¿Cómo desea pagar?

Acabamos de conocer la magnitud del tortazo que se ha pegado la industria discográfica en España, con una caída de ventas cercana al 17% en el último año, y superior al 70% en el conjunto de la década. Pero también hemos visto por dónde va a ir la solución, porque la cuarta parte de este maltrecho mercado mundial ya fluye por las mismas líneas de descarga que causaron el problema en primer lugar. Esa cifra sólo puede crecer hasta el 100% en los próximos años, y la discusión no va a ser si los usuarios debemos o no pagar por la música, sino cómo preferimos hacerlo.

La opción de pagar por vía judicial -esto es, que el respetable tenga que gastarse en multas lo que se ahorra en precios de venta al público- no tiene mucho futuro, salvo quizá en Alemania. Ese país ya ha tramitado 100.000 procesos legales contra la gente que se descarga archivos de forma irregular, y ha logrado reducir el porcentaje de esos usuarios a un mero 6%.

Pero Alemania goza de un sistema judicial excepcionalmente eficaz, y ésa es la asignatura que tendrían que aprobar los demás gobiernos del mundo antes de empezar ni a plantearse una cifra parecida. Esto parece muy poco probable incluso en España, un país de conocido gusto por la judicialización de cualquier cosa (al menos de boquilla).

Hay, sin embargo, formas de persecución legal que casi no lo parecen, y que no dependen de ningún tribunal. Quien se baja archivos de manera ilegal recibe un aviso de su proveedor de servicios de Internet (IPS); a la segunda le cercenan su velocidad de conexión, y a la de tres lo echan de la red por un periodo más o menos insoportable.

Este sistema empezó a aplicarse con decisión hace un año en las economías asiáticas emergentes, como Corea del Sur. Países europeos como Francia y el Reino Unido ya han adoptado el ejemplo, y los demás iremos detrás, ya sea mediante reformas legales o acuerdos entre la industria discográfica y los proveedores de servicios de Internet (que son otra industria, por si alguien no lo había notado).

Pero la gran esperanza del sector no consiste en perseguir legalmente al pelotón, sino en ponerse en cabeza de él. Esto suele consistir en hacer pagar, y cada vez más, a la gente que se cree que no paga, que somos la inmensa mayoría. Apple, Google y los demás gigantes clásicos están ensayando fórmulas experimentales continuamente, pero la mayoría de los ojos seguramente están puestos en la sueca Spotify, una aplicación de streaming (no te descargas la música, sino que la oyes en línea) que ya utilizan más de seis millones de oyentes en Europa.

Spotify se puede usar gratis -la empresa se financia entonces con publicidad-, pero ofrece algunas ventajas al pagano, como librarse de los anuncios, ahorrarse el molesto requerimiento de ser invitado por otro usuario, o adquirir el derecho a descargarse las canciones (para oírlas por la calle, por ejemplo). Su catálogo es muy nutrido, e incluye discos enteros, y no sólo canciones sueltas.

Un dato curioso es que el servicio de pago de Spotify está disponible en 17 países europeos, pero el gratuito sólo lo está en seis. Y sí, España es uno de estos últimos. Quizá los suecos no hayan visto otra forma de introducirse en nuestro mercado. Pero fíjate que he dicho "introducirse". Y que también he dicho "mercado".