Una nueva ley endurece el castigo por agredir a los maestros

Los docentes serán autoridad pública en la región. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciará hoy durante el debate del estado de la región, que comienza esta mañana en la Asamblea, una nueva Ley de Autoridad del Profesor. El proyecto de ley, que llegará en las próximas semanas a la Cámara regional, recogerá, entre otras medidas, esta vieja reivindicación de algunas asociaciones de maestros, según fuentes del Gobierno regional.

La iniciativa de elevar el rango de los docentes ya la asumió el año pasado la Comunidad Valenciana y existe también desde hace unos meses, aunque sólo para los directores de los centros escolares, en Cataluña. En el caso de Madrid persigue el objetivo de reforzar la figura del profesor y restituir su autoridad, según las mismas fuentes. La presidenta regional también ha tenido en mente los actos vandálicos protagonizados por jóvenes que hacían botellón durante las fiestas de Pozuelo de Alarcón y considera que la prevención contra la violencia debe iniciarse en las escuelas.

Al ser reconocidos como autoridad pública, los profesores -al igual que jueces, policías o, por ejemplo, los pilotos y marinos al mando de una nave- cuentan con una protección especial. La agresión a uno de ellos está tipificada por el Código Penal como atentado contra la autoridad en los artículos 550 a 553, que recogen penas de prisión de dos a cuatro años.

Además, la autoridad pública tiene presunción de veracidad, lo que significa que la palabra de un maestro tendrá más valor que la de un ciudadano de a pie, en el caso de versiones contradictorias. También permite a la fiscalía perseguir de oficio los delitos cometidos contra estos docentes.La futura ley de Autoridad del Profesor es un paso más, según fuentes del Gobierno regional, en la estrategia en materia de educación de Aguirre, que viene reclamando desde hace tiempo que hay que fomentar la disciplina y aumentar la autoridad de los docentes. 'Aguirre ya dio un primer paso en este sentido con la aprobación del denominado decreto de convivencia', explicaron ayer desde el Ejecutivo regional. Esta normativa, aprobada en febrero de 2007, fijaba un régimen general para los centros educativos de la región, que debían desarrollarlo posteriormente en un reglamento interno. El decreto prohibía el uso del móvil o de la PlayStation en las aulas y establecía criterios generales para el cuidado de los colegios, o las sanciones en caso de indisciplina o faltas de asistencia, entre otras medidas. El decreto desató la polémica, porque Aguirre no buscó el consenso con los partidos de la oposición y ni siquiera fue discutido en el Parlamento regional. Unos meses después, en diciembre de 2007, el PP bloqueó con su mayoría en la Asamblea el debate de una iniciativa legislativa popular sobre convivencia, auspiciada por CC OO, UGT y la FAPA Giner de los Ríos que había recogido unas 72.000 firmas. La excusa fue que ya existía el decreto. Pero ahora Aguirre ha decidido darle otra vuelta de tuerca. Con el objetivo de implicar más a los padres de los alumnos en devolver la disciplina a los colegios, la Consejería de Educación va a imponer a los centros escolares la obligación de que informen de los reglamentos internos a las familias de sus alumnos durante el mes de septiembre. Éstas deberán devolver los textos firmados, para demostrar que los han leído y que aceptan sus términos. La otra medida estrella en materia de educación que va a anunciar la presidenta es la futura subida del sueldo de jefes de estudios y secretarios de los centros escolares. La incógnita es de dónde sacará el dinero.

Aunque ya lo hizo el año pasado con los directores de los colegios. Fue también un anuncio en el debate del estado de la región, aunque no entró en vigor hasta el pasado 1 de enero. Supuso un aumento medio de 320 euros en la nómina de los máximos responsables de los centros.

Al menos ésta fue una de las pocas promesas del debate del estado de la región del año pasado que Aguirre ha llevado a término. Por el camino se ha dejado las más importantes. Aún no se ha producido el que fue el anuncio estrella del año pasado, la privatización del 49% del Canal de Isabel II, aparcado por la crisis. Antes del verano, Aguirre explicó que la salida a Bolsa de la mitad de la empresa pública de aguas está paralizada por la situación económica, que perjudicaría la operación. Ayer avanzó que ya tiene los informes jurídicos, informa Europa Press.

Tampoco hay noticias del centro de convenciones que anunció a bombo y platillo, que iba a estar rodeado de instalaciones hoteleras. Y el tercer anuncio, la ley de libre elección de médico, está atrapada en la Asamblea. Antes del fin del periodo de sesiones se discutieron las enmiendas a la totalidad y, en septiembre, el curso se iniciará con el debate de las parciales. Su entrada en vigor depende de esta tramitación.