Retorcido Estado de derecho

El primer juicio relacionado con el caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción de la actual etapa democrática vinculada al Partido Popular, puede ser el que siente en el banquillo de los acusados por un delito de encubrimiento al dirigente socialista Ángel Luna, portavoz de su grupo en las Cortes Valencianas. El socialista Luna no encubrió a los corruptos sino, supuestamente, a alguien que le entregó un informe oficial de la policía donde se detallaban las trampas de la red Gürtel, en colaboración con dirigentes del Gobierno de Francisco Camps, para hacer negocio con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en junio de 2006. Si los plazos se cumplen, la primera víctima judicial del caso Gürtel puede ser un socialista.

Así de retorcido es el Estado de derecho. La historia de esta sinrazón es disparatada y rocambolesca.

El 24 de marzo de 2010, Ángel Luna pidió, una vez más, explicaciones públicas a Camps sobre la corrupción que su Gobierno alimentaba con la red empresarial de Francisco Correa. Para apoyar su denuncia, el portavoz socialista esgrimió el informe firmado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, según el cual la trama Gürtel ganó más de tres millones de euros en tan solo dos días sin necesidad de aparecer en toda la tramitación del contrato de la visita del Papa pero controlando desde el primer minuto la operación, pagada por la televisión valenciana.

El canal autonómico estaba dirigido por Pedro García Gimeno, un estrecho colaborador de Camps y un amigo más que íntimo de los principales jefes de la red Gürtel. Luna mostró en el parlamento valenciano el documento de la policía que detallaba con múltiples pruebas las miserias de los dirigentes del PP. Cinco meses antes de aquel 24 de marzo de 2010, el contenido de ese informe policial había sido publicado por distintos medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS. Cuando el parlamentario socialista preguntó a Camps por el pillaje de dinero público durante la visita del Papa a Valencia, el secreto de ese capítulo bochornoso de las andanzas de la trama Gürtel ya no era secreto.

A los dirigentes del PP, acorralados por las sospechas de corrupción, les daba igual. Hartos de las molestas preguntas semanales de Luna a Camps, se querellaron contra el diputado socialista por revelación de secretos (publicados cinco meses antes en los medios de comunicación) y encubrimiento. El informe policial, dado a conocer por EL PAÍS en octubre de 2009, pertenecía a una parte del sumario del caso Gürtel declarada secreta.

El juez desestimó en febrero pasado el cargo de revelación de secretos dado que Luna no era funcionario ni estaba personado en el caso cuando se produjeron los hechos, pero siguió instruyendo el caso por encubrimiento y acabó decidiendo que el socialista se debe sentar en el banquillo para ser juzgado menos de un año después de que el diputado mostrara en las Cortes Valencianas el informe policial. Luna declaró que recibió ese documento en un sobre sin remite en su despacho del parlamento, pero el juez no le ha creído.

Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el mismo órgano que sentará a Luna en el banquillo, ha rechazado en los dos últimos años investigar las más graves corruptelas perpetradas por la red Gürtel con el apoyo del PP: el irregular contrato de la visita del Papa y la financiación ilegal del PP a través de contratistas de la Administración valenciana o los contratos irregulares adjudicados a la trama corrupta sin concurso por casi todas las consejerías del Gobierno de Francisco Camps.

Los jueces valencianos, entre ellos el que sentará a Luna en el banquillo, han aducido cuestiones de competencia -consideran que es el tribunal de Madrid quien debe instruir las distintas causas- para no investigar de momento si los indicios reunidos en miles de folios plagados de pruebas de graves delitos son suficientes para imputar a dirigentes del PP. En ese absurdo limbo viven algunas causas graves de corrupción política pese a la insistencia de la oposición valenciana por exigir que se investiguen.

Con su trabajo parlamentario, Luna ha destapado durante dos años de preguntas la mendacidad del presidente valenciano Francisco Camps en sus respuestas -"no tengo relación, ninguna relación" con la trama corrupta, llegó a decir al comienzo de su pesadilla.

Aún hoy, los dirigentes del Gobierno valenciano siguen negando irregularidades en el contrato que la televisión autonómica firmó por casi siete millones de euros con una constructora leonesa para instalar pantallas de televisión y altavoces por las calles que el Papa iba a recorrer. La constructora, llamada Teconsa e implicada en otros enredos del caso Gürtel, carecía de experiencia en la materia aunque no la necesitaba porque la trama corrupta lo tenía todo planificado, según demuestran los documentos hallados en sus distintas sedes. Las empresas que realmente se encargaron de llevar a efecto el contrato fueron Apogee Telecomunicaciones e Impacto Producciones, dos clientes habituales de la red Gürtel para otros eventos organizados para el PP o para administraciones gobernadas por el PP.

Impacto Producciones y Apogee Telecomunicaciones cobraron tres millones de euros por el trabajo; pero Teconsa ingresó 6,4 millones de la televisión autonómica. De la documentación incautada por la policía se desprende que los principales jefes de la trama se llevaron la mayor parte del botín. Álvaro Pérez El Bigotes, jefe valenciano de la red Gürtel y "amiguito del alma" de Camps, arañó 500.000 euros; igual que Pedro García, el director de Canal 9 que adjudicó el contrato a Teconsa; Francisco Correa, líder del tinglado corrupto, se pagó las obras de su casa de Valencia con parte del pastel.

Un negocio redondo que, algunos meses antes de la visita del Papa, ya preparaba con celo El Bigotes, según sus conversaciones telefónicas incorporadas al sumario: "Ahora mismo el presidente [Camps] está en el Consejo de Gobierno. A lo mejor dicen que me nombran coordinador general de sus muertos para lo del Papa y, entonces, así me puedo tirar todo el puto día en el río [en referencia a las consecuencias que tendría que se hiciera público ese nombramiento] porque es que yo no puedo aparecer. Si me hacen una foto la liamos, entonces estamos haciendo las gestiones necesarias...".

Pese a todas estas pruebas, ningún dirigente del PP valenciano ha salido avergonzado a pedir perdón por el daño ocasionado al interés general. Solo andan empeñados en buscar una condena para Ángel Luna.

El portavoz socialista está imputado y puede ser condenado por denunciar la corrupción mostrando un documento cuyo contenido era conocido desde hacía cinco meses y por no contar al juez quién se lo entregó. El delito de encubrimiento, según el Código Penal, puede ser castigado con penas de entre seis meses y tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público.

Mientras tanto, la situación de Pedro García Gimeno, exdirector de la televisión autonómica valenciana y uno de los supuestos muñidores del pillaje durante los actos de la visita del Papa a Valencia, sigue en el limbo judicial. No está ni siquiera imputado pese a que, como Camps, recibió múltiples regalos de la trama corrupta y, como señala la policía, se repartió comisiones ilegales por contratos sobre los que él mismo tenía la máxima responsabilidad.

García Gimeno aprovechó el mes de agosto de 2009, apenas 45 días antes de que se conociera a través de los medios de comunicación el escándalo de la visita del Papa y los contratos de Canal 9 con empresas ligadas a la red Gürtel, para hacer mutis por el foro con una dimisión que todos atribuyeron a su relación con la trama corrupta pero que ni siquiera el Gobierno de Camps quiso justificar así, porque era tanto como reconocer su culpabilidad.

En la historia judicial del caso Gürtel, los jueces pueden tener el honor de haber juzgado y condenado antes a un político socialista que denunció las prácticas ilegales que a todos los dirigentes del PP que contribuyeron y participaron de la más extensa trama de corrupción que ha conocido la democracia.

Así es, a veces, el retorcido Estado de derecho.