Valencia y Murcia recurren al Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña

La Generalitat valenciana y el Gobierno de la Región de Murcia, ambos en manos del PP, acordaron ayer presentar sendos recursos de inconstitucionalidad contra el recién aprobado Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ambos Gobiernos regionales coinciden en un punto: la supuesta inconstitucionalidad del precepto de la norma catalana que blinda el trasvase del agua del Ebro a sus territorios. El Consell Valenciano también recurre el apartado que gestiona el Archivo Histórico de la Corona de Aragón y el sistema de financiación pactado con el Gobierno central.

Los Ejecutivos de la Comunidad Valenciana y de Murcia dieron ayer luz verde a sendos recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En la base de la decisión de los dos Gobiernos autónomos subyace la escasez de recursos hídricos en las dos regiones, cuya solución, a juicio de ambos Ejecutivos, pasa por reinstaurar el anulado trasvase del Ebro. El proyecto, incluido en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del anterior Gobierno del PP, fue derogado por el Ejecutivo socialista en junio de 2004.

Para el Consell valenciano, el artículo 117.4 del Estatuto catalán infringe el 149.1.22 de la Constitución, que consagra la "competencia exclusiva del Estado" en la legislación de los recursos hídricos cuando los caudales discurran, como es el caso del Ebro, por más de una comunidad autónoma.

El consejero de Territorio y Vivienda del Gobierno valenciano, Esteban González Pons, aprovechó el anuncio del recurso de inconstitucionalidad para reabrir la batalla del agua, que desde hace dos años mantiene la Generalitat valenciana con el Ejecutivo central. Para González Pons, las razones ecológicas esgrimidas para derogar el trasvase no existen. "Primero, no se ha fijado el caudal ecológico del Delta del Ebro; segundo, ha disminuido considerablemente el área de protección de los arrozales; y tercero se han incrementado los cultivos tanto en Aragón como en Cataluña", explicó. "Y a ello, hay que añadir el urbanismo depredador de los alcaldes del Delta del Ebro", añadió. De acuerdo con los datos facilitados por González Pons, los municipios de esa área han aprobado planes para construir 5.000 casas.

Por su parte, El Gobierno de la Región de Murcia justifica su recurso en un informe de los servicios jurídicos de la comunidad según el cual la norma básica catalana vulnera, al menos, 10 principios constitucionales, al otorgar al Gobierno de Cataluña "un trato diferenciado y bilateral" con respecto al resto de los territorios de la cuenca del Ebro y de España.

El informe señala que ese "trato diferencial" rompe el principio de unidad de gestión de las cuencas intercomunitarias, al otorgar a la Generalitat plenos poderes para fijar el caudal ecológico de un río que discurre por nueve comunidades autónomas, y limitar las posibilidades de recuperar la transferencia de agua prevista en el PHN. El Gobierno murciano, en una nota oficial, explicó que considera necesario seguir adelante con este proceso, porque el texto "atenta contra los legítimos intereses de la Región de Murcia, de los murcianos y del conjunto de los españoles".

El Gobierno valenciano incluye, además, en su recurso de inconstitucionalidad otros dos preceptos, a su juicio, ilegales de la norma catalana. El primero hace referencia a la gestión del Archivo de la Corona de Aragón. El Consell considera que la disposición adicional decimotercera del Estatuto Catalán, por la que se incorporan fondos propios de Cataluña del Archivo de la Corona de Aragón al sistema archivístico catalán, afecta a la "unidad e integridad" del archivo. "Supone una desigualdad de trato en cuanto a la participación de todas las comunidades afectadas", puntualizó el consejero Portavoz, Vicente Rambla.

Rambla esgrimió el argumento de la "solidaridad" para justificar la impugnación del apartado que regula la financiación de Cataluña. "Vulnera el principio de ley por cuanto se introduce una condición a los Presupuestos Generales del Estado en los próximos siete años", dijo Rambla, para quien el Estatuto Catalán "usurpa competencias al Estado en materia de gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión de los tributos estatales cedidos totalmente".