Un penal al margen de la ley

El presidente electo de EE UU, Barack Obama, se ha comprometido a cerrar Guantánamo. También prometió hacerlo su rival, el republicano John McCain, si hubiese ganado. El repudio a uno de los símbolos más oprobiosos del mandato de George W. Bush ha conseguido generar así una rara unanimidad. Al final, como sucede con todos los atajos legales, Guantánamo no sólo ha dañado gravemente la imagen de EE UU en el mundo, sino que, lejos de solucionar problema alguno, se ha convertido él mismo en un grave problema.

Fue el secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld quien eligió un pedazo de 116 kilómetros cuadrados al sureste de Cuba para instalar allí un limbo judicial, una ciudad sin ley donde talibanes y sospechosos de terrorismo permanecerían encerrados indefinidamente sin derecho alguno. El sistema se basaba en una ficción legal: en teoría, la bahía de Guantánamo está bajo soberanía cubana y EE UU sólo dispone de un alquiler a perpetuidad. En la práctica, este pedazo de Cuba fue arrebatado en la guerra hispano-estadounidense de 1898 y su cesión impuesta al recién nacido Estado independiente. Guantánamo no es EE UU, pero tampoco Cuba.

La Justicia de EE UU ha reconocido derechos a los presos en la base de Cuba

A la extraterritorialidad de la base se sumó la de los propios internos. Con su decisión de declararlos "combatientes enemigos ilegales", Bush les arrebató su estatuto legal: la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra. A partir de ahí hubo cancha libre para aplicar técnicas de interrogatorio -temperaturas extremas, falta de sueño, ruido ensordecedor- que un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja calificó como "equivalentes a tortura".

Los tribunales de Estados Unidos han necesitado más de un lustro para ir desmontando este andamiaje. Cada vez que se anulaba una ley, la Administración Bush aprobaba otra equivalente. Las sentencias que beneficiaban a los reclusos eran recurridas y su ejecución, aplazada. Pero finalmente, en junio pasado, el Tribunal Supremo les reconoció su derecho al hábeas corpus; es decir, a ser oídos por el juez y a saber de qué se les acusa. En aplicación de este fallo, el juez federal Richard Leon decretó el pasado día 20 la puesta en libertad de cinco argelinos recluidos en Guantánamo.

El Tribunal Supremo español no necesitó tanto tiempo para condenar Guantánamo. En julio de 2006 dictó una sentencia en la que aseguraba que "la detención de cientos de personas sin cargos, sin garantías y, por tanto, sin control y sin límites, custodiados por el Ejército de Estados Unidos, constituye una situación de imposible explicación y menos justificación". Calificó su régimen de "Derecho Penal del Enemigo", en el que "las penas son de tal gravedad que desbordan la idea de ponderación, mesura y límite que conlleva el Derecho Penal". En consecuencia, el Supremo consideró "totalmente nula y como tal inexistente" cualquier diligencia o prueba obtenida en Guantánamo, donde policías españoles viajaron para interrogar a Hamed Abderrahaman, el llamado talibán español, quien finalmente fue absuelto.

Guantánamo no es, sin embargo, más que la punta del iceberg de una política que ha incluido Abu Grahib, las cárceles secretas, los asesinatos selectivos, los vuelos de la CIA (que sirvieron con frecuencia para secuestrar a sospechosos y entregarlos a países que practican la tortura), las escuchas sin control judicial y un largo etcétera.

El problema al que se enfrenta Obama es cómo dar marcha atrás a esta política sin bajar la guardia ante el terrorismo yihadista (que esta semana ha golpeado en Bombay a través de uno de sus múltiples tentáculos) y cómo devolver al mundo a los 250 reclusos que siguen en Guantánamo. En tierra de nadie.