El despacho de los milagros

A José María Michavila le ha venido bien que estas semanas no haya pleno en el Congreso, porque tiene en Madrid a todo el equipo de Shakira que ha llegado de Londres y de Nueva York para preparar el nuevo disco de la cantante. No tendrá que dejar sus labores de representante, ni el despacho de abogados, ni la sucursal de Londres, ni la fundación que dirige para ir a la Cámara a apretar el botón de las votaciones.

Michavila, que es diputado en los ratos libres, es lo que se llama un abogado of counsel del despacho Eius, que se distingue por estar formado por letrados que pisan diariamente la línea que separa lo público de lo privado. La propia web del despacho define a los "abogados of counsel" como "juristas de reconocido prestigio nacional y amplia experiencia, que se encuentran vinculados al despacho bajo la condición de colaboradores externos permanentes". En esa presentación se vende como mérito esa proximidad a lo público: "Desarrollan su actividad profesional respecto a clientes concretos del despacho, dentro y fuera de España, en materias de su especialidad, compatibilizando estas funciones con su dedicación a la vida académica y al servicio del Estado". La web dice que el diputado tiene el despacho en Londres. Para poder seguir al servicio del Estado a Michavila le favorece la manga ancha que el Congreso aplica tradicionalmente para aceptar las compatibilidades de los diputados y, especialmente, los que se dedican a la abogacía. La ley electoral impide que esos abogados cobren de administraciones públicas, incluidos ayuntamientos, pero buscan artimañas para que intervenga el despacho, pero no el diputado-letrado. Así sortean la ley.

En este caso, el despacho de Michavila asesora a ayuntamientos como el de Boadilla del Monte en Madrid y a otros de la Comunidad Valenciana, pero el que firma y pone su nombre es otro abogado del bufete. Podrá no ser estético como admiten diputados del PP, pero literalmente no es ilegal, como reconocen resignados los representantes de otros partidos en la Comisión del Estatuto del Diputado.

Ese despacho, que tiene sucursales en Madrid, Barcelona, Valencia, Londres y Miami, aparece relacionado con actuaciones vinculadas a la trama de corrupción que investiga Garzón y tiene nexos con algunos imputados y con las administraciones públicas bajo sospecha.

Así, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz, socios de Michavila, asesoran al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y han intervenido a favor de las empresas de José Luis Ulibarri, imputado en el caso, para que la Generalitat valenciana otorgara 13 licencias de TDT a su empresa, Mediamed.

El caso de estos dos abogados es similar al de Michavila en su cercanía a lo público y su proximidad a la incompatibilidad. Ambos compaginan el despacho privado con su cargo de letrados de las Cortes. Tienen concedida una compatibilidad genérica para ejercer el derecho, que cada día desbordan. Así, el estatuto de funcionarios de las Cortes impide en su artículo 62 "la elaboración de informes o dictámenes para las administraciones públicas".

Dorrego explica a EL PAÍS que ha sido abogado de ayuntamientos como el de Boadilla, pero sostiene que no han hecho informes jurídicos para ese consistorio. Es decir, utiliza una aplicación laxa de la ley que diferencia entre defensa jurídica y elaboración de informes o dictámenes.

Además, Dorrego es secretario del consejo de Cabanyal 2010 y vicesecretario de Comunitat Valenciana d'Inversions, ambas empresas públicas de Valencia. La ley les impide "el desempeño por sí o persona interpuesta de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas". Dorrego sostiene que ser secretario de un consejo de administración no entra dentro de la categoría de "cargos de todo orden" y que, por eso, es compatible.

El azar ha querido que Dorrego, que está adscrito como letrado a la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, esté en breve a las órdenes del ex ministro Mariano Fernández Bermejo que presidirá esa comisión.

En el despacho de Michavila trabaja también José Marí Olano, que llegó al Ministerio de Administraciones Públicas con Francisco Camps, muy próximo al actual presidente de la Generalitat y ahora es el portavoz de economía del PP en las Cortes valencianas. Lo privado y lo público se superponen porque trabaja en un despacho que defiende a una empresa ante la Generalidad y él forma parte del grupo mayoritario en la cámara autonómica. Marí asesora, a través de Eius, a Andrés Selma, promotor socio de Ulibarri en Mediamed, en operaciones urbanísticas. El despacho defiende ante la Generalitat la concesión de licencias de TDT y Ana Michavila, la hermana del diputado, es la jefa de Gabinete de Camps.

Otro caso es el del letrado Francisco Javier González Sánchez que fue nombrado en 2007 director técnico jurídico del entonces alcalde Boadilla, imputado y recién dimitido. Cuando cesó en 2008 fue sustituido por Carlos Ruiz Cabrera, vinculado también al despacho. Michavila, además, conoce desde hace más de 20 años a uno de los imputados, Jesús Calvo. Éste era gerente de la Universidad Complutense de Madrid y él secretario general. Y como el mundo es un pañuelo, Michavila es amigo personal y vecino de Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, cuyo cuñado, Miguel Hernán Manovel, es secretario del consejo de una empresa de Ulibarri investigada por Garzón.

La hiperactividad de Michavila se complementa con la dirección, sin ánimo de lucro de la Fundación Alas de la que forman parte, entre otros Miguel Bosé, Juanes, Shakira y Alejandro Sanz.

En política, Michavila también ha sabido estar siempre bien colocado. El hijo del general Benjamín Michavila Pallarés, con expediente académico brillante, llegó al PP desde UCD y se ha mantenido en la dirección del partido con José María Aznar y con Mariano Rajoy, además de ser secretario de Estado de Justicia y de Relaciones con las Cortes y ministro de Justicia.

Con Aznar se decía que le protegía Carlos Aragonés, todopoderoso jefe de Gabinete de Aznar, pero se cuenta que siempre quiso y no pudo ser miembro del patronato de Faes. Ahora es vecino de Aznar en Pozuelo (Madrid) y logra aparecer en casi todas las fotos al lado de Rajoy. El día que todos salieron a respaldarle frente a Garzón, allí estaba Michavila en lugar destacado. Y su hermano, Narciso Michavila, es sociólogo y uno de los asesores que más influye en Rajoy.

Michavila está tan liado estos días con el equipo de Shakira que aplazó dos veces la cita para dar su versión sobre sus actividades.