Democracia vigilada

EL MANIFIESTO presentado el pasado lunes por Álvaro Cuesta -secretario de Libertades Públicas del PSOE- con ocasión del 28º aniversario de la Constitución ha sido interpretado en medios eclesiásticos como una desabrida respuesta a la instrucción pastoral que aprobó hace tres semanas la Asamblea Plenaria del Episcopado para fijar sus Orientaciones morales ante la situación actual de España. Según el documento de los obispos, las instituciones democráticas estarían subordinadas a los dictados superiores de la razón natural, iluminada y fortalecida por la fe, de la que los prelados serían aparentemente los únicos y privilegiados intérpretes. Si los parlamentarios legislasen según su propio criterio, la sociedad entera quedaría a merced de las opiniones y los deseos de unas pocas personas que se arrogarían unos poderes cuasi absolutos "con el riesgo evidente de caer en el cesarismo"; el positivismo jurídico subyacente a esa equivocada teoría de la democracia representativa -añade el documento- sería la antesala del totalitarismo: la política degeneraría en "dictadura, discriminación y desorden", mientras que una sociedad desvertebrada resultaría una fácil víctima "de la manipulación, la corrupción y el autoritarismo".

El documento aprobado por el plenario de los obispos establece límites al poder legislativo de las mayorías parlamentarias y denuncia la invasión de España por el laicismo y el ateísmo

La cuestión no es sólo doctrinal sino también operativa. Los 78 obispos con derecho a voto de la Asamblea Plenaria -designados por cooptación- poseerían el monopolio de aplicar los principios de la ley natural y de la moral social a los casos concretos; los 350 miembros del Congreso -elegidos por los ciudadanos- deberían plegarse a la sabiduría cognoscitiva y ética de los prelados. La democracia vigilada por la Conferencia Episcopal -propietaria de una radio que emite mañana, tarde y noche mensajes de odio y llamamientos a la guerra civil- no permitiría ni el aborto, ni el divorcio, ni el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni la investigación con células madre. Y aunque la instrucción pastoral exhorte a respetar la autonomía y la libertad de la magistratura, el sinuoso portavoz de la Conferencia Episcopal aclara que "no es competencia de los jueces gobernar a la Iglesia", ni tampoco de los tribunales conocer la demanda penal contra el arzobispo de Granada acusado de injurias, calumnias y coacciones.

La teoría guía a la práctica: los obispos se han lanzado a la calle durante esta legislatura -en unión del PP- para defender sus tesis detrás de una pancarta. Después de las cuatro décadas de nacionalcatolicismo franquista disfrutadas por la Iglesia católica, la Conferencia Episcopal dice haber superado "cualquier añoranza del pasado", menciona los servicios prestados durante la transición y diagnostica el virus de la falsa democracia: la visión laicista y relativista de la vida. En la descripción de los efectos de ese "mal radical" resuena la oratoria sagrada: la descristianización de la vida personal, familiar y social, la promiscuidad y los abusos sexuales, la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia y la violencia en las escuelas y en las familias, etc.

Según los obispos, la desconfianza y el rechazo hacia la Iglesia en España serían ahora peores que el viejo clericalismo. Sirvan como ejemplo de esa intolerancia desdeñosa el discriminatorio tratamiento de la religión católica en la enseñanza pública (agravado con el reconocimiento como obligatoria de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía) y la cicatera asignación de fondos públicos a la Iglesia; dos cuestiones que provocan -dicho sea de paso- las críticas al Gobierno socialista de buena parte de sus votantes por razones simétricamente opuestas. Los obispos justifican su derecho a recibir recursos presupuestarios con el extravagante argumento según el cual la religión no es menos digna de apoyo que el deporte, ni los templos menos importantes que los estadios, para el bien de los ciudadanos. El manifiesto presentado por Álvaro Cuesta -Constitución, laicidad y educación para la ciudadanía- replica a esa mezcla explosiva de temores, reivindicaciones, lamentos y amenazas con la afirmación de que la libertad de conciencia y la autonomía moral, ideológica o religiosa de los individuos deben conciliarse con el mínimo común ético constitucionalmente establecido.