El TSJ de Valencia rechaza investigar pruebas de financiación ilegal del PP

El informe, de 89 folios y cinco anexos, lleva por título Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado de Francisco Camps, decidió despreciar el contenido de ese informe y no investigar si podía aportar nuevas pruebas contra los altos cargos del PP. En la nota pública que el tribunal valenciano redactó para dar cuenta de la resolución en la que rechazaba investigar la financiación ilegal del PP, ocultó la existencia de este informe elaborado por la Brigada de Blanqueo.

La resolución judicial rechaza investigar los nuevos indicios aduciendo que se referían a "un objeto diferente" al del cohecho que analizaban.

Al anunciar que no investigaría, la sala ocultó la existencia del informe policial

Hace cinco meses, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana recibió la causa de manos del juez Baltasar Garzón, que apuntaba no sólo indicios de cohecho sino también de tráfico de influencias e incluso de financiación irregular del PP, la sala que preside De la Rúa admitió el caso, pero sólo en lo referido al supuesto delito de cohecho. Lo investigó José Flors, el magistrado al que le tocó instruir la causa.

Pese a los nuevos documentos de la investigación policial aportados el 31 de julio pasado, la sala mantuvo su criterio inicial, sin considerar la posibilidad de que los regalos a cargos públicos y los numerosos contratos a dedo adjudicados a la trama corrupta por parte de la Administración valenciana durante cuatro años pudieran tener conexión con los regalos a altos cargos del Gobierno de Camps y del PP valenciano, principales clientes de Orange Market.

"Es una filtración más" del sumario sobre la trama Gürtel "y poco más tengo que decir a lo que ha dicho el propio Tribunal Superior de Justicia que ha archivado dicho informe". En estos términos se manifestó el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, cuando fue inquirido por la existencia del informe de 89 folios y cinco anexos desvelado hoy por EL PAIS, informa Artur Balguer. Costa añadió que las cuentas del Partido Popular en la Comunidad Valenciana "están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas" autonómico y "auditadas" a nivel interno y externo.

Sin embargo, en su alocución dejó caer una enigmática frase. "A nivel personal no tengo ninguna relación comercial con el señor [Francisco] Correa y el PP tan sólo la tenía a efectos de proveedor con la empresa Orange Market y ya no la tiene", dijo, apartándose de una posible implicación a título personal antes incluso de desagraviar a la institución que le adjudicó contratos a Orange Market por casi ocho millones de euros a través del 70% de las consejerías del Gobierno valenciano.

Tanto Mónica Oltra, de Compromís (una alianza de Iniciativa y nacionalistas), como Lluís Torró, de Esquerra Unida, se preguntaron cómo es posible que el TSJCV haya desestimado investigar los hechos que describe el servicio del Banco de España. Oltra sugirió que la "decisión del Tribunal Superior valenciano hace dudar a la ciudadanía de la imparcialidad de sus decisiones". Torró comentó: "Una vez más la justicia nos deja con el regusto amargo de una justicia que no cumple su cometido".