Cambio toga por bufete

A nadie se le oculta que la escena no deja de ser chocante. Seis imputados en el caso Gürtel son defendidos por abogados que no hace mucho tiempo eran jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Media docena de los acusados en la Operación Malaya corren idéntica suerte, la misma que el ruso Kalashov, considerado como un poderoso jefe mafioso y juzgado el pasado mes de noviembre en España por blanqueo de capitales: el juicio oral celebrado en la Audiencia Nacional contó con la presencia de tres abogados que hace unos años estaban en el otro lado. El constructor Francisco Hernando, conocido como El Pocero, es cliente en algunos litigios de un ex fiscal, al igual que importantes empresas han puesto en manos de ex magistrados el destino de algunos contenciosos. El salto de jueces y fiscales a la actividad privada es una decisión lícita que no deja indiferente a nadie. ¿Es un problema ético o simplemente estético?

"El trasvase al sector privado les permite usar circuitos privilegiados", dice el constitucionalista Jiménez Asensio

El último caso aparece con el nuevo año. El fiscal Ignacio Gordillo (que intervino en casos de terrorismo de ETA) abandona la Audiencia Nacional para trabajar en un despacho de Málaga especializado en el turismo residencial. No es el único fichaje de esta naturaleza que hace dicho despacho, que publicita en su página web que tiene entre sus filas a dos ex jueces de lo Mercantil y a dos ex abogados del Estado.

La fuga de jueces y fiscales al sector privado tiene una mayor relevancia cualitativa que cuantitativa. Estadísticamente, incluso, es un fenómeno irrelevante. Según el Consejo del Poder Judicial, sólo 10 jueces pidieron la excedencia en los últimos tres años, cuatro de ellos de lo Mercantil (sobre un total de 40). Y un número parecido (11) se ha dado entre los fiscales, según el Ministerio de Justicia. Son números despreciables atendiendo a la magnitud del colectivo (hay unos 4.500 jueces en España). Pero no tanto si se limitan a tribunales de cierta importancia y atendiendo a la trascendencia de los casos que allí se sustancian.

Algunos de los trasvases más significativos se han producido en los últimos años, justo el periodo en el que se han sucedido los asuntos de mayor calado de la reciente historia judicial española, sobre todo aquellos de relevancia económica. Cronológicamente, el primer salto notable a la actividad privada lo dio en 1995 el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, que fichó por el despacho Uría & Menéndez. Bueren instruyó junto a Garzón los primeros grandes sumarios contra el narcotráfico y el terrorismo. Dieron el salto también los fiscales Florentino Ortí (caso Banesto) al despacho de Garrigues y Luis Jordana de Pozas (casos de Mariano Rubio y Lola Flores) al de Cuatrecasas, que también fichó al juez Santiago Milans del Bosch. Aquellos fueron los primeros juristas mediáticos que dejaron la función pública para trabajar en el sector privado. Sin embargo, no fueron hechos aislados.

En el último lustro, el fenómeno se ha multiplicado. Fiscales de la Audiencia Nacional que han dado el salto van para la media docena: a los citados hay que sumar los de Dolores Márquez de Prado, Enrique Molina, Ignacio Peláez, Susana Landeras y el último, Ignacio Gordillo.

Teniendo en cuenta que fiscales en la Audiencia Nacional superan escasamente los 20 y que hay 15 fiscales en Madrid en la Fiscalía Anticorrupción, cualquier fuga es sensible. El caso de la Fiscalía Anticorrupción es llamativo: tres fiscales han dejado su puesto en los últimos años (Carlos Saiz, Daniel Campos y Javier Sánchez Junco). En el caso de los dos primeros se produjo una circunstancia anecdótica. Ambos se sucedieron en la instrucción del caso Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón imputado por delito fiscal. Campos es el único ejemplo de viaje de ida y vuelta: años después solicitó su regreso a la fiscalía.

José Antonio Choclán Montalvo entiende que el ciudadano observe con sorpresa estas situaciones. Choclán fue juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y solicitó la excedencia para fundar su propio despacho. Tiene entre sus clientes a Francisco Correa, el principal imputado en la Operación Gürtel: "He montado un despacho porque prefiero mantener mi autonomía. Es una decisión complicada, y comprendo esa sensación derivada de la ignorancia que hay sobre la profesión de abogado. Quizá la reflexión sería otra. Se ve al letrado como una prolongación del cliente, y no es así. Comprendo que a un ciudadano le pueda chocar o que piense que en ese fichaje de jueces o fiscales pueda haber un instrumento de influencia. Ese argumento tiene las patas muy cortas. Esa supuesta influencia es irreal. No funciona así". Choclán sostiene que el tránsito al bufete es un viaje de difícil retorno y entiende también que, además de las motivaciones económicas (jueces y fiscales perciben 86.000 euros brutos anuales de salario base), hay otros factores que pueden haber contribuido al fenómeno, entre los que está la politización de la justicia. "No hay una carrera judicial en España, donde la capacidad no garantiza el nombramiento. Me fui porque creo que puedo hacer algo más y, además, porque tengo cuatro hijos".

No es de la misma opinión Rafael Jiménez Asensio, experto constitucionalista de la Universidad Pompeu Fabra: "Esto va más allá de lo estético. Jueces y fiscales establecen una diferencia radical frente a los abogados. El trasvase al sector privado les permite utilizar circuitos privilegiados porque, en definitiva, no son vistos como abogados exclusivamente, sino como personas con un cierto parentesco, como miembros que han sido de la carrera. Que luego utilicen o puedan utilizar dicha influencia es otra cosa".

Jiménez Asensio es partidario de que se establezca un código ético de los jueces: "Deberían trabajar en esa línea, porque, en la situación actual, se establece un paralelismo perverso, se homologan con los funcionarios, con cualquier técnico de la Administración, cuando deberían haberse administrado medidas diferenciadoras". Manuel Villoria, de Transparencia Internacional, está de acuerdo con el código ético y pone el ejemplo de Francia, "donde la judicatura está mucho más cerrada. Allí se establece una especie de cuarentena, como sucede aquí en el caso de los políticos o altos cargos, pero en definitiva hay un comité ético que es quien regula las excedencias y cuyo incumplimiento supone un delito".

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece un sólo requisito para solicitar la excedencia voluntaria: un mínimo de cinco años en la carrera judicial. "Puede suceder lo que con los inspectores de Hacienda y los abogados del Estado", añade Villoria, "con altos porcentajes de funcionarios excedentes en empresas privadas".

A falta de un código ético, algunos fiscales y magistrados proponen alternativas. "En las juntas de fiscales", dice un miembro de la Fiscalía Anticorrupción, "hemos propuesto que quienes se marchen no puedan llevar ni asesorar en ningún asunto vigente en el momento de salir de la fiscalía". Pero mientras se endurecen las normas, algún fiscal ha tomado sus precauciones: "Hay fiscales que reciben a los abogados. Otros que no reciben a nadie. Yo recibo a todo el mundo, menos a ex fiscales y ex jueces".