Tú mandas

En los últimos cinco años, los ciudadanos de Alicante contemplan estupefactos cómo se suceden los escándalos en su provincia. El caso Brugal, que empezó como una revancha entre empresarios por la concesión de unas contratas de basuras, se ha convertido en un sumario con más de 30.000 folios. El levantamiento del secreto de este sumario, el pasado 3 de junio, confirma las salpicaduras a promotores inmobiliarios, políticos y empresarios que llevan años en el negocio de los residuos. Los jueces han imputado a 26 personas, y la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha acusado a otras 80 personas. La mayoría de los imputados son cargos públicos del PP, pero ni Mariano Rajoy, presidente de los populares, ni Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, han abierto la boca sobre este escándalo. Al contrario, dos de los principales implicados, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, alcaldesa y exalcalde, respectivamente, de Alicante, tomaron posesión de sus escaños en el Parlamento autonómico el pasado jueves. Ahora están aforados, y su futuro pasa por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Un tercer imputado, el todavía presidente de la Diputación provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, cuenta con muchas posibilidades de seguir en el cargo.

Ortiz le pagó un viaje a Creta al exalcalde y a una concejala en el 'jet' privado de la empresa de Vicente Cotino

El presidente de la Diputación, según la policía, recibió dos pisos valorados entre 800.000 y un millón de euros

Enrique Ortiz a una funcionaria del área de urbanismo: "Bueno, cariño, cúrramelo, trabaja para mí un poco"

El empresario Ángel Fenoll denunció la adjudicación de la contrata de basuras en la ciudad de Orihuela

En las grabaciones policiales hay más de 1.700 referencias a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo

El caso Brugal tiene dos derivadas. Una de ellas se centra en la concesión de la contrata de basuras de Orihuela y en la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos en la comarca alicantina de la Vega Baja. La otra investiga la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. Cuando se levantó el secreto del sumario de esta segunda parte del caso, la pestilencia de la corrupción y del dinero sucio llenaron la ciudad y las páginas de los periódicos. Las conversaciones mantenidas entre los personajes de esta trama salieron a la luz al conocerse las transcripciones de las grabaciones efectuadas por la policía, por orden del juez. Unas conversaciones en las que queda clara la complicidad existente entre el mayor promotor inmobiliario de Alicante, Enrique Ortiz; la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el exalcalde Luis Díaz Alperi, ambos del PP.

El 28 de junio de 2008, el poder político, empresarial y financiero de Alicante intercambiaba numerosa información sobre el futuro planeamiento urbano de la ciudad. A lo largo de ese día, Enrique Ortiz, promotor inmobiliario que controla directa o indirectamente el 70% del suelo urbanizable de Alicante; máximo accionista del Hércules CF; presidente del grupo Cívica, que gestiona diversas contratas municipales que van desde la recogida de basuras hasta la limpieza viaria, llama por teléfono a Quesada, responsable del equipo multidisciplinar que redactaba el nuevo PGOU, para hablar del proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez. La conversación cuenta con el visto bueno del entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, y de Sonia Castedo, concejala de Urbanismo en aquellos momentos y que pocos meses después, en septiembre, sería elegida alcaldesa tras la dimisión de aquel.

Finalizada la conversación, el constructor Ortiz informa al abogado urbanista Ricardo Sala del contenido de la misma, reclamándole confidencialidad. Poco después, la concejala Castedo llama al promotor autorizándole a reunirse al día siguiente con Quesada en la sede de Cívica. Más tarde, en el domicilio de Vicente Sala, presidente de la Caja del Mediterráneo (CAM), conversan Ortiz, otro promotor apellidado Caravaca y Jesús Muñoz, de la inmobiliaria Alicante Urbana. La jornada concluye con una fiesta en el yate de Enrique Ortiz a la que acuden Díaz Alperi y varios concejales del PP. El motivo: celebrar el archivo de una denuncia contra el alcalde, un concejal y el promotor por prevaricación, malversación de caudales y falsificación de documento público.

