El argumentario de los populares miente sobre el origen del caso

El PP envía cada día un breve documento, que llama Argumentos para ganar, comentando los asuntos de actualidad. Se trata de que los diputados, senadores y cargos públicos den el mismo mensaje en sus intervenciones en los medios. El que distribuyó ayer se detenía en el caso del Severo Ochoa para exculpar al Gobierno de Esperanza Aguirre.

"Conviene recordar que la Comunidad de Madrid no ha sido parte en este juicio y en nada le afecta la sentencia sobre el caso de las sedaciones en el Hospital de Leganés. La Comunidad recibió una denuncia e hizo lo mismo que el Ministerio de Sanidad; esto es, la puso en conocimiento del Fiscal; ambas Administraciones cumplieron su obligación para garantizar la salud de los pacientes".

"Los informes de los peritos independientes concluyeron que se habían producido irregularidades en las sedaciones; también el informe de los forenses puso en duda algunos aspectos. El auto de la Audiencia se limita a señalar la irrelevancia jurídico-penal de la existencia o no de mala praxis y, en consecuencia, ha ordenado eliminar cualquier referencia a la misma", señala el texto del PP.

El argumentario está plagado de inexactitudes. La Comunidad de Madrid sí es parte del proceso, porque el entonces viceconsejero de Sanidad, Arturo Canalda, interpuso la denuncia el 24 de mayo de 2005.

Medidas cautelares

El escrito al juez decía: "Teniendo en cuenta la presunta trascendencia de los hechos dictaminados por la comisión de expertos y la posible concreción de indicios de presuntas irresponsabilidades en determinados facultativos, se interesa del órgano jurisdiccional competente que previos los trámites que pudiera estimar oportunos dictamine, sobre la eventual adopción de medidas que por parte del propio órgano judicial, de la administración autonómica o colegio profesional debieran adoptarse, en su caso, de manera cautelar".

La Comunidad llevó el caso al juzgado cuando la fiscalía iba a archivar el caso. Así, desactivó la investigación del fiscal jefe de Madrid, ya que cuando un juez entra en un caso lidera la investigación y el fiscal se aparta.

La denuncia de la Comunidad de Madrid recayó en el juzgado 7 de Leganés, que archivó el caso, aunque admitió que hubo "mala práctica médica". La Audiencia ordenó eliminar cualquier referencia a la práctica médica y archivó el caso.