Granados evita "poner la mano en el fuego" por todos sus funcionarios

"Hemos hecho una información reservada en la consejería [Presidencia, Justicia e Interior] que ha dado un resultado negativo", ha precisado esta mañana el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, tras su comparecencia en la Asamblea de Madrid. Pero, a renglón seguido, ha rehusado poner la mano en el fuego por todos sus funcionarios. "Evidentemente, la Comunidad de Madrid es muy grande y yo he hablado con los que he hablado", ha sentenciado el consejero, que ante los diputados ha vuelto a insistir en que "el Gobierno de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características". Como se temía la oposición, no ha dado explicaciones sobre la trama de espionaje que, según ha destapado EL PAÍS, se ha gestado bajo su paraguas, sino que ha detalado sus competencias y estructura en seguridad y vigilancia y ha vuelto a decir que son las mismas que definió Alberto Ruiz-Gallardón en 2002. La falta de respuestas ha colmado la paciencia de PSOE e IU que, por primera vez, han pedido al consejero que dimita o si no, a Esperanza Aguirre que le destituya.

Granados ha llegado sonriente -y solo, ya que ningún miembro del Gobierno regional ha acudido a presenciar su intervención- al Parlamento regional y no ha hecho declaraciones. Más de 80 medios de comunicación han acudido a seguir la comparecencia del consejero -solicitada por él mismo pero no ante todos los diputados como pretendían PSOE e IU sino en una comisión extraordinaria del ramo- para informar sobre cómo su consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".

Granados pide presunción de inocencia

Minutos después de las 11.00, Granados ha empezado su comparecencia analizando la actuación del Gobierno regional el 9 de enero ante la nevada que sumió a la región en el caos, dado que se colapsaron las carreteras y el aeropuerto de Barajas. Posteriormente, el consejero ha pasado al tema que suscitaba todo el interés y ha comenzado por reiterar que es "absolutamente falso" que en su consejería se haya creado un "departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia". El consejero ha desvelado que en la semana pasada él mismo "ordenó" a la Secretaria General Técnica de su consejería que "abriese una información reservada sobre esas cuestiones".

Ésta "entrevistó a todos los altos cargos dependientes de la Dirección General de Seguridad relacionados con las informaciones aparecidas" y "tomó testimonio también a los asesores y personal eventual que se insinuaba que podían tener relevancia en ese asunto". Tras explicar que todas esas averiguaciones han sido "infructuosas" y "absolutamente negativas", ha argumentado que por eso no ha adoptado "ninguna medida", porque no quiere "inculpar a nadie sin que se demuestre nada". Granados ha hecho hincapié en que el cuerpo de técnicos de seguridad de su consejería tienen las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón". También ha reiterado que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el Gobierno de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes". El también secretario general del PP de Madrid ha explicado que con Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido que se ha complementado con personal eventual".

Ha indicado que las funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en edificios e instalaciones". Tras escucharle, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, le ha espetado que "o da respuestas o tendrá que marcharse" porque su grupo "no le cree". Sabanés ha acusado a Granados de poner en peligro la credibilidad y la democracia en las instituciones. "Usted va tarde, va mal y no ha dado explicaciones, así que debe ser cesado o debe dimitir", le ha reclamado la diputada. Tras ella, la portavoz de Presidencia del PSOE, Encarnación Noya, ha señalado que los hechos "son tan graves" que le parece una "burla" que el consejero se haya limitado a leer la lista de sus competencias, a la sazón "perfectamente conocidas y definidas". "Quien no las tiene claras es usted, que le ha traicionado el subconsciente y en lugar de decir protección ha dicho vigilancia", le ha criticado Noya.

"Un Gobierno agotado y degradado"

La diputada socialista le ha recordado que aún no se sabe quién manda a los espías ni ante quién responden, dos puntos esenciales que le ha pedido que aclare, aunque sí saben "quién es la máxima responsable, Esperanza Aguirre". Noya ha subrayado que Aguirre "no ha dado la cara, ha mandado al yerno de [Carlos] Fabra [Juan José Güemes] a lanzar exabruptos y se ha presentado como una víctima como tanto le gusta". Si es así, Noya se ha preguntado por qué no ordena una investigación a Granados y por qué no da el visto bueno a una comisión de investigación. Y ha apuntado dos motivos: "O porque son conocedores de lo que sucede o porque temen las consecuencias de la investigación. Por eso lo llevan a la Justicia con la esperanza de que amaine el temporal, pero parece que el temporal cobra mas fuerza". "Quien algo teme, algo debe", ha añadido para lanzar nueve preguntas al consejero: por qué no investiga "con su batallón de asesores" lo que está pasando, si piensa desmantelar la "estructura paralela" de vigilancia de su departamento, quién ordena los seguimientos, cómo se financian, organizó el espionaje o tiene algo que ver, lo sabía Aguirre, con qué medios cuentan, cuáles son sus retribuciones y si van a permitir la comisión de investigación.

A su juicio, la situación es tan grave que impide el normal funcionamiento del Ejecutivo de Aguirre, que ha descrito como "agotado, en crisis, degradado", razones por las que ha reclamado unas "dimisiones o ceses", que "en cualquier país democrático ya se habrían producido" por responsabilidad política en los hechos, por conocernos o no conocerlos, por acción o por omisión". "¿Piensa dimitir?", ha concluido, a lo que Granados a respondiendo que, si cada vez que la oposición pide dimisiones de consejeros las hubiera, "el banco azul estaría vacío". Granados se ha puesto a "disposición de cualquier comisión de investigación que la Asamblea plantee", ha asegurado tener una "absoluta tranquilidad" en este asunto, ha relativizado la "alarma social" que puede estar generando el caso y ha reclamado "prudencia" a la oposición, a la que ha pedido que respete la presunción de inocencia.