El retrato tóxico que hiciera Dashiel Hammett de Poisonville en Cosecha roja queda trasladado al Mediterráneo a través de un sumario en lo que ya venía conociéndose como caso Brugal, un escándalo que había estallado dos años antes en la comarca alicantina de la Vega Baja por la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela y del plan de tratamiento de residuos. Desde entonces, el promotor tiene pinchado el teléfono por orden del magistrado titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín. La policía encargada del seguimiento redacta una nota con lo sucedido ese 28 de junio: "Llamada Ortiz-Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio proyecto remodelación estadio Rico Pérez con la anuencia de

Alperi y Sonia Castedo. Llamada Ortiz-Ricardo Sala en la que Ortiz le informa confidencialidad reunión con Jesús Quesada. Conversación Sonia Castedo-Ortiz concediendo permiso para que Jesús Quesada se reúna al día siguiente en sede de Cívica. Reunión Ortiz-Jesús Muñoz-Caravaca-Vicente Sala en el domicilio del último. Reunión-celebración de Ortiz-Alperi-concejales de confianza en yate de Ortiz".

La redacción policial venía a confirmar las sospechas de un presunto trato de favor por parte del Ayuntamiento de Alicante hacia el promotor Enrique Ortiz. La Brigada de Blanqueo de Capitales mantuvo pinchado el teléfono del promotor hasta el 23 de enero de 2010, controlando todos sus movimientos. La investigación concluyó con una denuncia contra 21 personas por parte del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. A Ortiz, Alperi y Castedo les acusó de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El reciente levantamiento del secreto del sumario reveló el nivel de compadreo existente entre responsables políticos, municipales y autonómicos, financieros y empresariales. Alicante, a tenor de las conversaciones intervenidas, se había convertido en un gran solar a reparcelar a gusto de un promotor que no dudaba en presionar a políticos y técnicos municipales o halagarles con regalos si mejor convenía a sus intereses. Ortiz confiaba en dar un pelotazo de 120 millones de euros.

Pero el caso Brugal no solo estaba relacionado con el urbanismo de la ciudad de Alicante. Dos años antes, en marzo de 2006, Ángel Fenoll, un empresario viejo conocido del PP en la comarca alicantina de la Vega Baja (fue condenado por comprar votos para los populares), destapa la caja de los truenos al depositar ante el fiscal Briones una grabación con un concejal en la que se hablaba de un intento de soborno al entonces alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, y a otros tres ediles de esa ciudad. Fenoll actuó por despecho, enfadado porque, primero el Ayuntamiento orcelitano y después la Diputación de Alicante, le habían dejado sin el contrato de recogida de basuras en Orihuela y sin la gestión del tratamiento de residuos en la comarca, que, con un presupuesto de 380 millones de euros, le había sido adjudicado, qué casualidad, a Enrique Ortiz. El incendio que comenzó Fenoll le abrasó primero a él, que acabó en la cárcel -en el DVD que entregó a la fiscalía anticorrupción se autoinculpaba-, y después al presidente de la Diputación y del PP provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, que fue arrestado durante 12 horas junto a tres concejales del PP de Orihuela y siete empresarios. El motivo: la adjudicación irregular de la planta de basuras, sin que se haya descartado aún la posibilidad de blanqueo de dinero y financiación irregular de partidos políticos en la Vega Baja.

Enrique Ortiz se libró de pasar unas largas horas en comisaría porque se encontraba en los Sanfermines de Pamplona; pero su relación con el presidente de la Diputación y las jornadas estivales pasadas juntos a bordo de su yate fueron pronto conocidas. Una tercera persona, Rafael Gregori, amigo íntimo de Ripoll, desempeñó un papel destacado en una oscura operación en la que, según concluye la policía, participó Ortiz al hacerse cargo del pago de parte de unos pisos con que se compensaría al presidente del PP alicantino por haber decantado la balanza a favor del promotor. Gregori y Ripoll hablan sobre la contraprestación:

Rafael Gregori. Oye, vamos a ver, me hace falta que me digas las letras de los pisos que queréis.

