Un volantazo para recuperar crédito

El pasado domingo 24 de enero, el palacio de la Moncloa abrió sus puertas a una reunión secreta. Los líderes sindicales de UGT y CC OO acudieron discretamente y por separado a la llamada del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo de la cita, según fuentes cercanas a los participantes a las que ha tenido acceso EL PAÍS, era darles a conocer, al menos en parte, el cambio de rumbo en su política económica, esto es, informarles de primera mano de las reformas que podían dinamitar la paz social del país. No era un asunto menor. Ni una decisión tomada a la ligera: Zapatero tenía en mente la reforma laboral y del sistema de pensiones, y un plan de austeridad de 50.000 millones de euros. Todo un arsenal. Esa reunión marcó el inicio de dos de las semanas más difíciles de Zapatero y sus ministros en sus seis años al frente del Gobierno de España, acuciados por los pésimos datos coyunturales, las severas críticas en la prensa internacional, el acoso político interno y no pocos errores propios que les han dejado hundidos en las encuestas.

Zapatero sabe que ha llegado la hora de tomar medidas impopulares

Zapatero, según fuentes de su entorno consultadas por este periódico, había madurado su nueva estrategia en los últimos meses a golpe de cuadros macroeconómicos poco alentadores. Habían influido en él, además, personas de su equipo más cercano y de los círculos económicos de La Moncloa y sus satélites. Tanto en el Ministerio de Economía como en la Oficina Económica del presidente, la cosecha de malos datos acumulados (PIB en recesión, deuda y déficit disparados, paro del 19%) y el giroscopio de los mercados internacionales llevaban tiempo disparando las alarmas y habían dado aliento suficiente a la ministra de Economía, Elena Salgado, para defender un golpe de timón que tuviese el suficiente brío como para evitar el mayor de los temores: una caída a la griega. Había que lanzar un mensaje de confianza hacia el exterior. Una medida contundente capaz de disipar las dudas de los mercados financieros sobre España.

Zapatero dio el apoyo a este arsenal de medidas en enero. Para ello, según fuentes cercanas a La Moncloa, no sólo tuvo que vencer las reticencias del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sino también las del titular de Industria, Miguel Sebastián, comprometido en la política de subvenciones a la industria del automóvil y partidario de aplazar las medidas de austeridad, además de las de algunos barones regionales temerosos de sus expectativas electorales para 2011. Corbacho, que se enteró de la decisión de aumentar la edad de jubilación tan sólo unos días antes de que se llevara al Consejo de Ministros del pasado 29 de enero, se opuso, según ha podido saber EL PAÍS, a ampliarla a los 70 años, pero estuvo de acuerdo en un término medio, en los 67 años que finalmente se hicieron públicos, según cuenta un ministro para desmentir que Corbacho haya sido obstáculo a la reforma del sistema de pensiones. En general, Zapatero no encontró voces críticas en su Gabinete. Menos complacientes fueron los sindicalistas Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT).

En la reunión a puerta cerrada celebrada en La Moncloa aquel 24 de enero, ambos escucharon al presidente desgranar sus argumentos sobre las pensiones y los cambios que necesitaba España. Pero no les convenció. Toxo y Méndez, conscientes de lo que se jugaban, expresaron su rechazo a las medidas menos populares, como el retraso en la edad de jubilación. Y al salir de La Moncloa no hicieron público lo que ya sabían. El día del anuncio oficial se mostrarían debidamente sorprendidos.

Zapatero, por su parte, sacó la sensación de que, pese a la negativa de los líderes sindicales, no se iba a encontrar una respuesta dura en la calle. Podía dar, por tanto, el siguiente paso. Llevar la primera medida al Consejo de Ministros. Había que darse prisa. El mismo 26 de enero, con Grecia cayendo en barrena, el Fondo Monetario Internacional volvió a mostrar la debilidad económica de España al señalar que su recuperación era demasiado endeble. O peor aún: que era la única gran economía occidental que continuaba en retroceso. De mal en peor.

