El Ayuntamiento derriba cinco casas en la Cañada Real sin orden judicial

La situación en la Cañada Real Galiana se explica con una paradoja que permite al Ayuntamiento de Madrid derribar casas ilegales donde antes permitió empadronamientos legales. Ayer, el Consistorio pasó por las excavadoras otras cinco casas sin la pertinente orden judicial. La razón esgrimida por el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón es que todas ellas eran viviendas deshabitadas, donde no es necesario el auto de un juez para derribarlas.

Pero, al menos dos de ellas, tienen nombre y apellidos. Este periódico ha comprobado los empadronamientos de Youssef Chaawan y Abdellatif Bouzibat. Ambos documentos, emitidos por la Junta de Distrito de Vicálvaro, certifican que en esas dos casas, la 45 H y la 45 G, viven estos dos marroquíes. Según esos documentos, la orden judicial para demoler las viviendas habría sido necesaria.

"La policía debería buscar al que nos vendió el terreno", dice un hombre

Los antidisturbios tomaron la Cañada Real a las 9.30 y cerraron todas las entradas. Los agentes llamaron a la puerta de Abdellatif media hora más tarde y le pidieron que la desalojara. "No me ha dado tiempo a sacar nada más que algunas cosas", dijo ayer mientras señalaba sus pertenencias: una televisión pequeña, algo de ropa, un vídeo, una plancha y pocos enseres más.

Youssef Chaawan, primo de Abdellatif, habitaba en la casa de al lado con su mujer y sus dos hijos de cinco años y ocho meses. "La policía debería buscar ahora al que nos vendió el terreno donde vivimos, que se llevó muchos miles de euros en el bolsillo y nunca más apareció por aquí", se queja.

Los vecinos de la Cañada asistieron a algunos momentos de tensión cuando solicitaron la orden a los técnicos de la Concejalía de Urbanismo. Lidia, presidenta de una de las asociaciones de vecinos, les mostró los empadronamientos, pero Urbanismo procedió igualmente al derribo.

El enfado de los ocupantes de la Cañada Real Galiana, algunos de los cuales llevan en la zona desde hace más de 30 años, ha hecho que muchos de ellos empiecen a movilizarse. El pasado domingo, más de un centenar de personas se reunió en la sede de la asociación del Sector IV para estudiar posibles acciones legales contra el Ayuntamiento por los derribos.

Roberto Alonso Martín, un abogado que ya ha parado algunos en otros poblados chabolistas y que ya se ha hecho cargo de varios casos en la Cañada Real Galiana, comentó ayer que los vecinos están estudiando una acción conjunta.

La Cañada y otros asentamientos de infraviviendas en Madrid se han convertido en una foto con la que los políticos madrileños no quieren desayunarse. Sobre todo cuando llueve. Las últimas tormentas y los lodos que éstas traen consigo pintan una imagen de pobreza y caos que no casa con la moderna capital.

El fango también es un buen terreno para las acusaciones políticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer que pedirá al Ministerio del Interior que "extreme la prudencia y trate de evitar" que se produzcan asentamientos ilegales "en lugares que se pueden inundar", cuando llueve tan intensamente como lo hizo el pasado 22 de septiembre o el último fin de semana. La solución, según Aguirre, le compete a Interior.