280.000 usuarios de la sanidad privada pasan a la pública

Los médicos de los centros de salud madrileños tienen desde anteayer, 1 de enero, 280.000 pacientes nuevos, que se suman a sus ya apretadas agendas. El sindicato de médicos Femyts alertó ayer de que "la masificación va a resultar insoportable". Los facultativos calculan que para atender a esta población extra se necesitaría contratar entre 100 y 120 profesionales más. Algo que la Consejería de Sanidad todavía no ha hecho, ya que asegura que está esperando a ver qué centros de salud concentran un mayor número de nuevos pacientes. Serán ésos los que reciban los refuerzos.

La llegada de los 280.000 usuarios extra es resultado de la supresión de las colaboradoras, entidades que prestan atención sanitaria a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid (120.000 entre titulares y familiares) y a empresas como RTVE, BBVA, Banco Santander, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Altadis, entre otras. Se trata de una opción a la que podían acogerse desde los años sesenta grandes empresas, que ofertaban servicios médicos propios y obtenían a cambio un descuento en las cotizaciones a la Seguridad Social. El Ministerio de Economía ha incluido en la Ley de Presupuestos Generales de 2009 la desaparición de estos convenios de colaboración. Todos esos trabajadores, que antes eran atendidos por empresas privadas, pasan ahora al sistema público. La medida, por tanto, afecta a todo el Estado, aunque la mayor parte de las colaboradoras están en Madrid.

El PP presentó en el Congreso en noviembre pasado una enmienda a los Presupuestos en la que solicitaba al Gobierno que no eliminara el sistema. Los populares afirmaban que suponía "una presión añadida" sobre el sistema público y que provocaría un "colapso" en la sanidad madrileña. El consejero de Economía, Antonio Beteta, predijo en septiembre que las listas de espera "van a empeorar" en Madrid. Femyts también cree que la llegada de más pacientes va a saturar la ya desbordada atención primaria. "Se trata de una auténtica chapuza, de una falta de planificación imperdonable", critica el sindicato. "La Comunidad sabía hace meses que se suprimían las colaboradoras el 1 de enero", asegura su portavoz, Julián Ezquerra. Los nuevos usuarios todavía no tienen nuevo médico asignado. Son ellos los que tienen que ir a su centro de salud y elegir médico de cabecera y pediatra, afirma una portavoz de la Consejería de Sanidad, que añade que a los médicos que atendían a los usuarios de colaboradoras se les ofrecerá trabajar en atención primaria.

La Comunidad mantendrá "como prestación social" para sus funcionarios la atención especializada. Para el resto de trabajadores, habrá un "periodo de transición" en caso de que estén siguiendo un tratamiento, como quimioterapia o diálisis, que pagará la Administración. Por ejemplo, el BBVA también garantiza los tratamientos, las intervenciones y las hospitalizaciones hasta el 28 de febrero. Y los partos, hasta junio. Se trata de que el paso a la Seguridad Social y sus listas de espera "no sea brusco", afirma una portavoz del banco.