"Cuando vi las obras de mi casa me asusté"

"Cuando vimos las obras nos quedamos asustados. Aquellas pendientes no tenían nada que ver con la maqueta que nos habían enseñado", lamenta Bernardo González, dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anulase el plan parcial de la urbanización donde había comprado su primera casa. "Era previsible. Yo no soy ningún entendido en urbanismo, pero cualquiera que pasara por allí delante entendería que aquello no podía ser", añade.

Lo que asustó a Bernardo fue la "dentellada al monte" que, según la sentencia del tribunal, tuvo que realizar la constructora para "incrustar" 400 viviendas en las tripas de una montaña, en la zona del Alto del Cuco, en Piélagos (a 10 kilómetros de Santander) y en el entorno del parque natural de Liencres. Bernardo debería recoger sus llaves el mes que viene, pero ha perdido la esperanza de vivir en el piso por el que pagó 228.000 euros (38 millones de pesetas).

De prosperar los recursos, sería la quinta sentencia de demolición en el pueblo

Manuel Rodríguez sólo desea recuperar su dinero y olvidarse de la casa. Compró un chalé adosado en la urbanización Costa Verde en octubre de 2005. Para entonces, ya estaba en marcha el proceso judicial, pero no se les informó de ello. "La promotora nos dijo que aquello iba a ser como una miniciudad, que iban a construir un centro comercial, otro para la tercera edad y que iba a quedar todo precioso en la ladera de la montaña, pero de los procesos judiciales en curso, nada de nada".

Un portavoz de la promotora, Fadesa, confirmó ayer a este periódico que se informó de las denuncias interpuestas contra la urbanización "sólo a los que preguntaron por ello", y añadió que, según una cláusula de los contratos, los compradores pueden recuperar su dinero en caso de que se anulen las licencias de obra. Fadesa va a recurrir la sentencia y está estudiando emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Piélagos, que le concedió las licencias.

La asociación ecologista Arca, la misma que presentó el recurso contra el plan parcial de la urbanización, ha recurrido una por una todas las licencias de obra de Costa Verde. Si, como ha ocurrido con otros procesos similares, el tribunal da la razón a los ecologistas, el alcalde, Jesús Ángel Pacheco, (PP), se enfrentaría a la quinta sentencia de derribo en este municipio de 16.600 habitantes, que gobierna desde hace 18 años.

"La Consejería de Medio Ambiente hizo un informe favorable y luego la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, otro desfavorable. El estudio del impacto ambiental es algo subjetivo. Que cada uno asuma sus responsabilidades", zanjó ayer el alcalde, que se aferra al estudio favorable de Medio Ambiente, porque si el proceso acaba en otra sentencia de derribo con el Ayuntamiento como único responsable, Pacheco se enfrentaría a unas indemnizaciones que arruinarían el presupuesto municipal.

"El consejero de Medio Ambiente apoyó nuestro informe. Lo que no puede hacer el alcalde es escoger los informes que le vienen bien y rechazar los que no", explicó la directora general de Urbanismo de Cantabria, Miriam García. "La máxima autoridad urbanística de Cantabria es la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y esta comisión intentó en dos ocasiones que Pacheco desistiera de esta locura urbanística. Primero, con un informe desfavorable y después mediante un requerimiento para que anulara el plan parcial. Hizo oídos sordos y ahora hay 400 familias perjudicadas por la sinrazón de un alcalde", explicó el consejero de Presidencia y Urbanismo del Gobierno cántabro, Vicente Mediavilla, (PRC). "Hay que paralizar las obras y evitar que la bola de sufrimiento vaya creciendo", añadió.