El fiscal recurre la multa a Tirado y pide suspenderle tres años

Los nuevos miembros del Consejo del Poder Judicial constituido ayer tendrán que decidir en las próximas semanas si mantienen la multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por el caso Mari Luz, impuesta por los antiguos vocales, o si deciden elevarla a la suspensión, traslado forzoso o expulsión de la judicatura. El número dos de la Fiscalía, el teniente-fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín-Casallo, presentó ayer ante el gobierno de los jueces un recurso contra la sanción en el que pide la suspensión de funciones de Tirado por tres años al considerar que "no prestaba dedicación alguna a las ejecutorias".

El escrito del fiscal se basa en el que presentó durante la tramitación del expediente contra Tirado y utiliza sus argumentos. En primer lugar, rechaza las razones de la comisión disciplinaria -en su antigua formación- para restar culpas al juez, descargándolas en la secretaria judicial y en los funcionarios. "Mantener que la responsabilidad derivada del retraso debe mitigarse" porque la secretaria o los funcionarios no le informaron sobre el estado del caso, "es desenfocar la realidad de a quién debe imputarse la responsabilidad", dice el escrito, que recuerda que Tirado, "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el juzgado", lo que le hubiera permitido detectar que la del supuesto asesino de Mari Luz estaba paralizada.

"El magistrado no presentaba dedicación alguna a las ejecutorias", concluye el fiscal. El pleno del Consejo no tomará una decisión hasta dentro de un mes. Antes, debe constituirse la nueva comisión disciplinaria, que debe nombrar un ponente entre los vocales, quien redactará la propuesta de resolución que el pleno debatirá y votará.