Joaquín Ripoll. Espérate que te lo mire y te lo digo.

R. G. Míralo y me lo dices.

J. R. Espérate que lo tengo aquí al lado

R. G. Porque había varios quintos, ¿no?

J. R. Sí. Yo creo que eran, a ver...

R. G. Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no?

J. R. Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E.

R. G. El D y el E, ¿no?

J. R. El D y el E, sí.

R. G. Vale. El cinco D y cinco E.

J. R. Cinco D y cinco E. D de dedo y E de España.

R. G. Muy bien. Venga, pues yo te los dejo guardados.

Ambas viviendas están valoradas entre 800.000 y un millón de euros. Ripoll fue imputado por los presuntos delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El juez imputó a Ortiz por fraude y cohecho; a Rafael Gregori, por fraude, cohecho y tráfico de influencias, y a Ángel Fenoll, por cohecho, tráfico de influencias, fraude y delito fiscal.

Enrique Ortiz recuerda en sus comportamientos al protagonista de la película de Francesco Rosi I mani sulla città (Las manos sobre la ciudad). Un constructor inmobiliario, obsesionado por construir edificios, bloques y más bloques de viviendas. En la película hay corrupción, soborno, recalificación fraudulenta de terrenos, favoritismos... El promotor corrupto acaba convirtiéndose en el concejal de Urbanismo, a pesar del pacto entre el resto de los partidos para que no se ocupe esa delegación municipal. Ortiz no necesita ser elegido concejal de Alicante, le va mejor así. Las conversaciones grabadas en el caso Brugal revelan el poder que tiene sobre el área de Urbanismo de Alicante. El informe policial concluye que era "patente el continuo contacto del entorno del empresario con el personal de la gerencia de Urbanismo", y especialmente con Isabel Campos, jefa del servicio jurídico administrativo de ese departamento. La soltura con que se maneja el promotor llega a extremos como el de pedir a un empleado suyo que redacte un informe sobre un determinado proyecto urbanístico para que lo envíe a la jefa de la oficina téc- nica "que lo tiene que hacer como suyo".

Las conversaciones entre Ortiz y la funcionaria son frecuentes, lo que, para la policía, demuestra "la colaboración de los responsables de Urbanismo con el empresario". En una conversación intervenida, Ortiz habla con la funcionaria para que el Ayuntamiento apruebe el proyecto refundido del Plan Rabassa, que contempla la construcción de 13.505 viviendas. "Tiene que ir al próximo pleno", dice, a lo que responde Isabel Campos: "¿Tiene que ir al próximo pleno?, pues tendremos que correr". La conversación concluye de la siguiente manera:

Enrique Ortiz. "Bueno, cariño mío, pero cúrramelo, trabaja para mí un poco".

Isabel Campos. Bueno, ya veremos, eh...

E. O. Sí, trabaja para mí.

I. C. Que era de coña, que era de coña.

Ortiz termina: "Ya lo sé, ya lo sé".

Las relaciones entre Campos, la asesora jurídica de la Gerencia de Urbanismo, y el empresario Ortiz son frecuentes. Este le regala por Navidad un bolso, e Isabel le llama para darle las gracias:

I. C. Nada, que era para darte las gracias por el bolso, bueno, eso es, Maleles

[la esposa de Enrique Ortiz].

