El PP pide a la presidenta del Constitucional que confirme su recusación a tres magistrados

El Partido Popular quiere recusar a tres magistrados del Tribunal Constitucional, pero tiene un problema: se basa en una supuesta conversación privada de cuyo contenido sólo dio cuenta el diario El Mundo. Es por ello que, en su escrito de recusación, los populares piden a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, que declare si los jueces dijeron en efecto lo que ellos creen que dijeron. Por su parte, de la Vega ha pedido "resposabilidad" al Partido Popular para que no contribuya al "desprestigio de ciertas instituciones".

El texto de la recusación se basa únicamente en la noticia publicada en El Mundo (que aparece transcrita). Este periódico asegura que, en una reunión el pasado 12 de junio convocada por Casas, los magistrados progresistas Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala se pronunciaron a favor de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

Según el texto en el que se pide la recusación, ese posicionamiento "les priva de objetividad e imparcialidad objetiva y subjetiva para intervenir en el enjuiciamiento del presente recurso, actividad a la que en principio están llamados".

En el texto se argumentan tres motivos, de acuerdo con el artículo 219 de la LOPJ, para la recusación de los magistrados: "Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa; haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo; haber ocupado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad". Para el Grupo Popular, estas causas de recusación "concurren" en los tres jueces del Constitucional.

El recurso del PP viene en respuesta a un movimiento anterior del Gobierno, inédito en democracia, que recusó a otros dos magistrados. De ser aceptadas las cinco peticiones, el Constitucional quedaría bloqueado, pues sólo quedarían sentados a la mesa cinco de los 12 miembros del Pleno (otros dos se han abstenido voluntariamente porque la medida les afecta). Cualquier decisión exige un quórum mínimo de ocho magistrados.

La vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ministros, ha pedido "responsabilidad" al Partido Popular por el uso de la herramienta de larecusación, aunque no ha querido hacer valoraciones "hasta que no conozcamos más detalles" sobre la motivación de la recusación presentada hoy por el Partido Popular.

"Espero que no se trate de un dos por uno, porque no es una oferta promocional", ha asegurado de la Vega, pidiendo al PP que "no contribuya al desprestigio de ciertas instituciones".

La petición del PP tiene como objetivo provocar precisamente este bloqueo, que impediría que puedan abordarse las dos recusaciones del Gobierno a los magistrados conservadores García-Calvo y Rodríguez-Zapata. De esta forma, podría mantener el actual tribunal de 10 magistrados, con voto de calidad del presidente accidental, el conservador Vicente Conde.

Lo que se juzga, el fondo de la LOTC, es si se prorroga (como contempla la ley, impulsada por el Gobierno) o no (como quiere el PP) el mandato de la presidenta, o se la sustituye por otro magistrado; según el método que se usa a la hora de elegir al presidente, su sustituto sería conservador. Eso daría la mayoría al sector conservador, y pondría en peligro muchas de las medidas clave del Gobierno en esta legislatura, cuya constitucionalidad ha discutido ante el tribunal el PP.

La principal diferencia entre ambas recusaciones radica en que la del Gobierno se basa en un escrito de los dos magistrados conservadores en contra de la LOTC, mientras que la del PP sólo en la información de El Mundo. De ahí que pidan a Casas que confirme su acusación.