La ONG Paz Ahora, desalojada de su sede
Varios activistas no logran impedir el segundo intento de desahucio por no pagar el alquiler, de 1.200 euros
Una comisión judicial, escoltada por media docena de policías municipales, ha ejecutado esta mañana el desahucio de Paz Ahora, una ONG antimilitarista que llevaba desde diciembre sin pagar el alquiler de 1.200 euros de un piso de la calle Princesa, en el barrio de Moncloa de la capital. Apenas cuatro activistas de la asociación han bloqueado la puerta a los agentes, que no han tardado más que un par de minutos en apartarlos y acceder al piso en el que se había atrincherado su presidente, Julio Rodríguez.
La comisión llegaba sobre las 10.40 a la puerta del edificio y, 10 minutos después, el cerrajero ha entrado cargado con dos maletines. "¡No a la violencia!", gritaban simpatizantes de la ONG, que achaca el impago del alquiler al recorte de subvenciones de las administraciones públicas. "Nuestra intención no es resistirnos sin más, sino que buscamos una solución. El Ayuntamiento debería ayudarnos a buscar una nueva oficina", decía Rodríguez, atento desde el balcón a los movimientos de la comisión judicial.
Esta ha sido la segunda intentona para desalojar a la ONG. En un primer intento, hace un mes, el desahucio se paralizó por falta de policías, que a esas horas participaban en los otros desalojos que se producen a diario en la ciudad. Así constaba en el parte judicial que firmó el secretario judicial. Cuatro semanas después ha vuelto la misma pareja de agentes de policía municipal, pero esta vez acompañada por más compañeros que, de todos modos, no han encontrado una gran resistencia en la puerta. Las dos diputadas del Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid María Espinosa y Tania Sánchez se comprometieron en su día a mediar con las administraciones para buscar una solución en este caso.
Rodríguez apela a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para buscar una solución -el IVIMA y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo ofertan locales de alquiler bajo para asociaciones-. Espinosa y Sánchez se comprometieron a trasladar a ambas administraciones esta petición, aunque hasta el momento no han recibido respuesta alguna.
La misma empresa que ha forzado la cerradura ha llevado hasta el lugar un camión de mudanza para trasladar las cajas de la mudanza hasta un depósito municipal. Pasado el mediodía el asunto estaba finiquitado. "Se alquila piso para oficina. 200 metros", dice un cartel colgado en la puerta del edificio.
La organización, que entre otras iniciativas ha organizado el proyecto Vacaciones en Paz para que niños palestinos visiten España, no ha recibido este año "ni un euro" de la subvención que venía recibiendo del Ministerio de Asuntos Exteriores, la principal en la financiación de la ONG. Este año no ha sido posible organizar los viajes. Además, Paz Ahora está involucrada en un proyecto de auxilio a seis campos de refugiados en Gaza y Cisjordania, en un hospital provincial público de la provincia de Yenín y otro de empoderamiento de la mujer con asociaciones de mujeres de campos de refugiados de Gaza.
200 personas logran paralizar un desahucio en Getafe
Unas 200 personas convocadas por la Asamblea Getafe 15-M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los vecinos del municipio han conseguido frenar esta mañana el desahucio de una mujer de 80 años, con una fuerte depresión, y de su hija enferma, al impedir a la comisión judicial entrar en la vivienda. La familia, que vive con una pensión de 460 euros, no puede hacer frente al pago de la hipoteca. La hija, Isabel, solicitó en 2008 una hipoteca de 110.500 euros -de la que firmó como avalista su madre- por la que pagaba una cuota mensual de 590 euros, que se incrementó hasta 790 euros, y que estuvo pagando sin problemas hasta 2009 cuando se quedó sin trabajo. La deuda a la que tiene que hacer frente ahora es de entre 300.000 y 400.000 euros, por el capital más los intereses de demora. La entidad bancaria ya no existe ni el notario donde ella firmó en su día los documentos "por lo que las demandas son redactadas por una abogada y un procurador a los que la entidad bancaria proporcionó poder para llevar este caso", denuncian desde la asamblea.
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