La oposición carga contra el PP en la Asamblea por el caso del espionaje

Sus señorías, los diputados de la Asamblea, mantuvieron ayer un alborotado debate sobre espías. Una tensa discusión, con reproches, advertencias más o menos oscuras y acusaciones incluidas, antes de decidir los términos de la comparecencia en el hemiciclo de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. A Granados le aguardan para que explique el alcance del caso de espionaje entre políticos de la Comunidad, desvelado por EL PAÍS.

El consejero acudirá, por petición propia, a la sede parlamentaria el próximo viernes por la mañana. Lo hará en formato comisión del ramo, y no en un pleno ante todos los diputados, como solicitaba la oposición. Y bajo un epígrafe poco prometedor: "Explicar las tareas de vigilancia de su consejería a edificios e instalaciones".

El portavoz popular califica los ataques de "práctica totalitaria intolerable"

Y ya de paso, se acordó que explique la gestión de su departamento el pasado 9 de enero, día de la intensa nevada en Madrid. Un conjunto de resoluciones adoptadas por la Diputación Permanente de la Cámara que, en opinión de Inés Sabanés, portavoz de IU, conforman "una tomadura de pelo".

En vista de que la discusión sobre los términos de la presencia de Granados estaba zanjada por la mayoría del PP, la oposición centró sus intervenciones en solicitar una comisión de investigación parlamentaria sobre el espionaje. "Los socialistas vamos a hacer de este asunto una prioridad política. Los recursos públicos no pueden usarse para acciones ilegales", advirtió Maru Menéndez, portavoz del PSM.

Una comisión que ninguno de los grupos opositores ha solicitado, hasta la fecha, por los cauces establecidos. "Lo vamos a hacer mañana [por hoy]", anunciaban fuentes socialistas, que justificaron la demora "en dar una oportunidad a Granados para que nos convenciese". No parecen, pues, convencidos.

Una vez decididos ambos grupos, socialistas e Izquierda Unida, a iniciar el trámite para pedir la investigación, la Mesa de la Asamblea será quien dé forma a la petición. En cualquier caso, no antes de una semana.

Ayer los argumentos populares los expuso David Pérez, su portavoz, que señaló como "una práctica totalitaria intolerable exigir a alguien a quien se le imputan acusaciones no demostradas que demuestre su inocencia". Izquierda Unida, a través de Sabanés, se preguntó entonces: "¿Cómo es posible que su secretaria general, María Dolores de Cospedal, pueda abrir una investigación y no pueda la propia Asamblea". Menéndez también se apuntó a ese razonamiento y añadió: "Hay hechos presuntamente ilícitos y debemos ser todos los ciudadanos, no sólo los del PP, los que conozcamos lo que ha sucedido".

Pérez replicó que nadie había solicitado esa comisión y que "los primeros interesados en conocer la verdad son los miembros del Gobierno regional, únicos espiados por el momento", y, además, lanzó algunas oscuras advertencias.

"A lo mejor nos llevamos una sorpresa y hay algo muy distinto a lo que ustedes [en referencia a la oposición] quieren dar a entender", dijo, misterioso, Pérez, antes de confiar a sus interlocutores que "hay medios que empiezan a hablar de la mano del señor Rubalcaba". En el Partido Popular madrileño hay dudas sobre la conveniencia o no de votar a favor de una investigación, informa Carlos E. Cué. El propio Granados, según fuentes próximas al consejero, parece partidario de ello.

Mientras la temperatura subía en el pequeño óvalo de la Asamblea, el líder de los socialistas, Tomás Gómez, reforzaba desde Ferraz las tesis de su portavoz, Maru Menéndez: "La Dirección General de Seguridad o es un cuerpo parapolicial, ilícito, o no tiene ningún sentido, porque la Comunidad no posee competencias en esa materia". Así, Gómez pidió su desmantelamiento "inmediato". El líder socialista, además, señaló que si el PP no acepta la comisión sería "muy sospechoso".

También quiso aportar su grano de arena al debate Juan José Güemes, consejero de Sanidad, y que ya calificó las informaciones de "basurilla". Güemes insistió ayer, mientas visitaba un hospital en Alcalá de Henares, en que la noticia "supone una gravísima ofensa para el Gobierno regional y una calumnia", informa Amaya Izquierdo. "EL PAÍS es muy libre de publicar una gran mentira, que luego no han podido sostener ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", señaló Güemes.

Sabanés y Menéndez coincidieron en afear a Güemes sus declaraciones. "Las algaradas de Güemes no sirven", comentó Sabanés. La portavoz socialista también fue muy explícita: "Han decidido matar al mensajero".