Ataúdes para 263 condenados

Son documentos oficiales, llenos de palabras vacías. Los mismos sellos, las mismas palabras repetidas decenas de veces como en una tabla de multiplicar. El denominador que cambia es el número de ajusticiados. Tal día de 1939 fueron siete los condenados a muerte. Otro día, un par. Poco después, fueron quince los que cayeron ante el paredón en una sola jornada. Algunos de los caídos están identificados, con nombres y apellidos; otros, los más, son sólo cifras.

El Archivo Municipal de Alcalá de Henares atesora decenas de estos legajos. Son documentos en los que la Comandancia Militar solicita al alcalde de turno ataúdes para los ajusticiados. Un economista alcalaíno se topó con ellos hace años, como quien encuentra a un viejo amigo, mientras investigaba en el Archivo Municipal sobre otro asunto. "Soy economista, historiador sólo aficionado, de los malos", ríe al autodefinirse José María San Luciano. "También escribo". Una afición que, sumada a una curiosidad insaciable, le permitió sumar 263 ataúdes entre 1939 y 1941. Doscientas sesenta y tres cajas para otras tantas personas condenadas a muerte tras los juicios y consejos de guerra del franquismo en la posguerra.

Un historiador aficionado se topó con los datos por casualidad

Por aquel entonces, Alcalá de Henares debía de tener unos 15.000 habitantes. "Pero hay que tener en cuenta que aquí estaba la cárcel", apunta San Luciano, "por lo que habría más condenas". Los papeles en sí dicen poco acerca de los condenados republicanos. Pero en el envés de algunos pliegos constan, anotados por mano afanosa, los nombres de los ajusticiados. Tras las primeras decenas de muertos, la mano pierde su afán. Los muertos, tras noviembre de 1939, ya no tienen cara, se quedan en números. Los ataúdes posteriores a esa fecha que van asignados a nombres son raras excepciones.

"¿Qué he hecho con estos documentos?", repite San Luciano. "Nada, bueno, una columna para el Diario de Alcalá...". Se plantea qué ocurriría si el juez Baltasar Garzón pidiese a Alcalá de Henares que identifique a los desaparecidos y enterrados en fosas comunes de la ciudad, como ha solicitado recientemente mediante providencia a los ayuntamientos de Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla, además de a otros organismos. "Sería una investigación tediosa", imagina.

José María San Luciano reconoce que no llevó a cabo una investigación exhaustiva al respecto. "Fue curiosidad. Paso mucho tiempo en el Archivo, consultando datos, y me topé con esto", cuenta. "He recogido decenas de documentos, pero quizá no estén todos. Y éstos son sólo los de los dos años posteriores al final de la guerra", explica, mientras revisa el taco de folios. "El archivo es público, lo puede consultar cualquiera".

Según Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no hay datos precisos sobre el número de desaparecidos durante el conflicto y en la posguerra en la Comunidad de Madrid. "Bienvenidos sean estos nombres", comentaba ayer Silva. "Esos datos deberían ser inmediatamente puestos a disposición del juez Garzón. Son relevantes, hace falta un listado de ejecutados por la guerra", defiende.