E. O. Qué bonito.

I. C. Hombre..., está bien, está bien.

E. O. ¿Te ha gustado?

I. C. Sí, sí.

E. O. Bueno, ¿cuándo vamos a comer juntos?

I. C. Cuando quieras.

E. O. Que te eche un poco los tejos.

I. C. Cuando tú quieras [riéndose].

E. O. En sentido profesional, los tejos profesionales.

I. C. Ya lo sé, ya lo sé.

La obsesión por el control del planeamiento urbano de Alicante guía la mayoría de las acciones de Enrique Ortiz. En junio de 2008 habla con Sonia Castedo y le dice: "Intenta tener el planito y me lo enseñas". A lo que la entonces concejal de Urbanismo responde: "Sí, sí, sí, mañana, mañana, nos vemos entonces". Un mes después, el empresario habla con un empleado de confianza suyo, Javier Llorens, y le dice: "Si te pregunta alguien si tienes el plano, le dices que no". A lo que este responde: "Ya lo sé". Ortiz le da más instrucciones: "Mírate ahora con el plano los suelos nuestros en qué situación se encuentran. Todos, incluso toma nota de los de la Cerámica, la Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten de verde, de azul... De lo que tú me digas para que nos den los aprovechamientos en otro lado. Míralo a ver dónde están que creo que los han pintado de gris y eso es nada". Ese mismo día, en otra conversación, Llorens le dice: "Otra cosa, del plan general hay un trozo, el más importante, pero falta otro: el de Aguamarga". Un Ortiz convincente responde: "Ya lo sé, me lo darán. Ya te lo daré". En julio de 2010, la policía registró las oficinas del promotor y encontró un pen drive propiedad de Javier Llorens que contenía los planos de la revisión del PGOU de Alicante.

Ortiz siempre ha pasado por ser un hombre con un poder extraordinario en el Ayuntamiento de Alicante, lo que ha provocado algún que otro encontronazo con la justicia a cuenta de algunas obras civiles y sus correspondientes modificaciones. Hasta la fecha, ha salido bien librado de los tribunales; pero ahora mismo se encuentra imputado en tres sumarios. Por el caso Brugal, en sus dos ramas principales: la basura de la Vega Baja y la revisión del PGOU de Alicante. Los delitos que se le atribuyen son tráfico de influencias, cohecho, fraude y uso de información privilegiada. El promotor también está imputado por el caso Gürtel, por la presunta financiación irregular del PP.

En diciembre de 2006, Ortiz aseguraba: "Por desgracia, no mando nada", y ya entonces era famoso por su control de la casa consistorial. En realidad, sus empresas, inicialmente dedicadas a la obra civil, comenzaron a despegar con la llegada de Díaz Alperi a la alcaldía de Alicante; sus relaciones fueron tan estrechas que la primera persona en enterarse de que este dimitía fue el promotor, como fue el primero en saber oficialmente que Sonia Castedo iba a ser la alcaldesa. Alperi le llamó en presencia de Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, desde el mismo restaurante en que se decidió la alternancia en el sillón municipal. Ortiz fue el primero en felicitar a Sonia Castedo. De hecho, muchos políticos de Alicante comen de su mano. Su relación con el poder es excelente.

Ortiz sabe cómo tratar a los políticos. "Les regalo un detalle", dijo un día a su mujer, "y los tengo a mi disposición". Una táctica que le sirvió a Álvaro Pérez El Bigotes en Valencia y al promotor en Alicante. Aunque algunos regalos de Ortiz son claramente el pago de un soborno, a tenor de lo que narra la policía. El patrimonio familiar de José Joaquín Ripoll se incrementó entre enero de 2008 y junio de 2010 en cerca de 1.300.000 euros. La policía asegura que el grueso de ese incremento corresponde a dos pisos situados en el ensanche de la ciudad o a su equivalente en metálico. Por lo que respecta a Luis Díaz Alperi, la policía está convencida de que el promotor le pagó un viaje a Creta a él y a la concejal Sonia Alegría en el jet privado de la empresa de Vicente Cotino con un coste de 37.500 euros. La investigación se extiende a tres bungalós en los que residen los hijos de Alperi. La hipótesis policial apunta a una empresa interpuesta y a un presunto falseamiento contable. Ortiz también puso 30.000 euros para que un hijo de Alperi entrara como socio en una nueva empresa de publicidad. Los agentes creen que las dádivas a Sonia Castedo, en forma de viajes vacacionales con gastos pagados, coinciden en el tiempo con gestiones efectuadas a favor del promotor durante la redacción del plan general.

