La Fiscalía pedirá la libertad bajo fianza para los 10 implicados en el 'caso Guateque'

La Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid solicitará mañana la puesta en libertad de los diez encarcelados en el caso Guateque bajo fianzas de 60.000 euros para los funcionarios y de 100.000 para los intermediarios. El Ministerio Público sustenta su decisión en que no hay riesgo de que puedan destruir pruebas ni entorpecer la investigación dirigida por el juez Santiago Torres, una vez levantado el secreto de la totalidad de las diligencias.

Esta mañana ha declarado ante el juez como imputado el viceconsejero madrileño de Transportes, Luis Armada, que estaba citado al mediodía. Tres cuartos de hora ha durado la comparecencia, tras la cual el magistrado no ha adoptado ninguna medida cautelar. En los pasillos del Juzgado de Instrucción 32 de Plaza de Castilla, Armada ha asegurado que no tiene nada que ver con la trama de corruptelas montada en torno a las licencias municipales y que las más de 36.000 licencias que otorgó cuando era gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, entre 1997 y 2003, "son todas impecables".

"Ninguna irregularidad"

Armada ha manifestado que el juez le ha interrogado sobre dos licencias en concreto: "la del hotel Pío XII" -en referencia a un establecimiento hotelero situado en esta calle del distrito de Chamartín, cuya licencia fue otorgada en 1998- y la de unas obras realizadas en el sótano de un palacete familiar de la calle de La Bola número 9. Se trata de un edificio protegido de principios del siglo XX, donde el propio Armada estaba empadronado. Armada ha precisado que la citación corresponde a dos denuncias, la del hotel presentada por Manos Limpias y la de su sótano, por una particular, Margarita Botija.

El viceconsejero del PP ha asegurado que las obras en su casa las realizó su padre en 1976 y se ha mostrado convencido de su inocencia. "He entregado al juez toda la documentación y la licencia de obras del año 76", ha añadido. Preguntado por la posible existencia de alguna irregularidad, ha respondido: "No, en absoluto, ninguna, como en el resto de las 36.000 licencias que tramité". Horas antes, el consejero madrileño de la Presidencia, Francisco Granados, ha acudido a las puertas del juzgado para apoyar a Armada. Granados, que no estaba acompañado del imputado, ha declarado que venía a mostrar "el afecto, el cariño y solidaridad" del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la "seguridad de que, sin ninguna duda, se va a aclarar todo".

"Pongo la mano en el fuego por él", ha dicho Granados, repitiendo las palabras que ya pronunció Esperanza Aguirre al hablar de la citación de su alto cargo en el caso y que ha repetido hoy. Desde Getxo (Vizcaya), Aguirre ha dicho que pone "la mano en el fuego" por Armada, se ha mostrado convencida de que éste "lo aclarará todo" y ha recordado que su imputación de Armada "es como consecuencia de su cargo anterior como gerente de Urbanismo", por lo que "nada tiene que ver con el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Lo de su casa, "una broma"

En este sentido, el secretario general del PP de Madrid ha rechazado cualquier implicación política en la presunta trama de corrupción en el Consistorio."El caso Guateque se circunscribe a los funcionarios", ha reiterado. "Él [Armada] está muy tranquilo porque todo se va a aclarar", ha manifestado. Preguntado por si veía algún "interés perverso" en la citación, ha contestado que no. "El juez quiere aclarar y depurar cualquier responsabilidad en el caso. Lo que debe haber más bien es una denuncia de alguien con antecedentes poco recomendables [en referencia a Margarita Botijo]", ha subrayado.

Es más, Granados se ha mostrado convencido de que "el juez el ha traído como imputado para que tenga más garantías procesales". Para Granados, las obras en su casa y la licencia del hotel son "dos asuntos perfectamente explicables", el primero, incluso, "de broma". Además de Armada, el titular del Juzgado de Instrucción 32 interrogará de nuevo a Óscar Acero, jefe de la Unidad Técnica de Licencia de la Gerencia de Urbanismo. Acero ya declaró en la primera fase como imputado, saliendo libre del Juzgado. También comparecerán Manuel Cid, funcionario de Disciplina Urbanística, y Ángel Alzaga, del Área de Medio Ambiente.