"Por el aviso del Faisán hay encausado casi un jefe de seguridad del PSOE"

El 20 de mayo de 2008, la Guardia Civil detuvo en Burdeos a Francisco Javier López Peña, Thierry, jefe del aparato militar de ETA que participó en las conversaciones con el Gobierno para el fin del terrorismo entre el verano de 2006 y mayo de 2007. Thierry guardaba sus actas sobre aquellas conversaciones, que fueron incautadas por la Guardia Civil.

Lo que sigue es un resumen de esos documentos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde se recoge exclusivamente la versión del etarra sobre las conversaciones, que se prolongaron casi dos años, desde julio de 2005 para preparar las condiciones del diálogo y el comunicado de ETA de alto el fuego hasta mayo de 2007, meses después del atentado de la T-4 de Barajas, cuando ETA asesinó a dos ciudadanos ecuatorianos y frustró todas las esperanzas de llevar el diálogo a buen puerto.

"La policía no hará detenciones, pero no aseguramos lo que hagan los jueces"

"Con el robo de pistolas en Francia, el Gobierno no se puede mover"

Lo que Thierry transcribe en sus actas prueba algunas cesiones que el Gobierno hizo a ETA -órdenes a la policía y la Guardia Civil para que no hubiera detenciones; dejar en libertad a presos de ETA enfermos; prometer reformas jurídicas para favorecer a reclusos de la banda- aunque en muchas ocasiones, esas cesiones no fueron completas.

Mientras Thierry escribe que el Gobierno se comprometió a derogar la doctrina Parot, que perjudicaba a presos de ETA, la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en ese sentido. Respecto a las detenciones, pese a los supuestos compromisos del Gobierno, la justicia, la policía y la Guardia Civil siguieron deteniendo etarras tras el alto el fuego declarado en marzo.

Las actas de Thierry demuestran cómo el Gobierno dialogó con ETA a la vez que el Partido Socialista de Euskadi lo hacía con Batasuna. Y que las reuniones políticas, según la interpretación del proceso que hizo Thierry, arruinaron la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre ETA y el Gobierno porque los socialistas se negaron a aceptar que cuatro provincias (Navarra y las tres de Euskadi) tuvieran un Estatuto que les reconociera el derecho a decidir, como pedía Batasuna. Durante todo el proceso de negociación, las tensiones entre ETA y los representantes del Ejecutivo fueron constantes. Mientras los etarras denunciaban los continuos incumplimientos del Gobierno, los representantes del Gabinete reprochaban a ETA que no cesaran las cartas de extorsión o el rearme, en relación con un robo de pistolas en Francia que se produjo en plena negociación.

En un momento de las conversaciones después del atentado de Barajas, uno de los interlocutores del Gobierno traslada a ETA que si fracasa el diálogo pasarán muchos años antes de que la situación pueda volver a repetirse. Ahora, ETA da sus últimos coletazos.

Los primeros contactos con ETA se producen casi un año antes de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, autorice el diálogo tras verificar el alto el fuego.

Julio-Noviembre de 2005. Preparativos. ETA sigue activa. Comete atentados pero no mata. Zapatero lleva 19 meses en el poder. Representantes de la banda, personas próximas al Gobierno y cinco mediadores mantienen, según ETA, varias reuniones en julio en Ginebra y en noviembre en Oslo. En el primer encuentro en Ginebra participan Josu Ternera; etarra huído y ex diputado de Batasuna, y Jesús Eguiguren, presidente del Partido Socialista de Euskadi. Durante estos encuentros se empieza a concretar cómo será el comunicado de ETA de alto el fuego. "El Gobierno", según ETA, se compromete "a reducir la presencia policial en los controles" a partir del comunicado de alto el fuego y a "aceptar a Batasuna [ilegalizada por el Supremo en 2002] en la vida política". Los etarras se comprometen a que el comunicado del 22 de marzo hable de "suspensión general de las acciones armadas".

En esa reunión, ETA dice, según su versión, que "sólo se utilizarán armas en caso de supervivencia". El Gobierno sostiene que los terroristas deben cesar en la extorsión. ETA admite que renunciará al impuesto revolucionario".