Y llegó el 29 de enero. El Consejo de Ministros. La vicepresidenta económica anunció el retraso en la edad de jubilación y, aunque pasó inadvertida, también deslizó una bomba de relojería, según fuentes próximas al Ejecutivo: el Gobierno de la nación se planteaba ampliar el cómputo de las pensiones, actualmente cifrado en los últimos 15 años de la vida laboral. Un cambio que, de llevarse adelante, implicaría una reducción en la cuantía de las pensiones futuras. Pero este mecanismo tardaría en estallar; en ese momento, en ese fin de semana, todas las miradas se concentraron en la reforma de las jubilaciones, uno de los grandes tabúes de la política económica española. Zapatero tenía que explicarlo a un boquiabierto PSOE. Ese sábado 30 de enero tocaba Comité Federal. Los barones aguardaban una explicación. A la mayoría le había sorprendido lo que, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, bautizó como "el pensionazo".

Fue el sábado 30 de enero por la mañana, en el número 70 de la calle de Ferraz. José Luis Rodríguez Zapatero escuchó con atención las intervenciones de sus coroneles. El debate en ese Comité Federal se movía entre la sorpresa y el desasosiego. Algunos dirigentes se atrevieron a tomar la palabra y preguntar por qué, por qué ahora. En La Moncloa y en el Ministerio de Economía conocían muy bien la respuesta. Llevaban meses conociéndola. Ya en diciembre, cuando el proyecto de Presupuestos iba viento en popa y la Ley de Economía Sostenible acababa de salir del horno, Grecia encendió la mecha en el mercado de la deuda pública. Los expertos daban por hecho que el mayor esfuerzo público en la historia económica reciente acabaría pasando factura. Lo que pocos preveían es que los mercados empezaran a castigar tan pronto las emisiones de deuda de los Gobiernos occidentales. La Comisión Europea y las agencias de calificación dejaron en evidencia el grave deterioro de las cuentas públicas griegas. Y, casi de inmediato, como si los inversores hubieran aguardado una señal, la incertidumbre y la especulación descargaron sobre varios países europeos, con España a la cabeza.

La propia agencia de calificación Standard&Poor's avisó de una posible rebaja del rating de la deuda soberana española, a la que ya había apeado de la triple A, la máxima nota, un año antes. Bastó un anuncio de lo posible para que el diferencial con el coste del bono alemán se disparara. La deuda pública española aguantó de pie el primer asalto (fue mucho peor para Irlanda o Portugal), pero el mensaje ya se había lanzado: ante cualquier sospecha sobre la viabilidad de las finanzas públicas en Europa, los inversores castigarían, con razón o sin ella, a los títulos españoles.

Pero volvamos al Comité Federal del PSOE. El presidente, que presumiblemente tenía todos esos datos muy presentes, miró a los suyos, dejó claro que no temía el debate y se lanzó a una inusual reflexión sobre las incertidumbres que amenazaban a la economía: "Tenéis que saber que en estos momentos está en cuestión la valoración de la marca España. Ahora los mercados financieros están inundados de papel, de países colocando deuda y esa deuda cuesta dinero. ¿Cómo creéis que se establece esa baremación sobre el bono alemán en el coste de la deuda para cada país? Se hace en clave de marca-país". Zapatero, según recuerdan algunos asistentes, intentó ser didáctico, convincente. Trató de reducir la inquietud y de convencer de la necesidad de mandar señales a los mercados financieros para que confíen en España: señales potentes como el plan de austeridad y la reforma de las pensiones. Nada dijo en ese momento de las claves de la reforma laboral. Eso tocaba la semana siguiente. Aquel día, la pelota estaba en el campo de las jubilaciones. Y junto a la necesidad, Rodríguez Zapatero, político curtido, apeló a la responsabilidad. "Lo hacemos desde la responsabilidad. Los problemas no llegarán hasta 2020 o 2025 y yo podía haberlos traspasado a otro Gobierno. Incluso en el caso de que sigamos gobernando hasta 2020, aunque eso puede resultar excesivo", ironizó, "podría dejar la solución a Gobiernos posteriores, pero como ejercemos la responsabilidad, lo planteamos ahora".

