Máxima presión

"Mirad cómo cambian las cosas de rápido. Hace unos años, se hablaba de España como de un milagro. ¿Quién querría ahora estar en su situación?". Ese oscuro presente al que aludía hace unas semanas el líder francés, Nicolas Sarkozy, es con el que tendrá que lidiar, en apenas un mes, el presidente del Gobierno que salga hoy de las urnas. La economía española le prepara un recibimiento por todo lo alto: otra recesión en ciernes, apenas dos años después de la que se ganó el apelativo de Gran Recesión, cinco millones de parados y todas las alarmas encendidas en los mercados financieros.

El último Consejo de Ministros antes de una convocatoria electoral suele ser tiempo de balance. Pero la apremiante crisis financiera, que ahora tiene en la compraventa de deuda pública su principal escenario, no está para juegos florales. El pasado viernes, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, se tuvo que emplear a fondo para rebatir lo que empiezan a plantear los mercados: ¿Necesitará España pedir auxilio a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para poder pagar su deuda? "No hay ninguna petición de rescate en nuestra imaginación, está absolutamente fuera de toda consideración", proclamó en su comparecencia ante la prensa.

Apenas dos años después de la Gran Recesión, se esfuma el crecimiento

El fantasma del rescate marca el último Consejo de Ministros

"La recuperación será lenta y dolorosa", apunta Manuel Balmaseda

La deuda privada y la sequía de liquidez impiden salir de la crisis como en 1993

Salgado se apoyó en el bajo nivel de la deuda pública (66% del PIB hasta junio) y del coste para el Tesoro (el interés medio de la deuda es inferior al 4% del PIB, cerca de los mínimos históricos) para despejar las dudas. Pero, aunque sea solo en la imaginación de algunos inversores, la idea ha ido tomando cuerpo esta semana: como resultado, el diferencial de rentabilidad con la deuda alemana rondó los 500 puntos básicos. Y el Tesoro tuvo que comprometerse a pagar más del 7% para colocar bonos a 10 años. Son los límites fronterizos del territorio del rescate, aquel que ya traspasaron Grecia, Irlanda y Portugal, países sometidos a duros ajustes a cambio de la concesión del crédito redentor.

El estado de excepción al que abocan la presión de los mercados y la fallida gestión política de la crisis -sendos Gobiernos de tecnócratas en Italia y Grecia, el futuro de varios países enganchado a la deuda que el Banco Central Europeo decida comprar cada día-, se transparentó en la cuestión más recurrente durante la última conferencia de prensa antes de las elecciones generales: ¿Hay algún modo de acelerar los plazos para que el nuevo Gobierno pueda tomar medidas ya?

"En democracia hay que respetar los tiempos que marca la ley", zanjó el portavoz del Gobierno, José Blanco, con manifiesta irritación. Esos plazos postergan la constitución del nuevo Ejecutivo un mes. Y también sus primeras decisiones. Porque los tradicionales cien días de gracia ni se contemplan. Los expertos consultados para este artículo relativizan el efecto de esa andanada inicial de medidas. "Para provocar una reacción positiva en los mercados, el Gobierno tendría que sorprender en su primer Consejo de Ministros con reformas mucho más contundentes de lo que se ha planteado", avisa Manuel Balmaseda, economista jefe de la multinacional Cemex.

"Por muchos ajustes que se hagan, lo prioritario es resolver la crisis de la deuda soberana, lograr mayor consenso en Europa", opina José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citigroup. "Las medidas que se adopten pueden ser correctas, pero lo más importante es tener capacidad para convencer a nuestros socios europeos de que afronten de una vez la crisis", añade.

Sara Baliña, de Analistas Financieros Internacionales, aboga por "distinguir entre lo urgente y lo necesario". "EE UU y Reino Unido, con malos datos económicos y mayores niveles de deuda pública, no tienen problemas para seguir endeudándose en los mercados", recalca Baliña, "tienen una flexibilidad operativa que ahora España no tiene". Esos mecanismos (fijación del tipo de cambio y de los intereses de referencia, intervención monetaria) se cedieron al Banco Central Europeo. Pero la crisis financiera ha dejado dolorosamente claro que la zona euro, con la política fiscal anclada en intereses nacionales, está muy lejos de ser una federación. Deshacer ese nudo sería lo urgente, la condición necesaria para dar vuelo a la recuperación.

