La Intervención alertó a la cúpula de Hacienda del opaco manejo de los ERE

El informe policial que sustenta las 20 imputaciones de altos y ex altos cargos y dos funcionarios de la Junta de Andalucía sigue dando sorpresas. Entre ellas figura un testimonio que salpica a la cúpula de la Consejería de Hacienda. La número dos de la Intervención General de la Junta de Andalucía, Teresa Arrieta, declaró a la Guardia Civil que la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, conoció de primera mano el procedimiento irregular con el que el Gobierno autónomo financió los ERE durante una década, según consta en el oficio policial.

Hasta ahora, se sabía que el órgano de control había realizado 15 informes en los que alertó de manera insistente sobre el sistema opaco de dar las ayudas. Esta es la primera ocasión que trasciende que también hubo avisos verbales. La declaración de Arrieta forma parte de la investigación de la Guardia Civil que ha dado pie a las nuevas imputaciones de altos cargos, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, por la puesta en marcha de un mecanismo que permitió un fraude que suma 140 millones de euros y la falta de control político sobre fondos públicos.

“Estos hechos (uso irregular de la transferencia de financiación, falta de procedimiento, etc.) fueron despachados por el titular de la Intervención General”, Manuel Gómez, con la entonces viceconsejera, según el testimonio como testigo de Arrieta. La interventora puntualizó que no presenció dichas reuniones, pero que tuvo constancia a través de su exjefe directo. Gómez matizó ayer que no recuerda “despachos específicos sobre las transferencias de financiación de Empleo [consejería que concedió las subvenciones]” con Martínez Aguayo, pero sí que discutieron del uso inadecuado de esta forma de pago en empresas públicas. La consejera rechazó ayer comentar la acusación de la número dos de la Intervención.

Hace dos años Martínez Aguayo admitió haber recibido los informes de la Intervención, pero adujo que no entró en detalles dado que no alertaban de un menoscabo en los fondos públicos mediante un informe de actuación. Y en esa ocasión la consejera salvó de cualquier responsabilidad al presidente de la Junta y por aquel entonces exconsejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, porque no le comunicó la existencia de dichos informes críticos con el sistema de ayudas.

Las discrepancias entre la Intervención y la Junta han sido patentes sobre el sistema de pagos de los ERE. El órgano de control subrayó desde la auditoría de 2003, dos años después de que se pusiera en marcha el fondo, cómo este prescindió “de forma total y absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley”. El Gobierno andaluz optó en 2001 para subvencionar los ERE por la transferencia de financiación, un mecanismo más ágil que la subvención excepcional, pero que también permitía eludir el control sobre el destino de los pagos y por tanto daba pie a la opacidad y la discrecionalidad en el reparto de ayudas millonarias. Arrieta pone el acento en la cúpula de la Consejería de Empleo, dirigida entonces por el diputado José Antonio Viera: “Ahora sé que el uso de la transferencia de financiación fue para eludir la fiscalización previa”. Alaya subrayó en su auto que esta elección del procedimiento permitió “un dispendio continuado de fondos públicos”.

La interventora adjunta resumió a los agentes el sentir del órgano fiscalizador: “Nos preocupaba que era una forma de evadir el control de la subvención (...) con las siguientes consecuencias: pagar subvenciones sin procedimiento, la existencia de un déficit presupuestario y la elusión del control de la Intervención”. Arrieta fue una de los 14 funcionarios que declararon el verano pasado ante la Guardia Civil, que investiga la comisión de los delitos de malversación, prevaricación y contra la hacienda pública. Y la mayoría de testimonios son coincidentes sobre los problemas de opacidad de los pagos, aunque solo Arrieta señaló que los avisos verbales alertaron a la viceconsejera.

Los interventores soportaron presiones, dados los reparos que paralizaban los pagos de la Junta a los trabajadores de empresas en crisis. Joaquín Alegre, otro alto funcionario, describió las tensiones con el Ejecutivo por culpa de los impagos a empleados de la multinacional minera de Boliden tras el desastre ecológico de Aznalcóllar. “A los responsables administrativos de la Consejería [de Trabajo e Industria] les interesaba proteger la plantilla (entre 300 y 500 trabajadores), que se intentaba mantener de manera artificial, es decir, mediante fondos públicos sostener a esos exmineros”. A continuación, añadió: “Me resistí a esos pagos (...) y sufrí por ello presiones ambientales”. El interventor alegó que no autorizó dichos pagos porque la empresa no mantuvo el grueso de la plantilla, una condición necesaria para lograr la subvención.

Todas estas declaraciones constituyen la base sobre la que la juez apoya su tesis y la veintena de nuevas imputaciones. Alaya estima que los altos cargos acusados conocieron que el sistema fue diseñado para la entrega discrecional de subvenciones.

El testimonio de Arrieta sobre Martínez Aguayo es de los más contundentes contra los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía. Todo apunta a que la juez remitirá al Supremo esta parte de la causa cuando tome declaración a los 20 nuevos imputados y complete los indicios contra los aforados, entre ellos Martínez Aguayo (diputada autonómica).

El fondo de los ERE costó a la Junta andaluza 721 millones entre 2001 y 2010. En los últimos dos años el Gobierno ha pagado por las pólizas de 5.700 prejubilados otros 105 millones, según un documento enviado por la Consejería de Economía al juzgado, por lo que la cifra total invertida asciende hoy a 826 millones.