"¿Por qué ahora?", insistieron algunos dirigentes socialistas. Tenían la vista puesta en las elecciones catalanas y en los comicios locales y autonómicos de 2011. Eran asignaturas difíciles. Las encuestas llevaban más de un año castigando al PSOE, a su presidente, a algunos de sus Gobiernos autónomos. Como el andaluz, el gran feudo y granero socialista. Había miedo. Se pueden perder elecciones.

¿Por qué ahora?

Para Zapatero, según han confesado a EL PAÍS fuentes de su entorno más cercano, fue un momento difícil. Después de meses insistiendo en que la crisis no tendría ningún coste social, costara lo que costara, ahora le tocaba defender ante los suyos un giro radical que consistía, básicamente, en tomar medidas que muchos ciudadanos, por más que alguna de ellas no tuviera efecto hasta dentro de muchos años, no iban a entender. Algunos líderes socialistas presentes en el acto han confesado que en ese instante comprendieron la dificultad del momento que vive la economía española y que los primeros tropiezos con la prensa europea, por ejemplo, al asumir la presidencia europea, y algunas señales llegadas desde los mercados no eran sino la espuma de algo más grave. Para otros, según testimonios recogidos por EL PAÍS, la línea de actuación que Zapatero defendió en ese comité era más que discutible.

¿Por qué ahora? Pero ya era tarde para preguntar. El primer mensaje diseñado por el equipo económico de Zapatero había sido lanzado. El terror del presidente a una contestación en la calle fue sustituido por otro terror no menor: el riesgo de que España reproduzca la crisis griega y aparezca en el horizonte el fantasma de la suspensión de pagos. Pese a que hasta el último momento intentará mantener calmados a patronal y sindicatos -el documento de reforma laboral presentado el pasado viernes es un conjunto de epígrafes y buenos deseos que, precisamente por su inconcreción, fue recibido bien por los agentes sociales-, está claro que Zapatero y su equipo económico son conscientes de que no sirve de nada tener calmado el patio interior si fuera, en los mercados, te están machacando. El recorte de 50.000 millones de euros en gastos e inversiones es otra dolorosa medida adoptada en ese mismo sentido.

Pero mientras algunos contienen el aliento a la espera de ver el efecto de las primeras medidas en los mercados, en esos circuitos que deciden la suerte financiera de países como Italia, Portugal, Grecia, el resultado no puede ser peor. Si ya la prensa financiera internacional ha empezado a situar a España en el contingente de los alumnos poco fiables, una nueva sacudida va a enturbiar aún más las aguas financieras. El documento enviado por el Gobierno a Bruselas dentro del programa de Estabilidad para 2009-2013 incluía que el cómputo para calcular la pensión se ampliase de 15 a 25 años, lo que supone la rebaja de las prestaciones.

La medida, que hasta entonces había permanecido en la penumbra, sale en la web de EL PAÍS en la mañana del 3 de febrero, poco antes de las once. Todos los grandes medios la recogen. Horas después, el Gobierno, para sorpresa general, eliminó el párrafo del nuevo cálculo, pero no el planteamiento base: ampliar el periodo de cómputo. Al mismo tiempo, para redondear la imagen española, desde Bruselas, el comisario Joaquín Almunia afirmó que España tenía problemas similares a los de Grecia. Al día siguiente, los mercados se cebaron con España. La Bolsa sufrió su peor caída desde otoño de 2008, los sindicatos anunciaron que saldrían a la calle por la reforma de las pensiones y, otra gotita, el CIS revela que Zapatero dejaba de ser el líder más valorado y le otorgaba la peor nota desde que llegó a La Moncloa (3,8).

Pero la esperanza aún no se ha perdido en el Gobierno. El combate es largo y queda partido para jugar. Ahora, el objetivo es convencer a toda costa a los inversores extranjeros, cometido que llevará a Elena Salgado y su secretario de Estado, José Manuel Campa, a un tour por las principales plazas financieras para explicar sus planes. La City londinense, el próximo lunes, será la primera parada. Los mercados tendrán la última palabra.

Con información de Luis R. Aizpeolea, Anabel Díez, Alejandro Bolaños y Miguel Ángel Noceda.