El 29 de junio de 2006, Zapatero anuncia formalmente el inicio del diálogo con ETA tras la supuesta verificación de que el alto el fuego es real. Nueve días antes de esa fecha, la policía ha detenido a 13 miembros de la red de extorsión de ETA por orden del juez Fernando Grande Marlasca, en una operación prevista un mes y medio antes pero frustrada en el último minuto debido a que la juez francesa Levert no dio su visto bueno cuando la policía española había identificado a dos miembros del aparato etarra en Burdeos. Uno de ellos, Joseba Elosúa, había sido alertado unas horas antes por un policía en el bar Faisan de Irún de que si entregaba a su contacto en Francia el dinero del impuesto revolucionario le iban a detener. Este chivatazo es el que investiga ahora mismo el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional.

Siete días antes de que Zapatero anuncie el comienzo de las conversaciones, éstas comienzan "a petición de ETA".

22 de junio de 2006, dos días después de desarticulado el aparato de extorsión de ETA. Se analiza lo ocurrido en los tres últimos meses. ETA acusa al Gobierno de la detención en Francia de Zigor Merodio (ocurrida el 1 de junio de 2006) y del aparato de extorsión de ETA el 20 de junio. Los terroristas se lamentan: "Zapatero dice que sólo hablará con ETA de su disolución y del futuro de sus integrantes" y se quejan de que "ni jueces ni policías están de brazos cruzados y que el Gobierno sabía la fecha de las detenciones".

Los representantes del Ejecutivo, según ETA, admiten que el proceso "tiene problemas", y señalan que "no contaban con la presión del PP y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra el proceso". "Las detenciones del bar Faisán son un accidente grave pero no lo hemos podido parar. Es una carta que llega al juez y se desencadena la operación", cuenta el Gobierno en aquella reunión, según la versión de ETA.

El Gobierno, según ETA, "dice que ha cambiado al fiscal general, ha comunicado a la policía nacional, a la guardia civil, a la ertzaintza y a la policía francesa que no hagan detenciones, y dice que ha sido muy difícil hacerlo porque la Guardia Civil sólo obedece al Duque de Ahumada y esas órdenes no se pueden dar por escrito". Tras la justificación llegan las quejas: "Sigue la kale borroka, el ministro del Interior tiene un montón de cartas de extorsión que no ha hecho públicas sabiendo que se pide dinero". ETA contesta: "No consta que se esté pidiendo el impuesto revolucionario". El Ejecutivo traslada a los etarras que no le "interesa terminar con la izquierda abertzale; que está trabajando para que Batasuna sea legal en septiembre u octubre y que el problema del dinero se puede arreglar por una organización internacional".

23 de junio de 2006. Conversaciones paradas. "ETA anuncia que se paran las conversaciones hasta que el Gobierno cumpla con las garantías dadas". El Gobierno replica, según la versión de ETA: "Las garantías son para cumplirlas todos. Algunas garantías no dependen sólo de nosotros. No habrá detenciones por parte de la policía pero no aseguramos lo que venga de los jueces. Las cartas de extorsión no son admisibles".

Reuniones junio-septiembre 2006. Tema Iñaki de Juana Chaos. "En el tema Iñaki de Juana Chaos [el preso etarra que participó en 11 atentados terroristas y 25 asesinatos se puso en huelga de hambre el 7 de agosto de 2006 y la mantuvo durante 63 días] el Gobierno se compromete a darle libertad condicional. Primero rehabilitación en hospital de Madrid manteniendo la situación de libertad en secreto. Luego a Euskal Herria en libertad. Se estableció con Iñaki la forma de hacer esto por medio del hombre de la iglesia", escribe el etarra Thierry.

De Juana mantuvo hasta tres huelgas de hambre distintas desde 2006. La más grave concluyó en marzo de 2007 cuando el juez de vigilancia penitenciaria concedió al etarra el segundo grado penitenciario (prisión atenuada) y el Gobierno le trasladó al hospital Donostia de San Sebastián. En junio de 2007 abandonó el hospital e ingresó en la cárcel de Aranjuez donde cumplió los últimos meses que le quedaban de condena antes de salir en libertad.