Regalos recibieron, siempre según la policía, el consejero de Infraestructuras, Mario Flores: un reloj valorado en 2.000 euros que fue devuelto; el exalcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, también recibió otro reloj, valorado este en 20.000 euros, que habría sido pagado a medias por Ortiz y Antonio Solana, otro promotor con intereses en Benidorm. Hubo también otros regalos de menor cuantía, bolsos diversos para las concejalas del PP del Ayuntamiento de Alicante, la esposa del consejero Mario Flores y la consejera de Turismo, Belén Juste.

"Cómo le voy a decir que no a un político", se preguntaba Enrique Ortiz en este periódico allá por noviembre del año pasado. Cómo le podía decir que no Sonia Castedo, primero como concejala de Urbanismo y después como alcaldesa de Alicante, a un empresario a quien conoce desde hace 17 años -"cuando yo no era nadie"- y que ve perfectamente normal que, durante 21 meses, tanto responsables políticos como técnicos del Ayuntamiento de Alicante mantuvieran no menos de 21 reuniones en despachos oficiales o en domicilios privados con el principal promotor de viviendas de la ciudad. "Lo que ocurre", dice la alcaldesa Sonia Castedo, "es que de un tiempo a esta parte estamos convirtiendo en anormal lo que siempre ha sido normal".

La alcaldesa ve "normal" que su hermano trabaje para el despacho de abogados que asesora jurídicamente al responsable de la redacción del plan general porque "cuando se adjudicó a Jesús Quesada la redacción del PGOU, ese bufete estaba incorporado a la propuesta y en aquellas fechas mi hermano no trabajaba para ese despacho", y no le parece extraño mantener un contacto casi diario durante cuatro años con el promotor. Sí le molesta, aunque con matices, el tufo que despierta tanto compadreo, tanto regalo y tantos viajes. "Ahora que conozco esas conversaciones, sí, me molesta; pero si no las conociera, yo diría que habría sido una situación digamos que, entre comillas, bastante normal. Hay mucha hipocresía social y mediática porque ahora mucha gente parece que no conoce a Enrique Ortiz".

Pero en las conversaciones hay cosas que no parecen muy normales. En mayo de 2008, siendo concejala de Urbanismo, Ortiz llama a Castedo "para pensar qué hago, marcarme mi estrategia de todo", y le propone una entrevista en su despacho, pero la edil se niega: "No quiero que vayas al despacho, prefiero ir yo al tuyo, fíjate". Respuesta: "¡Ah! Que lo que quieres es que no me vean allí". Cierre: "No, no quiero que te vean allí, claro". Las cintas recogen la estrecha relación entre la actual alcaldesa y el promotor. Hablan sobre el proyecto de reforma del Rico Pérez, sobre la instalación de la multinacional Ikea en la zona de Rabassa, del malestar que tiene el empresario porque la redacción del plan general no discurre según sus intereses. En las grabaciones policiales hay más de 1.700 referencias a Sonia Castedo en las que expresiones como "te lo tiene que confirmar Sonia", "fue lo que nos dijo Sonia", "la Sonia va a ser el crack de la Comunidad", "Enrique nos diría si puede cuadrar o no puede cuadrar en función de lo que diga Sonia", "voy a hablar con Sonia y con lo que sea te llamo", "y si tienes que hablar con Sonia, te vas a hablar con Sonia".

El 22 de mayo, Sonia Castedo logró el mejor resultado en la historia de Alicante para el PP, pasando de 15 a 18 concejales. Sumó 15.000 votos más. El caso Brugal seguro que le ha afectado a su imagen, pero no le ha pasado ninguna factura en las urnas.

Con información de Santiago Navarro.