El sur busca su 'Gürtel'

El PP de Getafe presentó ayer en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid un escrito en el que acusaba al alcalde de Getafe, Pedro Castro (PSM), y a dos de sus ediles de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. En el ojo del huracán está la concejal de Obras y Servicios, Cristina González, sospechosa de favorecer en la adjudicación de la construcción de 461 aparcamientos a una cooperativa presidida por su marido, en la que además sus padres ocupaban los cargos de secretario y tesorera.

La visita de políticos del sur de la región a los tribunales no es una situación excepcional, sino más bien la regla: denuncias sonadas contra corporaciones municipales o alguno de sus componentes o ex componentes circulan por ayuntamientos como los de Móstoles, Leganés y Pinto. La política del cinturón rojo de Madrid parece profundamente judicializada.

Desde la moción de censura de 2008, en Pinto vuelan las citaciones

El escrito contra el alcalde de Getafe fue presentado en la fiscalía el mismo día en que Luis Bárcenas, tesorero del PP, declaraba sobre el caso Gürtel, trama de corrupción que también tejió sus redes en la Comunidad de Madrid y que está minando la imagen de la formación de Mariano Rajoy.

Esta clase de coincidencias han llevado a la indignación al PSM, que considera que el PP está cebándose en el sur -el sector de la región donde los socialistas acumulan más poder- para generar la impresión de que el PSM esconde más de un muerto en el armario, según coinciden varios alcaldes y concejales socialistas del sur.

Pero la proliferación de denuncias no puede considerarse exclusivamente el resultado de una estrategia del PP contra su adversario político. En los municipios en los que el PSM está en la bancada de la oposición también este partido tira a menudo de la toga de los jueces en busca de un poco de atención. Un caso con gran repercusión se dio en Móstoles, donde la portavoz socialista, Paz Martín, denunció al alcalde, Esteban Parro, del PP, por agresión.

La disyuntiva que se plantea es preocupante para la vida política: o bien las acusaciones son ciertas y los gobiernos locales se mueven en la putridez, o las oposiciones están intentando conseguir en los juzgados lo que no logran en los plenos municipales. No se sabe qué es peor.Carlos Delgado, de ULEG, uno de los políticos que más frecuenta los tribunales madrileños, argumenta: "No es que me guste judicializar la vía política, pero es que ante la deriva en Leganés se ha vuelto necesario". Se refiere principalmente al caso de las facturas de la campaña municipal del PSOE en 2007.

Tráfico de influencias, malversación de fondos y vulneración de la ley de partidos son los cargos que encierra la denuncia del PP contra el alcalde, Rafael Gómez Montoya, (contra quien también se querella ULEG), su esposa, ex directora de Medio Ambiente, y el ex concejal de la misma área.

Según la oposición, empresas que tienen contratos con el Ayuntamiento pagaron parte de la publicidad socialista en las elecciones municipales de 2007. Para demostrarlo exhiben copias de correos electrónicos y de facturas que los socialistas aseguran que son montajes y en las que se carga a empresas de servicios públicos el importe de anuncios de prensa de la campaña de Gómez Montoya.

Contra el argumento socialista de que el cerco judicial a los ayuntamientos responde a una estratagema popular, se pueden rescatar varios casos en los que son ediles del PSOE los que han tomado el camino de los tribunales. Los juzgados de Móstoles archivaron en el mes de junio la denuncia de la portavoz del PSOE local, Paz Martín, por el manotazo que le dio en el mes de febrero el alcalde, Esteban Parro, en el transcurso de "una agria reunión". Martín, que afirmaba que el alcalde la trató de "chavala", quiso convertir el asunto en un caso de agresión de género, y se presentó varios días en público con la mano vendada, ante la indignación del PP. Es el segundo litigio que la nueva líder socialista pierde en los juzgados tras una querella con un diputado socialista de una facción contraria que le acusó de tener "una inmobiliaria en su casa".

Incluso donde el PSM gobierna, ha recurrido a los tribunales para dirimir muchas de sus diferencias con los populares. Para demostrarlo, ahí está la elevación al Tribunal de Cuentas de las presuntas irregularidades cometidas en la gestión municipal durante el breve mandato del PP en Pinto. El actual alcalde, Juan José Martín (PSM), no admite partidas presupuestarias de la época de su antecesora, la popular Miriam Rabaneda, a quien acusa de dejar un millón de euros de gastos sin consignación y un millar de expedientes desfavorables.

El caso es que en Pinto vuelan las citaciones desde la moción de censura que en 2008 descabalgó del poder a los populares. Entre varias querellas interpuestas todos contra todos, destaca la que el PP presentó por sospechar que el PSM había comprado el favor de los concejales de IU (Carlos Penit) y Juntos por Pinto (Reyes Maestre) para auparse en el poder.

Pero, sin duda, la estrella emergente de la actualidad judicial pinteña es el caso Pinares. El PP se ha sumado como acusación a la cruzada judicial que ha organizado un abogado local contra el ex alcalde Antonio Fernández González y su hija, la actual concejal de Hacienda, Patricia Fernández. La denuncia, admitida a trámite por el juzgado de Parla, los acusa de haberse enriquecido al frente de una fundación de cooperación al desarrollo que gestiona 18 viviendas para necesitados que el Ayuntamiento de Pinto financió en una localidad argentina también llamada Pinto, y que los populares afirman que han sido vendidas a profesionales liberales.

Fernández es el presidente de la fundación desde que abandonó la alcaldía. El Ayuntamiento niega cualquier relación con la fundación, pero los populares insisten en que la agrupación municipal del PSM ha compartido durante años sede con ella, además de tesorero.

La denuncia recoge que las donaciones que empresarios del pueblo han hecho a la fundación han servido para pagarle a Antonio Fernández un palacete en Argentina que figura inscrito como sede de Pinares y cuyo jardín cuesta 5.000 euros al año.

Los jueces serán los responsables de separar el polvo de la paja. Determinar qué hay de realidad en las acusaciones y cuánto de estrategia política en este agosto judicial del sur de Madrid.