"Respecto a Batasuna", continúa Thierry, "el Gobierno se compromete a admitir iniciativas de la Izquierda Abertzale pero no con el nombre de Batasuna". ETA entrega una lista con siete presos enfermos y el Gobierno "se compromete a liberarlos". "Sobre la doctrina Parot [una resolución del Supremo sobre la interpretación de los beneficios penitenciarios que impide a los etarras salir en libertad con cumplimientos mínimos respecto a la pena real impuesta], la dejarán sin efecto", escribe Thierry. "Dicen que es cosa del Constitucional y pueden derogarla. Sobre el acercamiento de presos", continúa, "a partir de octubre, cuando Rubalcaba pida apoyo al grupo parlamentario".

Ni se derogó la doctrina Parot ni hubo acercamiento de presos.

Durante el alto el fuego de 14 meses que ETA declaró en la primera legislatura de José María Aznar, el Gobierno del PP excarceló a 180 etarras, 135 presos más fueron acercados a Euskadi, disminuyeron las detenciones y se invitó a volver a 304 prófugos.

Durante los ocho meses de alto el fuego de ETA en el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero no se aprobó ningún acercamiento de presos al País Vasco, pese a lo que figura en las actas de ETA.

Durante el diálogo con el Gobierno socialista, ETA emite un comunicado el 18 de agosto de 2006 en el que señala que el proceso está en crisis. Zapatero le responde un día después: "Lo único que está en crisis, total y definitiva, es la violencia, quien ampara la violencia y quien se queda detrás de la violencia".

Reunión 27 de octubre de 2006. Robo de pistolas en Francia. Unos días antes de este encuentro, ETA ha robado 300 pistolas y 50 revólveres en un almacen de la localidad francesa de Vauvert. "Si ha sido ETA, tendrá consecuencias", declaró Zapatero al conocer la noticia. La reunión es, según los documentos de ETA, "para tratar los accidentes".

El Gobierno avisa: "Pedimos una explicación al robo de las pistolas, es una ruptura de la paz pero no se rompe el proceso. Se acordaron no detenciones y no abastecimiento de armas. Es un bloqueo para avanzar en política. Existe un teléfono de seguridad, pero Francia está incontrolada y esto va a tener efecto en el tema de los presos. Si podemos, vamos a hacer detenciones en Francia", recoge así ETA las supuestas palabras del representante del Gobierno.

Responden los etarras: "Si hay detenciones, hay incumplimiento. Hay que congelar los procedimientos judiciales".

Gobierno: "ETA debe moverse. Si reconocen el robo de armas, se acaba el proceso. No deben hacer más atentados y deben cesar en el envío de cartas de extorsión. Con este robo no podemos movernos".

ETA: "Ya avisamos en junio y septiembre de la situación crítica. El 90% de los incumplimientos son del Gobierno antes del robo. No admitimos vuestras amenazas. Si hay detenciones, ETA actuará".

Gobierno. "Por dar el aviso del faisán [supuestamente el soplo de un policía a un miembro del aparato de extorsión en mayo de 2006] hay un alto policía encausado y casi el jefe de seguridad del PSOE. [Para entonces, el ex director general de la Policía está imputado por el supuesto soplo, junto a un inspector de Vitoria y al jefe superior de Policía del País Vasco].

El Gobierno, según relata ETA en estas actas de los contactos, "ofrece beneficios penitenciarios para los últimos detenidos de Baracaldo, salidas a enfermos graves, e incluso a uno relacionado con el secuestro de Ortega Lara".

El tema del etarra Iñaki de Juana, según la versión de ETA, "está bloqueado debido al robo de pistolas". "Nosotros", dicen los representantes del Gobierno, "quitamos al fiscal porque no quería rebajar la condena de 12 a 4 años". ETA sostiene en ese encuentro que "De Juana abandonó la huelga de hambre por orden de la banda terrorista y porque si no quedaba libre se actuará en consecuencia".

El 12 de febrero de 2007, el Tribunal Supremo rebajó la condena a De Juana (por amenazas terroristas en un artículo publicado en el diario Gara) a tres años de cárcel.