El final de ETA, en punto muerto

El final de ETA se considera inexorable pero se encuentra en un punto muerto que puede prolongarse meses. Para que ETA anuncie el cese definitivo de la violencia, Bildu, cuya columna vertebral es la izquierda abertzale, exige al Gobierno la legalización de Sortu y garantías para los 600 presos de la banda, empezando por su acercamiento a cárceles próximas al País Vasco.

La respuesta del Gobierno es tajante. No hará ningún movimiento ni ningún gesto en relación con ETA y menos aún abrirá un proceso de conversaciones con la banda para poner punto final al terrorismo en Euskadi. Su estrategia para el final de ETA pasa por presionar a la banda hasta lograr que anuncie el cese definitivo de la violencia sin atender las reclamaciones insistentes de Bildu a lo largo del verano. No habrá ningún gesto ni cesión ni negociación antes del comunicado final de ETA.

Es una estrategia muy sopesada por el Ministerio del Interior, que encabeza Antonio Camacho —número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba en sus cinco años de titular de la cartera—, y la consejería vasca, dirigida por Rodolfo Ares, y que también comparten los interlocutores habituales en estos temas del PP, tanto en Euskadi como en Madrid. Consenso que se reafirmó en el encuentro que el jueves mantuvo el lehendakari, Patxi López, con el candidato socialista, Rubalcaba, en Bilbao, que lo ratificó en una simple frase: "El Gobierno no va a cambiar su política antiterrorista".

Este pulso entre el Gobierno y la izquierda abertzale se mantiene al año, justamente, de que ETA anunciara, en un comunicado —fue el 5 de septiembre— el cese de sus actividades violentas. A lo largo de este año, el compromiso de ETA se reafirmó con el comunicado que emitió en enero y en el que anunció, además, el cese de la extorsión y de la kale borroka. Los últimos informes policiales y de los mediadores internacionales, liderados por el abogado sudafricano Brian Currin, confirman que ETA ha cumplido esos compromisos.

No obstante, ni Patxi López, ni Rubalcaba, ni Camacho, ni Ares, que admiten que ya se está en la etapa terminal de ETA, quieren "precipitarse ni cometer los errores del pasado, como sería entrar en una política de gestos mutuos y menos aún la apertura de un proceso de conversaciones". Fuentes cercanas a estos dirigentes abundan en esa idea: "Cuando se está más cerca del final que nunca, hay que cerrar el círculo de la violencia".

Esta actitud tiene una explicación. La cúpula política de la lucha antiterrorista teme que el actual statu quo logrado por la izquierda abertzale y ETA se perpetúe. Esto es, que ETA no cese definitivamente y permanezca en segundo plano mientras la izquierda radical disfruta de su presencia institucional a través de Bildu. De este modo, ETA satisfaría la tentación de todas las organizaciones terroristas de perpetuarse y la izquierda independentista no tendría que hacer más esfuerzos.

Por eso, los Gobiernos central y vasco presionan sobre Bildu para que logre el cese definitivo de ETA, y su arma es no hacer ningún movimiento ni por Sortu ni por los presos. "Quien tiene que dar el paso es ETA, con la declaración del cese definitivo. Eso abriría todas las compuertas". Con ello alejan, también, suspicacias políticas de que el Gobierno haría movimientos para lograr el comunicado del cese de ETA antes de las elecciones del 20-N.

La consecuencia del cese definitivo de ETA sería que la política se normalizaría y todos los obstáculos legales que tiene la izquierda abertzale para ejercer su labor desaparecerían, admiten fuentes del Gobierno vasco.

Acusaciones como las que pesan contra Arnaldo Otegi de colaboración con banda armada, en el caso Bateragune, se diluirían desde el momento en que desapareciese la banda. Otro tanto podría suceder con procesos pendientes de juicio para otros dirigentes de la izquierda abertzale, incluido el propio Otegi, como el de las herriko tabernas. También repercutiría en la legalización de Sortu, pendiente en el Tribunal Constitucional, que no tendría problemas para ser admitida en el registro de partidos si ETA ya hubiese desaparecido definitivamente.

En cuanto a los presos, el final de la banda terrorista facilitaría el proceso de revisión de la doctrina Parot. E incluso podría aplicarse la doctrina del Derecho Civil de adaptar la ley a las circunstancias.