Pascual Sala, el progresista veterano

"La judicialización de la política es una irresponsabilidad", proclamaba hace unos años el, desde hoy, máximo responsable del Tribunal Constitucional, que encaja la octava presidencia de la institución con los mimbres de una dilatada experiencia fraguada desde 1963, cuando ingresó en la carrera judicial como número uno de su promoción.

Licenciado en Derecho, Sala (Valencia, 1935), ha estado vinculado siempre a posiciones progresistas. Perteneció a Justicia Democrática, un movimiento opositor al Franquismo desde el Derecho, que arropó y defendió a numerosas personas, desde el Tribunal de Orden Público a los juzgados de lo penal. Tras la dictadura, canalizó sus inquietudes democráticas en Jueces para la democracia.

Este magistrado de rostro afable y pelo cano cuenta con una dilatada carrera. Fue presidente del Consejo General del Poder Judicial (1990-1996), del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas. Su protagonismo le ha situado varias veces en el disparadero mediático. Recibió críticas tras el informe fiscalizador del proceso de reprivatización del holding Rumasa. Los dardos también le llegaron cuando, durante la presidencia del CGPJ, afrontó la crisis que supuso la condena del magistrado Pascual Estevill, acusado de extorsionar a empresarios cuando impartía justicia.

Durante la tramitación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el nuevo presidente de la institución fue recusado por el PP, junto a los también magistrados progresistas Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón Reyes. El pleno del Constitucional rechazó la recusación, que estaba basada en una información sin firma del periódico El Mundo, que aseguraba que los citados jueces estaban "contaminados" por haberse pronunciado previamente a favor de la reforma del tribunal en una reunión con la entonces presidenta Maria Emilia Casas.

El magistrado, casado y con dos hijos, ha recibido numerosos galardones, como la Medalla al Mérito Constitucional (1996) y la de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.