La paralización de una urbanización enfrenta al presidente de Murcia con un constructor

El proyecto de urbanización de 4.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo en la finca protegida de La Zerrichera (Águilas) se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP). El promotor de la urbanización, Trinitario Casanova, es amigo del consejero de Valcárcel que aprobó la obra -en un espacio protegido por la UE-. Y ahora que la aprobación está en los tribunales, Casanova cargó la responsabilidad sobre Valcárcel: " ¿Acaso en esta comunidad se hace algo importante sin que su presidente lo sepa?". El presidente ha replicado públicamente, alentando la polémica: "No le debo nada a nadie, a ningún empresario ni a nadie".

El plan está paralizado. Un tribunal ha suspendido cautelarmente la obra y, tras el escándalo, hace casi dos años, la Comunidad también la frenó a la espera de elaborar un plan de gestión del terreno protegido. Además, un juez ha imputado a cinco altos cargos del anterior ejecutivo de Valcárcel por la tramitación.

El promotor es el conocido empresario alicantino Trinitario Casanova Abadía, amigo personal del consejero de Política Social murciano, Joaquín Bascuñana. Éste, en su etapa en Obras Públicas, firmó el documento definitivo que permitía construir la urbanización en las 260 hectáreas de la finca, calificada por la UE como Lugar de Interés Comunitario y Zona Especial Protección de Aves.

Casanova, presidente del Grupo Hispania, atacó recientemente al presidente murciano, a quien consideró el principal responsable de los trámites para sacar adelante el proyecto: "En ningún caso caigan ustedes en la mezquindad de utilizar la palabra amigo en un asunto en el que, desde el primer día, cada paso que se ha dado se ha hecho con rigor y a todas luces. ¿Acaso piensa usted que en esta comunidad se hace algo importante sin que su presidente lo sepa?, ¿por qué se intenta destruir lo que antes se ha construido?", declaró al diario La Opinión de Murcia.

El promotor descargaba así la responsabilidad lejos de su amigo Bascuñana -con el que se dejaba ver en los toros mientras le aprobaba la urbanización- y lanzaba la sospecha hacia el presidente murciano. Valcárcel no tardó ni unas horas en contestar: "Yo no le debo nada a nadie en esta Región, a ningún empresario ni a nadie. No me da miedo nada que no sea faltar a un precepto legal".

A la vez, el promotor reclamó al Gobierno regional en un escrito 180 millones de euros como compensación a la paralización.

El escrito critica duramente al consejero que paralizó el plan, el de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader. "Queremos que el Ejecutivo murciano anule su cambio de criterio que de una manera totalmente artificial y maliciosamente dirigida produce un enorme perjuicio a Hispania, tanto por la demora producida por la suspensión del expediente, como por la inseguridad jurídica originada por la aparición de este novedoso plan de gestión", sostiene el escrito.

El consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader, rechazó las acusaciones del empresario, aunque apuntando al responsable de la aprobación ambiental del proyecto, el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués. Mercader, que se ha ganado una fama de haber llevado la cordura a la consejería, insiste en que la tramitación es previa a su llegada.

Hispania asegura que la recalificación "dio lugar a varias operaciones mercantiles condicionadas a este hito urbanístico, que se están viendo seriamente afectadas". El promotor se refiere a la compraventa de los terrenos a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa).

'Pelotazo'

La reclasificación del suelo fue un pelotazo, como confirma la Kutxa en un comunicado. La entidad hizo en octubre de 2005 un primer pago al Grupo Hispania de 23,2 millones de euros como anticipo por la compra del paraje de La Zerrichera. A través de su empresa Inverlur también adquirió "el compromiso" de pagar otros 105 millones de euros más IVA por la finca a través de distintos pagos "supeditados al cumplimiento de determinados hitos urbanísticos", que "no se han producido".

El promotor alicantino compró los terrenos por unos 30 millones, lo que elevaría el beneficio a más de 100 millones, y sin poner un ladrillo. Ahora, la paralización del plan le podría llevar hasta al abismo, pues tendría que devolver el dinero adelantado por la caja vasca.

Además de por la consejería, el proyecto está suspendido cautelarmente desde septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que justificó esa paralización en los "valores ambientales" de la zona afectada y en que el retraso "no causa graves perturbaciones para el interés público".