La empresa alega tener pruebas grabadas. “Todo porque cogieron un chuche o una botella de agua, estando a 40 grados dentro del quiosco, y se olvidaron de pagar los 50 céntimos que cuesta”, defienden sus compañeras. Sin trabajo también se quedó este verano una discapacitada en silla de ruedas mientras estaba de baja por un problema de coagulación sanguínea.

Los despedidos de A Estrada lograron el apoyo y promesa de mediación del alcalde, José López (PP), quien llegó incluso a cuestionar las formas de la Rede Galega de Kioscos, “porque moralmente no se ajustan a una empresa de economía social apoyada por las instituciones públicas”. Nada que ver con la inhibición mostrada por su homólogo de A Coruña, Carlos Negreira, también del PP. Y ello a pesar de que los cinco quioscos dotados de aseos públicos en A Coruña son una concesión municipal que lleva nada menos que una década caducada. Pese a la insistencia del grupo de despedidas, que cuentan con el apoyo y ayuda de BNG y EU, tan sólo lograron entrevistarse con el director municipal de Servicios Sociales, quien les aseguró la imposibilidad de intervenir. Pero ahora reivindican poder optar a la explotación de esos quioscos cuando salgan de nuevo a concurso. Y que cumplan con la normativa: ninguno de ellos está adaptado para discapacitados.