Se extiende la huelga de saliva

Por negarse a abrir la boca, 500 euros. Benjamin Deceuninck, un agricultor de 26 años, es uno de los integrantes de un nuevo movimiento de insumisión en Francia. Un centenar de personas militan ante los tribunales del país vecino para preservar la intimidad de su ADN, la información genética que permite identificar a una persona con una seguridad casi absoluta.

En junio de 2006, la gendarmería le convocó para extraer saliva de su boca, deducir de ella su código genético y guardar la información en un archivo nacional, con unas 300.000 fichas más.

Cinco años antes, en 2001, Deceuninck había cometido una de las 137 infracciones que autorizan a la policía a exigirle su identidad genética. Su delito consistió en segar un campo de remolacha transgénica, como lo han hecho decenas de activistas ecologistas en Francia para llamar la atención sobre los supuestos riesgos de este tipo de productos agrícolas.

"Se arriesga usted a 15.000 euros de multa y un año de cárcel", le dijeron los gendarmes al acusado

Benjamin no aceptó el palito que le presentaban los gendarmes para extraer un poco de saliva. Los agentes le advirtieron: "Se arriesga usted a 15.000 euros de multa y un año de cárcel". Algunos meses después, la justicia le impuso una multa de 500 euros. Deceuninck recurrió la sentencia y la semana pasada la fiscalía volvió a pedir la misma multa.

Un centenar de franceses se han declarado en rebelión contra el archivo de ADN. La mayoría justifica su postura con argumentos políticos. Temen que la constitución de una base de datos genéticos, cada vez más importante, acabe derivando en una presunción de culpabilidad contra las personas fichadas. Se refieren a los peores episodios de la reciente historia francesa -las denuncias contra los judíos en la Francia colaboracionista de Vichy- o el temor a una figura de ciencia-ficción -el Gran Hermano de George Orwell en su novela 1984- como nuevo fantasma de nuestro tiempo.

Benjamin Deceuninck organiza la resistencia en un colectivo, Rechazo ADN, que agrupa a los rebeldes de la genética contra la existencia del archivo: "Es una herramienta demagógica que no resuelve nada", dice por teléfono. Deceuninck cita el caso británico, donde tres millones de personas tienen su ficha, para demostrar la ineficacia del registro. Además, recuerda que entre las 300.000 entradas de la base de datos francesa, 180.000 corresponden a individuos que no han cometido ningún delito.

Cuando fue creado por el Gobierno del socialista Lionel Jospin, en 1998, el Archivo Nacional Automatizado de Huellas Genéticas (FNAEG, por sus siglas en francés) debía limitarse a conservar los datos de los delincuentes sexuales. Pero poco a poco, las leyes sucesivas ampliaron la lista de situaciones en las que se puede reclamar el ADN de un individuo. Dos meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los legisladores incluyeron entre los posibles casos los actos de terrorismo, los ataques contra las personas y contra los bienes cuando se acompañan de violencia (incendios, destrucciones...). Pero fue la ley de seguridad interior, también conocida como ley Sarkozy -por el actual ministro del Interior-, la que en 2003 abrió la posibilidad de exigir el ADN de una persona para las infracciones más leves. Además, esta reforma prevé la posibilidad de exigir la identidad genética no sólo a personas condenadas por la justicia, sino también a simples sospechosos.

Jean-Jacques Gandini, el abogado de Benjamin Deceuninck, es miembro de la Ligue des Droits de l'Homme, una ONG pro derechos humanos. Explica que la ley Sarkozy abrió el FNAEG a "las tres cuartas partes del Código Penal". Critica también que los datos genéticos se conserven 40 años. "Durante 40 años se considera a las personas inscritas en el archivo como sospechosos potenciales, es un riesgo para las libertades fundamentales", opina.

La coordinación ha logrado una primera victoria. La semana pasada, un tribunal condenó a un euro simbólico a uno de los insumisos. Gandini espera que esta sentencia sea un ejemplo para que los jueces no sancionen lo que él considera "un delito social".