La oferta electoral del PSOE para reanimar el crecimiento económico ha pivotado sobre esa idea. "La economía española puede salir perfectamente de esta crisis si no la ahogan financieramente con una mala política europea", clamó esta semana Felipe González, ex presidente del Gobierno y uno de los principales animadores de la campaña socialista. En el mismo frente, el candidato a la Presidencia, del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reclamado que la UE permita aflojar el ritmo de ajuste fiscal y desarrolle un plan de inversiones europeo para compensar el recorte de gasto en varios países. También, como buena parte de la academia, que el BCE dé tiempo a la convergencia fiscal pendiente con una compra masiva de deuda pública.

El candidato del PP, Mariano Rajoy, impulsado por el vendaval a favor de las encuestas, ha dado pocas pistas. Asegura que dará la pelea en Europa, aunque sin revelar sus propuestas; anticipa que, en caso de llegar a La Moncloa, habrá recortes generalizados, pero esquiva entrar en el detalle. Y blande la recuperación de la economía española en los años noventa, el inicio del prodigio que Sarkozy dio por acabado, cuya gestación Rajoy reivindica para el PP. "Que se vuelva a hablar del milagro español, y no de un país sometido a la tutela de Europa", arengó en un mitin.

La recesión de 1993 era, antes de esta crisis, la última etapa negra de la economía española. Tras una intensa crisis monetaria en Europa, los flancos más débiles quedaron expuestos (inflación descontrolada, déficit público recurrente, dependencia del exterior). El PIB se contrajo un 1% y el paro se disparó.

Por contraste con la situación actual, la salida de aquella recesión fue rapidísima. Cuando José María Aznar relevó a Felipe González en la Presidencia del Gobierno, en 1996, el crecimiento ya había llegado al 3%, después de tres devaluaciones consecutivas de la peseta. El nuevo Ejecutivo del PP prolongó el ajuste del gasto público iniciado en la anterior legislatura, con recortes de inversión y congelación del sueldo de funcionarios. Aceleró el programa de privatizaciones, liberalizó la venta de suelo y abrió al mercado algunos sectores, como las telecomunicaciones o la energía. Y Se agarró al cumplimiento del Tratado de Maastricht, paso previo al euro: las condiciones de financiación a la economía española pasaron de ser un obstáculo a ser un acicate, el nivel de deuda pública empezó a descender y el empleo a carburar, hasta sumar más de cinco millones de nuevos puestos de trabajo en dos legislaturas. Fue también el arranque de un modelo de crecimiento impulsado por el crédito fácil, el inicio de la burbuja inmobiliaria que estallaría en la cara al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El economista jefe de CatalunyaCaixa, Xavier Segura, minimiza los paralelismos con la situación actual, más allá del elevado nivel de paro. "No hay la opción de devaluar la moneda y el nivel de endeudamiento privado es ahora mucho más abultado", señala. "La diferencia esencial es que esta es una crisis financiera a nivel global, mucho más profunda. Y mucho más difícil de afrontar en países que acaban de tener una burbuja. El sobreendeudamiento del sector privado es algo muy distinto, que hace de la recuperación algo lento y doloroso", coincide Balmaseda.

Los resortes al alcance también son muy distintos de los que había en 1996. Además de haber perdido el control de la política monetaria, las privatizaciones ya no pueden dar tanto de sí (el PP recaudó casi 35.000 millones), los fondos estructurales de la UE han menguado, el lastre de las viviendas sin vender es mucho más pesado y hay una crisis bancaria en toda regla.

Pero, sobre todo, el nuevo Gobierno tomará el mando cuando la crisis se recrudece otra vez, no cuando la recuperación da los primeros pasos. El último pronóstico de AFI, en línea con las revisiones hechas por organismos internacionales y servicios de estudios privados, es una buena muestra: si ahora hay cinco millones de parados, el desempleo aumentará hasta los 5,4 millones en el arranque del próximo año. Y en el paso de 2011 a 2012 volverá la recesión, cuyo inicio se esquivó este verano por un pelo, según las primeras estimaciones estadísticas.

A los seis meses escasos de tomar posesión, en diciembre de 1996, el entonces vicepresidente económico, Rodrigo Rato, se permitió decir que la economía española estaba "en la mejor situación de estabilidad en 25 años", con una tasa de crecimiento respetable, inflación bajo control, condiciones financieras en franca mejoría y el paro en retroceso. Por descontado, la persona que sustituya a Elena Salgado al frente de Economía en diciembre no podrá decir nada parecido tras sus primeros seis meses en el cargo. De lo que decida la zona euro los próximos días, dependerá que su punto de partida sea más o menos desesperado. -